Escala de Grises - Legítima defensa

A mediados de 2021, Roxana Ruiz, mujer indígena originaria de Oaxaca y madre de un niño de tres años, salió de trabajar y accedió a ir por una cerveza con sus compañeras. Al despedirse, la joven se encontró con un hombre que había visto en algunas ocasiones. Él se ofreció a acompañarla a su casa y así ocurrió.

Sin embargo, al llegar al inmueble ubicado en el Estado de México, el hombre en cuestión se negó a irse. Bajo el argumento de que su casa estaba muy lejos, el hombre solicitó a Roxana poder quedarse a dormir. De acuerdo con su testimonio y la información difundida por el diario El País, ella accedió.

Esa misma noche, Roxana fue agredida. El sujeto en cuestión la golpeó, le quitó la ropa y la violó. En un forcejeo, la mujer de entonces 21 años le dio un golpe en la nariz y él la amenazó con matarla. A partir de ese momento, Roxana enfocó toda su energía en sobrevivir.

Mientras su agresor estaba distraído, ella tomó una playera y lo asfixió: “No quería que lastimara a nadie más”, sentenció. La policía de Nezahualcóyotl localizó a Roxana y la interrogó respecto a lo sucedido. Tras narrar su experiencia, la joven no fue remitida con las autoridades pertinentes para realizarle las pruebas correspondientes a una agresión sexual de tal magnitud.

Según su testimonio, ni siquiera le tomaron fotografías y no tomaron en cuenta su declaración. Acusada de homicidio, Roxana Ruiz fue enviada a prisión preventiva el 9 de mayo de 2021. Después de nueve meses en el penal Bordo de Xochiaca, en febrero de 2022, la mujer indígena pudo enfrentar su proceso en libertad.

Ruíz fue acusada por la familia de su agresor y el Ministerio Público por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa. A lo largo del proceso judicial, la joven debió acatar tres medidas: no salir del EdoMex, no acercarse al lugar de los hechos y acudir a firmar a los juzgados del penal de forma periódica.

Dos años después de haber sido encarcelada, Roxana Ruiz fue condenada por homicidio. La mujer de ahora 23 años enfrentará una pena de seis años y dos meses en prisión, debido a un “uso excesivo de la legítima defensa”. De acuerdo con Mónica Palomino, jueza del Poder Judicial del Estado de México,  un golpe en la cabeza era suficiente para evitar que le hicieran más daño.

La audacia. Como si ser víctima de una agresión sexual e intento de feminicidio no fuera suficiente, como si las omisiones por parte del sistema de justicia mexiquense no representaran una parte fundamental del problema, ahora Roxana se enfrenta a los comentarios por parte de autoridades que creen saber cuál era la “forma correcta” de defenderse.

¿Por qué no hablamos sobre las acciones que hubieran resultado “suficientes” para garantizar la integridad de Roxana y de las mujeres que viven en el Estado de México, una de las entidades con más índices de violencia de género? ¿Por qué no hablamos sobre la alerta por feminicidios y la alerta por desapariciones que el municipio de Nezahualcóyotl tiene desde el 2015 y el 2018, respectivamente?

Resulta muy sencillo pensar en que un golpe en la cabeza, un grito de auxilio o cualquier otra acción que se le ocurra hubiera bastado. La realidad, como siempre le digo, es abismalmente distinta. ¿Por qué  [en lugar de sugerir medidas adecuadas o suficientes para que las mujeres se defiendan de agresiones que les cuestan la vida] las autoridades no invierten sus esfuerzos y recursos en salvaguardar la vida de mujeres, niñas y adolescentes?

¿Por qué no hablamos sobre la inexistencia de perspectiva de género que existe en las Fiscalías, Ministerios Públicos y personal de seguridad a nivel nacional? La violencia a la que se enfrentan las mujeres es estructural y sistemática. Se reproduce en cada aspecto de la vida cotidiana, lo que también implica que está presente en el acceso a la justicia.

Basta escuchar las declaraciones de Roxana para darnos cuenta de que lo único que hizo fue defender y salvaguardar su vida; algo que el Estado fue incapaz de hacer por ella. Las irregularidades en el caso de Ruíz se han registrado a lo largo de los últimos años, además de las omisiones en el protocolo, también está la falta de un traductor indígena al inicio del proceso, entre otras violaciones a los derechos humanos.

La situación es evidente. Pensemos en el caso contrario. ¿Qué hubiera pasado si Roxana no se defendía y era una víctima más de feminicidio? ¿Su agresor hubiera sido encarcelado y sentenciado en el mismo periodo? ¿El agresor hubiera sido identificado, por lo menos? La impunidad en el 98% de los casos de feminicidio y violencia en contra de las mujeres nos indica la respuesta.

La definición de justicia que aparece en los libros no basta para interpretar lo que ocurre todos los días en México. Por ello es indispensable considerar que la teoría no siempre tiene las respuestas, hay que dar espacio a la interpretación. El contexto importa, no sólo en el caso particular de Roxana, sino también el que se vive en nuestro país, donde casi 11 mujeres son asesinadas todos los días y la violencia de género sigue a la alza.

Justicia para Roxana:

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