Juego de Manos - Crimen de Estado

Contaba la historia que, en el año 2014, un grupo de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa habrían sido secuestrados y asesinados por el grupo del crimen organizado “Guerreros Unidos”. Sus cuerpos, se decía, habrían sido incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan, en Cocula, estado de Guerrero; así lo cuenta la Verdad Histórica declarada por el Gobierno Federal en 2015.

Esa, hasta hace unos días, fue la verdad reconocida de manera oficial, a partir de la cual se trató de explicar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No obstante, el jueves de la semana pasada el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer una nueva versión que parte de investigaciones de la Comisión para la Verdad y la Justicia, que forma parte de los resultados preliminares de estas nuevas investigaciones. Y sí, hay muchas discrepancias con la que era la historia oficial.

La Verdad Histórica de Ayotzinapa fue divulgada por quien era entonces el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y señalaba que los estudiantes fueron aprehendidos y quemados, bajo la premisa de que se dirigían a realizar un complot en contra de la dirigente del DIF y esposa de quien fuera alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. No obstante, esta nueva información señala que, en primer lugar, los estudiantes fueron secuestrados en grupos separados, para que el deshecho de sus cuerpos se realizara en lugares distintos “Nunca estuvieron juntos los 43 estudiantes en el basurero de Cocula”, aseguró Encinas; y, por otro lado, las víctimas no se dirigían al informe de labores de la funcionaria, sino a la Ciudad de México, a conmemorar el 2 de octubre, fecha que recuerda la masacre de estudiantes en la Plaza de Las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Dicho por el propio Subsecretario de Derechos Humanos, este fue un crimen de Estado en el que participaron autoridades relevantes del nivel Municipal, Estatal Y Federal, en coordinación con miembros del grupo del crimen organizado Guerreros Unidos. Esto es un tema sumamente grave, dado que es una violación a leyes nacionales y tratados internacionales de los que forma parte nuestro país. En voz de Alejandro Encinas:

“La creación de la Verdad Histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes de Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de estado”.

Aquí llaman la atención dos factores: el primero, que asegura la participación del aparato de Estado en coordinación con el crimen organizado, a través de cadenas de coordinación, omisión y encubrimientos. Y un segundo y doloroso señalamiento, que no existe indicio alguno de que los estudiantes desaparecidos se encuentren con vida, sino que todo indica que ellos fueron asesinados y desaparecidos.

Cual serán consecuencias de este caso: se advierte que existen evidencias suficientes para emprender indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas. Al momento en que se escribe esta columna, ya se ha aprendido a Jesús Murillo Karam y, luego de una audiencia de 12 horas, se le ha dictado prisión preventiva por los delitos de desaparición forzada, tortura y acciones en contra la administración de justicia. El exprocurador permanecerá en el Reclusorio Norte.

Por otro lado, en materia internacional, podríamos esperar recomendaciones por parte de organismos de Derechos Humanos y… ya. Finalmente, los Tratados y las Convenciones de las formamos parte no son vinculatorias, sino orientativas (como la gran mayoría de los acuerdos que se firman entre diferentes naciones), por lo que una llamada de atención (como las que ya hemos recibido), podría ser todo. 

La relevancia de este hecho trasciende su carácter mediático. A diferencia de las versiones señalaban paraderos y desenlaces distintos —desde incineraciones clandestinas hasta el reclutamiento de los estudiantes en las Fuerzas Armadas— este nuevo reporte nos brinda información precisa y dura sobre lo que pudo haber ocurrido con estas 43 personas y; aunque este dictamen es poco esperanzador para quienes aún esperaban ver con vida a los normalistas, esto puede servir para dar un cierre a las familias que, 7 años después, siguen buscando claridad y justicia por sus seres queridos.

Por cierto

A todo esto, ¿y Peña Nieto? El expresidente priista estuvo recientemente dentro de la agenda nacional luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunciara por presunto lavado de dinero. Ahora, con la nueva información referente al Caso Ayotzinapa, surge la duda sobre su implicación y, en su caso, posibles sanciones. No obstante, dentro del listado de personas en la mira no se encuentra el expresidente. Habrá que esperar a los resultados finales de la investigación de la Comisión para la Verdad y la Justicia, para tener la información completa acerca de este y otros integrantes de la administración pasada.

Esta historia apenas comienza:

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