Breves de Abogados y Políticos - CERT: El final está cerca

La Titular de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Mónica Isabel Loyde García, se encuentra a un paso de ser procesada penalmente en el ámbito federal y ni siquiera podrá salvarla su padrino, el ex diputado local y actual secretario de Desarrollo Sustentable, José Luis Galindo Cortés.

Además, se llevará entre “las patas” a otros tres funcionarios de la dependencia: Darío Vanegas Reyna, Subdirector de Administración y de Recursos Financieros y Oficio; Santiago Hernández Pérez, subdirector Jurídico y de Escrituración y Esli Amaraini Cárdenas Rodríguez, Directora Operativa de Estrategias Territoriales. Ellos pueden salvar su pellejo si deciden darle la espalda y “cantar” -ministerialmente- que su jefa los coaccionó para participar en una trama fraudulenta, esto para presentar informe falso ante la justicia federal.

Lo que comenzó como un capricho, creció como bola de nieve y sólo porque el Juzgado Tercero de Distrito está de vacaciones (hasta el primero de enero de 2024), la susodicha podrá pasar tranquilamente la navidad y año nuevo. Pero regresando, vendrá el sobresalto, pues el titular del mismo, Óscar Alejandro López Cruz, podría dar Vista al Ministerio Público Federal adscrito, por haber incurrido en el delito previsto en la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, mismo que se refiere al informe falso rendido en el juicio fundamental y que se castiga con “pena de tres a nueve años de prisión; multa de cincuenta a quinientos días y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.”

Y es que pretender engañar a un juzgado federal tiene graves consecuencias. Y eso le valió a Mónica Isabel Loyde García, quien por un capricho negó tener los oficios 0278 y 0279 (del año 2022), que ella misma firmó, esto cuando se le requirieron por parte del Juez Tercero de Distrito.

Así, llegó al extremo de alterar y duplicar la nomenclatura con esos mismos folios (les quitó el cero) e hizo unos oficios nuevos en donde participan los mencionados Darío Vanegas Reyna, Subdirector de Administración y de Recursos Financieros y Oficio; Santiago Hernández Pérez, subdirector Jurídico y de Escrituración y Esli Amaraini Cárdenas Rodríguez, Directora Operativa de Estrategias Territoriales.

Cuando el juez de Distrito obtuvo por vía de una distinta autoridad (el Congreso del Estado, pues los documentos auténticos son constancias de servicios para obtener jubilación), es donde quedó demostrado el informe falso rendido por Mónica Isabel Loyde García. Ahora se ha pedido la intervención del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado, para que, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en contra de dicha servidora pública y sus cómplices.

Existe mucha improvisación en la administración pública. Se supone que Mónica Isabel Loyde García es licenciada en derecho y por lo mismo debe saber que no se puede engañar de esta forma a un juez federal. No se pueden duplicar folios, pues existe una Ley de Archivos y además en la burocracia se usan minutarios y que existen procedimientos para el resguardo de la documentación original que expiden las dependencias, en una matriz de la dependencia pública. Es absurdo hacer copartícipes del fraude a otros servidores públicos -que ni vela tienen en el entierro-, pues cualquiera de ellos se convierte en un delator en potencia y puede hundir a quien es su superior, si su pellejo está en riesgo.

En este caso, que tiene en aprietos a los directivos de la CERT, el juzgado agotó las formas para la obtención de las constancias que siempre negó tener la cuestionada funcionaria, en este caso, requiriendo copia certificada de los oficios originales a la Comisión del Trabajo del Congreso del Estado, quien se los remitió.

La funcionaria siempre argumentó que “realizó una búsqueda minuciosa en los documentos a su resguardo” y nunca los encontró. Pretendía fastidiar a la quejosa del amparo, pero nunca nadie llegó a suponer que llegaría al extremo de la falsificación de nuevos oficios y menos que involucrara a personal subordinado.

Así, a los oficios 0278 y 0279, le quitó el cero, les cambió la fecha y suprimió las letras DG (Dirección General), firmando los mismos Darío Vanegas Reyna, Subdirector de Administración y de Recursos Financieros y recibiéndolos Santiago Hernández Pérez, subdirector Jurídico y de Escrituración y Esli Amaraini Cárdenas Rodríguez, Directora Operativa de Estrategias Territoriales.