Serpientes y escaleras - ¿Se acabará la corrupción?

Llevamos años hablando de lo mismo, hoy la gobernadora puede poner fin a la impunidad

¿Se acabará la corrupción?

La falta de justicia en casos de corrupción gubernamental ha provocado una sensación de impunidad entre la sociedad que alimenta un profundo sentimiento de frustración y desamparo. Durante su campaña, Margarita González Saravia prometió poner un alto a ello, erradicar las malas prácticas y dar un nuevo sentido a la actuación política; “vamos a dignificar el servicio público”, reiteró a lo largo del proceso electoral. Es tiempo de demostrarlo.

Prometer justicia es un discurso reiterado por los políticos, no importa el partido que represente; los abusos de poder y excesos en el manejo de los recursos públicos son desde hace años una práctica común que, sin embargo, rara vez se castiga porque se hace en complicidad con quienes toman las decisiones y a la vuelta del tiempo se convierte en moneda de cambio entre actores de poder.

A sabiendas de todo lo que habían hecho en el ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco prometió meter a la cárcel a Graco y esa fue su única promesa de campaña; como gobernante insistió que se castigaría a los ladrones y al final colocó esa promesa en un nivel celestial al señalar que “Primero Dios” habría justicia.

El futbolista justificó su falta de actuación con el hecho de que las fiscalías fueron diseñadas por Graco Ramírez y respondían a sus intereses; y no era falso: Uriel Carmona y Juan Salazar fueron nombrados por el perredista con la encomienda de cuidarlo e impedir que cualquier acción en su contra o en contra de sus colaboradores fuera frenada. Y así lo hicieron.

Al crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el exgobernador lo hizo pensando en lo que ocurriría después de que dejara el cargo; la selección de Carmona y Salazar no fue casual, los nombraron por su incondicionalidad y en el caso de Uriel, por su firmeza de carácter. En lo que corresponde a las dependencias, además, las dotaron de autonomía, recursos y un formato que volvería muy difícil, casi imposible, que las siguientes legislaturas remplazaran a los titulares.

Por falta de inteligencia y habilidad Cuauhtémoc Blanco y su equipo nunca pudieron resolver el problema de las fiscalías y al darse cuenta que no removerían a sus titulares, entraron a una dinámica distinta. Pasada la primera mitad del sexenio el futbolista dejó de presionar, convivió con ambos fiscales y construyó una relación distante, ríspida, pero en la que ninguno se metía con el otro.

Esta calma chicha fue el elemento que el círculo cercano de cuauhtemistas aprovechó para replicar los actos de corrupción cometidos por sus antecesores; cuando se dieron cuenta que no habría sanción a los corruptos, se replicaron los mismos modelos de negocio y acciones ilícitas cuyo objetivo principal fue enriquecer a los amigos y familiares del gobernador.

Las cosas también cambiaron al interior de las fiscalías: después del enfrentamiento entre Uriel Carmona y la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, la presión hacia el fiscal morelense creció exponencialmente y trastocó su estructura y forma de operar. Aunque Carmona Gándara logró salir de la cárcel y mantenerse en el cargo, perdió fuerza en el congreso, capacidad de operación política y el manejo de al menos la mitad de la fiscalía anticorrupción.

La crisis que envolvió a Uriel Carmona provocó traiciones dentro de su equipo y cambió la manera como se movían las fiscalías; aunque el fiscal mantuvo una buena relación con el bloque de diputados de oposición, públicamente se replegó, dejó de construir escenarios políticos y perdió el control de la FECC. Y ahí las cosas también se fueron de control.

Desde su creación la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue un ente amorfo, con múltiples facultades, independencia, recursos, capacidad de actuación, pero si ética, moral ni lineamientos institucionales. Más que un organismo encargado de combatir la corrupción, la fiscalía se volvió el negocio del fiscal y de sus colaboradores, desde ahí se presionaba a funcionarios y políticos para después buscar arreglos y nunca castigar a nadie.

Muchos son los casos que llegaron a esa dependencia y siguen sin avanzar; el exalcalde de Jiutepec Rafael Reyes documentó la falta de su antecesor Manuel Agüero al haber utilizado de manera irregular el dinero producto del cobro anticipado del impuesto predial y a pesar de que el tema quedó plenamente comprobado, hasta la fecha no ha habido sanción.

Caso similar es el de Antonio Villalobos, sobre quien existen al menos cuarenta denuncias por distintas irregularidades presentadas por el gobierno de José Luis Urióstegui, entre ellas un caso similar al de Jiutepec; a pesar de todo y de que en varios temas la culpabilidad del exalcalde es plena y está comprobada, la FECC ha perdido todos juicios, lo que permite que Villalobos litigue y alargue los asuntos desde la comodidad de su casa, esperando hasta que los delitos prescriban.

En febrero pasado el congreso local destituyó a Uriel Carmona como Fiscal General del Estado y nombró en su lugar a Edgar Maldonado; tres meses más tarde el nuevo titular de la FGE designó a Leonel Díaz Rogel como Fiscal Anticorrupción y con esta designación las dos fiscalías se alinearon al proyecto de la gobernadora Margarita González Saravia.

