Serpientes y escaleras - La tormenta perfecta

En opinión de Eolo Pacheco

Serpientes y escaleras - La tormenta perfecta

Estamos frente al cierre de sexenio más complejo de las últimas dos décadas. Y lo peor vendrá en el séptimo año.

 

La tormenta perfecta

La administración de Cuauhtémoc Blanco entró en fase de conclusión y los nubarrones están a la vista desde hace ya varios meses; el cierre de sexenio será uno de los más complejos de la historia reciente, producto en buena medida de la manera como el futbolista ha ejercido el poder. Con frentes abiertos en el congreso, en las fiscalías estatales, en la comisión de derechos humanos y en el poder judicial, las condiciones políticas generan la tormenta perfecta para un hombre que sigue sin dimensionar el tamaño del problema que se avecina. Si el gobernador no reacciona, la protección del presidente López Obrador será insuficiente para contener el embate de sus enemigos.

Durante cinco años el manto protector del gobierno federal ha servido como blindaje para el jefe del ejecutivo morelense; varias demandas en su contra se han interpuesto en diferentes instancias, pero todas las que se han iniciado en el ámbito federal duermen el sueño de los justos por orden presidencial. Eso no significa que las denuncias y carpetas de investigación se hayan desechado, las investigaciones continúan, pero nada se moverá hasta que exista una autorización expresa para ello.

Entendamos algo: México es un país presidencialista en donde las decisiones las toma una sola persona. Reitero: expedientes como el del Caso Primavera y otros similares en donde aparecen los mismos personajes, continúan vivos y sumando pruebas que se aportan desde diferentes instancias, entre ellas la Secretaría de Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Gobernación. Nada pasará hasta que alguien lo autorice.

Cuauhtémoc Blanco es un soldado del presidente y un activo de Morena, por ello ninguna acusación en su contra ha procedido y siempre ha habido una defensa institucional desde el gobierno federal. Veamos las cosas más allá de Morelos: a lo largo del sexenio ha sido el propio Andrés Manuel López Obrador quien se ha encargado de defender a todos los gobernadores del país sin distingo de siglas; la razón de esta postura es comprensible: el presidente no quiere ingobernabilidad y prefiere que los mandatarios le deban el favor, más aún cuando se trata de un gobernante amigo, como el caso del futbolista.

Lo que debe medir el ejecutivo morelense, empero, es que el ciclo de gobierno estatal y federal está concluyendo y todos los asuntos que se han acumulado en su contra pueden revivir, porque no importa quien asuma la presidencia de la república en el 2024, la protección presidencial ya no será la misma, ni tendrá fuero que le proteja. Pero sus enemigos continuarán ahí.

La amenaza del congreso local de iniciar un proceso de juicio político en su contra no es cosa menor, aunque así lo observa el gobernador; con quince de veinte legisladores en su contra lo que viene es predecible, porque como el nombre lo señala se trata de un “juicio político” que se valorará políticamente por un grupo de personas que odian al gobernador, que apuestan por removerlo del cargo y tienen todos los elementos para hacerlo.

A menos que el gobierno federal intervenga de alguna manera y logre romper el bloque de quince legisladores, Cuauhtémoc Blanco puede tener los días contados; al interior del poder legislativo el bloque opositor tiene los votos suficientes para que la denuncia proceda, para renovar al poder judicial y para lograr la mayoría que se requiere para que en el TSJ la historia continúe y el gobernador sea sentenciado.

A simple vista parece que Cuauhtémoc Blanco Bravo no ha dimensionado el tamaño del problema que enfrenta y las implicaciones de ello; confiar a ciegas en el apoyo presidencial es una apuesta sumamente peligrosa, porque la tormenta que se avecina en el estado está más allá del alcance del gobierno federal: nació, crece y puede desarrollarse hasta su conclusión en instancias locales a las que el presidente no tiene acceso, ni capacidad de incidir, al menos por los caminos ortodoxos.

La crisis que agobia a la administración estatal no es casual, ni producto solo de diferencias políticas, como lo ha afirmado el futbolista; el panorama de cierre de sexenio es una mezcla de muchas circunstancias, incluyendo la actitud beligerante de un hombre que durante cinco años se enfrentó con muchas personas y lastimó a muchos más por la simple razón de que podía hacerlo. Veamos uno de los últimos casos: el G15 es un bloque opositor que se creó a partir de una acción directa del gobernador contra los diputados del PAN; todo estaba listo para que los panistas se sumaran al bloque institucional, pero en un arranque de ira el ejecutivo echó a la basura el trabajo político de su equipo. Hoy vemos las consecuencias.

En política como en la vida el hubiera no existe; lo tangible es que hoy el gobernador y su equipo deben trabajar con lo que hay y deben prevenir lo que viene; la ventaja que les concede el manejo del gobierno estatal y el apoyo presidencial ya no es suficiente para mantener la gobernabilidad, ni para garantizar que Cuauhtémoc Blanco concluirá su mandato; menos aún para suponer que cuando arranque el juicio político las cosas se podrán contener.

Cuauhtémoc Blanco, Ulises Bravo, Edgar Riuo Pérez, Christian Carmona y Efrén Hernández deberían ser los más interesados en generar mejores condiciones para un cierre de administración menos turbulento; ellos (y otros) están siendo investigados y todos podrían vivir momentos complejos después del 2024, si la siguiente administración deja de frenar las denuncias. Deben atender el escenario actual, trabajar en un cierre de sexenio con menos enemigos y sin tantos frentes abiertos. Queda claro que la relación con el congreso local está rota y resulta imposible recomponerla, pero deberían intentar al menos, evitar que el bloque opositor camine con tanta libertad y construya un andamiaje legal para actuar jurídicamente contra la actual administración.

