Escala de Grises - Grietas en el sistema

El 6 de junio está cada vez más cerca, lo que implica que tendrán lugar las elecciones más importantes en la historia de México. Además de las 15 gubernaturas que están en juego, también se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 más por representación proporcional. Durante estos meses de campaña, además de la acostumbra polémica entre las personas que aspiran a ocupar un cargo de representación pública, México también se enfrenta a uno de los problemas más graves de los últimos años.

Los resultados todavía no se dan a conocer, pero ya es un hecho que la democracia en este país, a pesar de lo que diga el presidente, sigue en peligro. De acuerdo con un monitoreo de Etellekt, una consultoría en comunicación y gestión de riesgos, del día 7 de septiembre al 13 de mayo han sido asesinados 83 personas dedicadas a la política.

En la mayor parte del país, a excepción de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nayarit, Tlaxcala y la Ciudad de México, por lo menos una persona aspirante a ocupar un lugar en la toma de decisiones fue privada de la vida. 25 de 32 de ellas competían por puestos municipales: 21 por alcaldías y 6 por regidurías. El 89% de estas personas pertenecía a la oposición de los gobiernos en turno y 12 de las 83 personas asesinados eran mujeres.

Bajo esta misma línea, Datalnt realizó un registro respecto a la cantidad de asesinatos por estado del 20 al 13 de mayo. Veracruz ocupa el primer lugar con 12, le sigue Guanajuato con 12 y Oaxaca con 8. Morelos es el número once de la lista y, hasta el momento, acumula el asesinato de tres personas políticas.

Abel Murrieta Gutiérrez, exprocurador de Sonora y candidato a la alcaldía de Cajeme en Ciudad Obregón fue asesinado el pasado 13 de mayo. El exfuncionario formaba parte de las filas de Movimiento Ciudadano y, de acuerdo con las primeras investigaciones, Murrieta fue atacado con diez disparos cuando se encontraba en un acto de pantalla.

A pesar de las condenas enérgicas por parte de figuras como Olga Sánchez Cordero, estos crímenes en contra de los derechos humanos continúan impunes. Este es el país en el que vivimos. Independientemente de las preferencias políticas o de la opinión que le merezca cada una de esas personas, su asesinato representa más de un problema estructural no solo en lo que respecta a las elecciones, sino a las instituciones.

83 personas fueron asesinadas en tan solo ocho meses por querer formar parte de la vida pública y las elecciones continúan, el “fortalecimiento de la democracia” por parte del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue siendo un recurso utilizado en cada discurso que no tiene fondo.

La impunidad en estos acontecimientos también es una muestra de las grietas [gigantescas] en el sistema de justicia y ni hablemos de los mecanismos de protección que deberían implementarse independientemente de si nos encontramos en época electoral o no.

Ahora, esta también es una muestra del incremento de la violencia en el país y de lo sencillo que podría parecer manipular un sistema que lleva años dañado, roto, sin control alguno. Los ojos de Latinoamérica y de otros países alrededor del mundo están puestos en el país, pues además de ser uno de los procesos más importantes, también se realiza en condiciones extraordinarias, como la actual pandemia por Covid-19. Esta serie de asesinatos está ocurriendo en un momento histórico para el país y parece no estar significando mayor problema para las instituciones, para los estados de la República involucrados y, por supuesto, mucho menos para las autoridades a nivel federal.

¿Qué necesitan estas personas para dimensionar la gravedad del asunto? ¿Qué más debe suceder para comprender que la democracia y la seguridad en el país y las personas que lo conforman está cada vez más lejos de volverse tangible? Si eso pasa con aquellas personas que están al frente de sus comunidades y con la opinión pública enfocándose en ellas, ¿qué pasa con todas las otras personas que son asesinadas y no forman parte de la vida política del país (una de las esferas con más poder)?

En 1994, el asesinato de un candidato a la presidencia marcó la historia de una nación y se convirtió en uno de los hechos más polémicos del gobierno en turno. ¿Ocurrirá lo mismo con cada una de las 83 personas que han sido víctimas de asesinato?

Resulta un tanto ilógico que existan tantas reglas por parte de las casas de la democracia (INE y TEPJF) para poder participar en las elecciones, que se desarrollen una serie de especificaciones minuciosas y que sus decisiones sean consideradas como “inapelables” cuando las personas que buscan competir por los puestos que están vigilados con recelo son asesinadas durante el proceso.

Más allá de las campañas:

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