De espías y espiados. Morelos en la DFS.

Solo la policía del pensamiento leería lo que él hubiera escrito antes de hacer que esas líneas desaparecieran incluso, de la memoria.

George Orwell

En la década de los años sesenta del siglo XX, Morelos vivió una experiencia ejemplar de movilización social. Muchos de sus habitantes se manifestaban pública y abiertamente por una serie de reivindicaciones sociales y políticas relacionadas casi siempre con la problemática de la tenencia de la tierra. Todos los “revoltosos” fueron espiados, y sus expedientes se encuentran en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad.

Aun cuando el eje de las diputas en el estado era la tenencia de la tierra, los problemas no eran solo de campesinos. La incipiente industrialización que caracterizó a esa época llevó a ser parte de la lucha agraria a otro personaje que llegó para quedarse: el empresario de la industria inmobiliaria.

Los miembros de la clase empresarial habían descubierto que la tierra morelense proporcionaba otro tipo de satisfactores, el del esparcimiento que dan los fraccionamientos de lujo y los campos de golf.  La década de los años sesenta es precisamente la etapa de inicio de la transición del Morelos rural y campesino que buscaba abrir paso a una entidad eminentemente recreativa.

Según reportes encontrados en los archivos de la DFS, en 1962 a la par que organizaciones sociales y de izquierda, de comuneros, ejidatarios y estudiantes que reivindicaban actos de justicia para la población mayoritaria, los empresarios de la industria inmobiliaria exigían al gobierno tierra para fraccionar y solución legal para regularizar extensiones territoriales que habían adquirido de manera ilegal y fraudulenta. Para ello conformaban agrupaciones y daban “la lucha” de manera corporativa”.

Por raro que parezca, en ese año, la Agrupación Pro-Iniciativa Privada de Morelos promovió la organización de los empresarios del estado para reclamar al gobierno la solución a problemas de “propiedad raíz, de agua, de industria y comercio, de turismo. Igual que los de comuneros de Ahuatepec y de Tepoztlán, que los de Acapantzingo, Tlayacapan y Tlayecac, que los habitantes del núcleo urbano de Cuernavaca, igual que los de Tejalpa, los de Zacatepec y de los jaramillistas, los neolatifundistas se organizaron. De igual manera fueron expiados.

Así, el aparato “de inteligencia” del gobierno de Morelos encabezada por el entonces Procurador de justicia, Felipe Güemes Salgado esbozó el perfil de cada uno de los integrantes de la asociación en un reporte enviado al secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz.

Del presidente de la organización “Pro Iniciativa Privada”, Manuel Mariscal el reporte del Procurador Felipe Güemes al secretario Díaz Ordaz afirmaba: “(es) Uno de los propietarios de Cementos Moctezuma, ubicada en el municipio de Jiutepec, Mor., que en unión de Raúl Iragorri, co-propietario y distribuidor de los mismos productos, se caracterizaron por su labor de agitación y deseos de figurar en política, teniendo ambos pésima opinión popular de la forma que han hecho su fortuna.

Del secretario de la agrupación, Mario Estrada, decía: “dueño de fraccionamientos de lujo que no han cumplido con los requisitos de la Ley. Inconforme por naturaleza “los habitantes de Cuernavaca saben que su finado padre y él se hicieron de forma ilegal de muchos terrenos. Nunca quiere ajustar sus actos a los ordenamientos legales”.

De uno de los vocales, “Angel Cházaro Lagos: es el concesionario para el manejo del alcohol en el estado. Preside actualmente la Cámara Nacional de Comercio de Cuernavaca. No es persona sincera”. De otros personajes, el reporte señala atributos como “es conocida su vida inmoral”, “es un borracho peligroso”, “ha estado en la cárcel varias veces”, y ni se diga el informe que hacía alusión al hotelero  Seymur L. Ruben de quien lo menos que se escribió fue la sospecha de que fuera “policía o espía”.

En 1962 esta agrupación había amenazado al gobierno del estado con unirse a las protestas masivas que por demandas sociales se estaban realizando en Morelos. Concretamente los empresarios amenazaron con boicotear el informe del Gobernador del estado en el que se esperaba la participación de un alto representante del Ejecutivo federal, así como protestas masivas por diversos problemas como el alza de las tarifas del agua potable y por supuesto contra el incremento al impuesto predial.

Es obvio que el espionaje estaba en el ADN del régimen. Era en palabras de Orwell: la policía del pensamiento.