Escala de Grises - Borrar las huellas
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos 
Luego de ocho años de investigar el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su último informe el martes 25 de julio, en la Ciudad de México. Los resultados de sus investigaciones, una vez más, señalan al Ejército como presunto responsable de lo ocurrido.
Las acusaciones se dieron con base en el mapeo de los movimientos realizados por los militares presentes durante el 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde traslados hasta la comunicación con otras figuras involucradas, con este proceso se pudo comprobar la falsedad de algunas declaraciones realizadas por las autoridades, además del involucramiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el Ejército y la misma policía; mismos que tenían el control absoluto de los movimientos de los normalistas.
Esto, de acuerdo con los expertos, es una prueba irrefutable de la participación en el ataque contra los estudiantes y, por supuesto, de la omisión de las autoridades y la impunidad que ha protegido a los culpables desde entonces. Tal como se aseguraba hace poco menos de nueve años, el Estado es responsable del ataque.
Respecto a la versión que se difundió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI aseguró que todo se trató de una mentira histórica, un montaje para ocultar el hallazgo de restos humanos que no han vuelto a aparecer y que, evidentemente, no fueron analizados como especifica la ley.
Por su parte, el Ejército no tuvo la mínima intención de colaborar y prefirió ocultar información, así como documentos que pudieron ayudar a la investigación o la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las omisiones son claras, pero ni el mismo Andrés Manuel López Obrador ha hecho algo para remediarlas.
Como si el silencio no fuera suficiente, los crímenes que rodean el caso Ayotzinapa también han encendido los focos rojos en materia de justicia; especialmente la muerte de 26 personas que pudieron estar implicados en la desaparición de los estudiantes. ¿Coincidencia? El GIEI asegura que no.
A pesar de casi 9 años, múltiples declaraciones por parte de las autoridades e investigaciones como las del GIEI (que apuntan al Ejército), las preguntas alrededor del caso siguen sin responderse. ¿Quién ordenó el ataque? ¿Cuáles fueron los movimientos que realizaron durante esa madrugada y los días o años siguientes? ¿Quiénes son los responsables? Y la más importante: ¿en dónde están los estudiantes desaparecidos?
Las respuestas parecen estar cada vez más distantes y las personas involucradas cada vez más impunes. Las evidencias respecto a los nexos del Estado con los grupos criminales y la participación de ambos en el caso Ayotzinapa son innegables y, aún así, el Estado continúa sin hacerse responsable de lo ocurrido, sin involucrarse en lo más mínimo, siquiera.
Ahora, a pesar de que este es un problema que no puede reducirse al presente sexenio, las conclusiones del GIEI son también una muestra de la incapacidad que tiene el presente gobierno para garantizar la justicia que tanto les prometió a las familias de los estudiantes desaparecidos.
Para hablar de la violencia que existe alrededor del caso Ayotzinapa, no debemos contemplar únicamente el ataque y la desaparición forzada de los normalistas. En el recuento de los daños es indispensable considerar la participación y las omisiones de un Estado que no se cansa de escribir las palabras negligencia e impunidad en su historia; a pesar de sus múltiples intentos por ocultar la verdad.
A pesar de sus intentos por borrar las huellas que demuestran su culpabilidad, las investigaciones recientes corroboran los nexos entre las autoridades y la delincuencia, la violencia dentro de cada nivel de gobierno y las mentiras disfrazadas de “verdad histórica”. Y, sin embargo, las posibilidades de encontrar pistas o algún indicio respecto al paradero de los estudiantes o el hallazgo de sus restos continúan siendo mínimas.
¿Qué queda por hacer, entonces? ¿Cuáles son las alternativas en un país en el que la cifra de personas desaparecidas supera las 111 mil? ¿Con qué palabras se pretende consolar a las familias de los normalistas? La lista de interrogantes sigue extendiéndose y, tal vez, esa debería ser la señal para que el Estado y sus representantes hicieran pública una verdad necesaria e indispensable para poder empezar a hacer justicia.
La lucha sigue:
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