Los dos personajes son diferentes a sus antecesores, en ambos casos destaca una carrera sobria y un actuar institucional que contrasta con el protagonismo y perversidad de Carmona y Salazar. El punto medular es que los dos responden a los intereses políticos de la gobernadora y desde sus posiciones podrían dar paso a una nueva etapa en el estado, una en donde los intereses personales no se coloquen por encima de la ley.

Dicho con todas sus letras: ya no hay pretexto para que no se aplique la ley a los corruptos, finalmente se desarticuló el andamiaje de impunidad que por varios años protegió al exgobernador Graco Ramírez y a sus colaboradores, pero que también sirvió para que Cuauhtémoc Blanco y su grupo de amigos replicaran los mismos actos de corrupción que prometieron acabar.

Edgar Maldonado y Leonel Díaz son abogados serios, institucionales, respetuosos de la investidura de la jefa del ejecutivo, pero también conscientes de que lo que hagan al frente de las fiscalías los marcará de por vida. En ninguno de los dos se observan historias vergonzosas como en el caso de Uriel Carmona o Juan Salazar, ni tampoco se les identifica como personajes ambiciosos, proclives a la corrupción o dispuestos a proteger la impunidad, aunque se los ordenen.

Visto desde un ángulo optimista el relevo en la FGE y la FECC representa un cambio profundo en la actuación de ambas dependencias, deja atrás la línea de complicidad que marcó el camino de las dos instituciones y acaba con las componendas que han permitido que muchos delincuentes y corruptos puedan seguir tranquilos en las calles a pesar de sus faltas.

Pero también representa un reto enorme para el gobierno, porque ya no se puede poner como pretexto que las fiscalías están en manos contrarias. Ahora cobra relevancia el discurso de Margarita González Saravia y se combina con las múltiples demandas pendientes de judicializar, acciones punibles de conocimiento público que desde hace años se han convertido en exigencia social y que frente a este nuevo escenario, lo menos que se espera es que las autoridades actúen.

Margarita González Saravia prometió acabar frenar la corrupción y acabar con la impunidad. Hoy tiene todos los elementos para hacerlo.

Se acabaron los pretextos para no castigar a los corruptos.

·         posdata

El jaloneo entre integrantes del poder judicial para elegir a su nuevo presidente es intenso; la terna fue avalada por el congreso, pero eso no garantiza que habrá unidad entre magistrados.

Javier Mújica parece tener apoyo institucional para tomar el mando del TSJ; si eso ocurre quien se empoderará en el Poder Judicial será Tania Valentina, quien rescató al abogado del ostracismo y lo hizo magistrado. La diputada Tania Valentina, por cierto, se ha convertido en una crítica frontal y adversaria de Margarita González Saravia.

La gobernadora no tiene un buen escenario en este proceso, su mejor opción es que llegue el menos malo.

·         nota

Las actividades del gobierno federal en Morelos no paran, ahora viene la estrategia Tejedoras de las Patria, un programa creado a iniciativa de la de la Secretaría de las Mujeres cuyo propósito es conformar una red nacional de cien mil mujeres voluntarias que difundan la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

El programa forma parte de las políticas de Bienestar para las mujeres e incluye la construcción de 678 centros LIBRE con una inversión superior a los 754 millones de pesos y la puesta en marcha de la línea 079 (opción 1) para la atención de casos de violencia

Tejedoras de la Patria pretende fortalecer el tejido social femenino, visibilizar las iniciativas locales y garantizar que los derechos de las mujeres lleguen a todos los rincones del país.

Para aterrizar el programa en Morelos se llevó a cabo una conferencia virtual en donde se capacitó a quienes intervendrán en el tema, dejando claro que “No se puede repetir” lo ocurrido en Cuautla durante la última visita de la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Ese evento estaba programado para mujeres jóvenes y fracasó por la incapacidad de la secretaría estatal de la mujer para organizar y convocar, hecho que obligó a diferentes dependencias a entrarle al quite de último momento, con las terribles consecuencias que todos vimos. Lo más grave: se puso en riesgo a la presidenta y a la gobernadora.

Es vergonzoso volverse ejemplo nacional de lo que no debe hacerse, pero es peor que a pesar de los errores tan graves no haya consecuencias.

·         post it

El gabinete de seguridad estatal asestó un fuerte golpe a la delincuencia con la desarticulación de una banda de alto nivel dedicada al robo de autos Honda.

Lo comunicado por la Fiscalía y unas horas antes por la secretaría de Seguridad no es cosa menor, el cateo se llevó a cabo en una residencia ubicada en una zona de lujo en Cuernavaca y ahí, además de dos vehículos de modelo reciente, se encontraron instrumentos que exponen el nivel de sofisticación de este grupo delictivo.

La ruta crítica hacia la pacificación está trazada: detener a los generadores de violencia y desarticular las bandas delictivas.

El reto no es menor y para que se alcance es sustantivo que se acabe la puerta giratoria en el poder judicial. Esto último, por cómo se ven las cosas, no se acabará al menos en el corto plazo.

·         redes sociales

Cuentan en los pasillos de poder que el alcalde Jesús Corona se ha distanciado de la exsenadora Lucía Meza; ¿El motivo? El video donde el presidente municipal aparece al lado de un presunto líder delictivo.

El enojo de la excandidata a la gubernatura, dicen, no gira en torno a la honorabilidad, sino en función del poder que hay en ese municipio.

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