Antes de pensar en dejar un sucesor en el cargo, situación que cada vez parece más lejana dada la crisis política de la que hablamos, el mandatario debería apostar por la reconciliación, por la construcción de puentes de diálogo y acuerdo que eviten lo que en este momento parece inminente. El tiempo ha dejado de estar del lado del gobernador y la percepción pública también se ha puesto en su contra a pesar del titánico esfuerzo que ha hecho a lo largo de cinco años su jefatura de prensa para contener las crisis que se gestan siempre en las mismas oficinas.

A esta altura del sexenio y luego de observarlo de cerca durante ocho años, a nadie en Morelos le queda dura que Cuauhtémoc Blanco es “fajador”, que no se intimida ante las amenazas y siguiendo la línea del presidente Andrés Manuel López Obrador es incapaz de aceptar que se equivocó. Ahora hay que analizar los resultados de esta política, lo que el gobierno y su titular han logrado por ese camino y sobre todo, lo que se puede venir cuando ya no tengan el poder.

Pelear es un camino fácil y recurrente en la política morelense, sobre todo en los últimos veinte años; en todos los casos este tipo de estrategias no han derivado en nada bueno y casi siempre terminan en tragedias personales con altísimos costos para la sociedad.

Remontar el marcador es imposible a esta altura del sexenio. Lo que sí es posible, siempre es posible, apostar por la conciliación para protegerse del vendaval que vendrá después del 2024. O antes.

·         posdata

El intento del congreso local de renovar casi en su totalidad al Poder Judicial de Morelos es inédito y se enmarca en el duelo de poder que los legisladores tienen con el gobernador Cuauhtémoc Blanco; la oferta de un retiro voluntario para cualquier magistrado que acepte dejar su espacio tiene connotaciones evidentemente políticas y carece de sustento. Explico:

Los magistrados que opten por el retiro voluntario que propone el congreso recibirán los beneficios anticipados de todos los años que le restan a su encargo, es decir, les pagarían desde ahora sin trabajar lo que deberían percibir a lo largo de todo su periodo trabajando, amen que conservarían todos los beneficios implícitos y recibirían la remuneración de por vida.

¿Por qué? Simple: porque de esa manera el G15 podría nombrar a los magistrados que quisiera, obviamente figuras afines a su proyecto político que estarían en la misma sintonía de ellos en todos los temas de su agenda, empezando por el juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Independientemente del fin político que persiguen los legisladores en su intento de renovar al poder judicial estatal, habrá un enorme impacto económico y operativo: durante años el poder judicial ha vivido dificultades económicas y sorteado reto con insuficiencias presupuestales; abultar los egresos con jubilaciones anticipadas llevaría al TSJ a una nueva crisis. Además está el hecho que una renovación de este tipo implica eliminar experiencia y dar entrada a figuras propuestas por un congreso en donde muchos de sus integrantes están bajo sospecha.

El grado de encono que hay entre los poderes del estado ya rebasó cualquier escenario que hayamos visto en el pasado

·         nota

“Huitzilac es uno de los municipios más seguros de Morelos, lo que pasa es que se exageran las noticias” afirma el alcalde de esa localidad.

¿En serio? ¿Y las denuncias de los lugareños? ¿Y las bandas de secuestradores, de talamontes y de grupos vinculados al narcotráfico? ¿Y los muertos que una semana sí y otra también aparecen tirados en ese municipio? ¿Y las innumerables manifestaciones, reclamos y bloqueos carreteros de los habitantes, reclamando a las autoridades mayor presencia policiaca? ¿Será acaso que Rafael Vargas no vive ahí?

“Estadísticamente Huitzilac es uno de los municipios menos afectados por la inseguridad” reitera el rubicundo personaje.

¿De dónde saca el PRI a este tipo de personajes? ¿Se los habrá recomendado el mismo que a Morena le propuso a Antonio Villalobos?

·         post it

Esto opina el expresidente de la barra de abogados de Morelos, Miguel Ángel Rossete, de la propuesta de Haber de Retiro impulsada por la 55 legislatura:

“La reforma que hizo el congreso en el poder judicial de Morelos es indebida, innecesaria, inmoral e ilegal; pareciera que estamos regresando al modelo fallido del extinto Rosas Pérez, que el tribunal está regresando a los viejos vicios del poder que con mucho esfuerzo se procuraron extinguir, es un modelo fallido enfocado en eternizarse o pretender eternizarse en el cargo… Ante la posibilidad de que habrá dieciséis magistraturas vacantes por el haber del retiro voluntario, considero que hoy la justicia es rehén de la política, es una situación incorrecta, la justicia no debe ser rehén de la política, hoy los morelenses estamos padeciendo esa circunstancia a través de una reforma, cuando existen otros temas urgentes para Morelos y es ahí donde se deberían poner de acuerdo para trabajar en beneficio de los morelenses… La reforma del congreso no es correcta, no es necesaria y atenta contra la democracia de Morelos, atenta contra la economía del poder judicial ¿de dónde van a salir los recursos para el haber del retiro, de los magistrados? ¿Quién tiene acceso a esas pensiones doradas y al beneficio del haber del retiro?... Hay cuatro vacantes, cuatro que en este año acaban su periodo y con la propuesta de la haber del retiro voluntario accederían los magistrados que concluyen en un año, que concluyen en dos años o más, todos accederían a ese beneficio y por su puesto se abrirían espacios para dieciséis magistraturas”

·         redes sociales

Se cumplieron 5 años del triunfo de la 4T en México. Y de Cuauhtémoc en Morelos.

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