Una forma de vida del servicio público
En opinión de Lorena Elizabeth Castillo
Lorena Elizabeth Castillo Castillo 
La adopción y desarrollo de la perspectiva de género en el servicio y las políticas públicas de México ha sido un proceso gradual y en constante evolución, el cual ha transitado por tres etapas esenciales: desde la base jurídica de la Constitución Política de 1917, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 2003 y, en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En otras palabras, hay que recordar, a propósito del 108 aniversario del pasado 5 de febrero que la Constitución Mexicana estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Mientras que en su 86 aniversario se elevó a rango constitucional la Ley que prohíbe la discriminación por motivos de género y, cuatro años después, fue promulgada la mencionada Ley General de acceso a la vida sin violencia.
Estas leyes han significado la adopción de políticas públicas y sus respectivos programas, algunos ejemplos son el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (2001) que promueve la igualdad de género en el ámbito laboral, educativo y político y, en el mismo año, el Instituto Nacional de las Mujeres, organismo rector en materia de igualdad de género en México.
No menos importante es la creación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, implementado en 2013, el cual busca incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y programas de la Administración Pública Federal y adoptadas en las entidades y municipios del país, como es el caso de Cuernavaca a través del Instituto de la Mujer.
En materia de acciones en el servicio público con enfoque de perspectiva de género está la capacitación para servidores públicos en dicha materia y derechos humanos, así como el desarrollo de herramientas y metodologías para incorporar la perspectiva de género en la planificación y evaluación de políticas públicas; prácticas que han sido también incorporadas por la administración municipal capitalina.
Así como la creación de unidades de género en diversas dependencias y entidades de la administración pública de los tres niveles de gobierno, cuyo propósito es promover la igualdad de género y atender las necesidades específicas de las mujeres.
Con los avances logrados desde finales del siglo pasado y en lo que va del presente, se han abierto áreas adicionales de oportunidad en la materia que nos ocupa, desde consolidar la institucionalidad de género y los mecanismos para promover la igualdad de género en el servicio público y las políticas públicas.
Sin embargo, es urgente aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en la implementación de estrategias, así como abordar las brechas de género en áreas vitales como en educación, salud, economía y política de manera que, a partir de lo alcanzado, las políticas públicas con perspectivo de género se conviertan en un hábito político y una forma de vida del servicio público.
