Serpientes y escaleras - Revocación de mandato
En opinión de Eolo Pacheco

Cualquier cosa o situación puede influir en la gente al momento de votar.
Revocación de mandato
A un año de la elección y ocho meses de gobierno, Margarita González Saravia confirma que se someterá a revocación de mandato en el 2027. La primera gobernadora de Morelos afirma que ella y su equipo están en constante evaluación y que en unos meses pondrá su permanencia en manos de los morelenses, para que con su voto decidan si continúa o no al frente del ejecutivo. La apuesta es alta.
Entendamos de qué habla la mandataria:
La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana que permite destituir anticipadamente a un servidor público electo (gobernador, diputados locales o federales, presidentes municipales, regidores y síndicos) si necesidad de pasar por un juicio político.
La Revocación de Mandato es un mecanismo de democracia directa que reconoce el derecho de los ciudadanos de retirar la confianza en un servidor público electo; con el 20 por ciento de las firmas de la lista nominal se obliga a las autoridades electorales a convocar a comicios especiales en un plazo de 30 días y en su caso, a que se decrete la separación del cargo. Hoy hablamos de una convocatoria voluntaria hecha por la gobernadora, quien reiteradamente desde su campaña ha ofrecido someterse a este proceso a la mitad de su periodo.
Pero más allá del marco legal, lo de fondo es lo que implica para la gobernadora meterse a una dinámica compleja, que nadie le ha pedido y que obligará al morenismo a hacer un trabajo doble en el 2027. Explico:
En el proceso electoral del 2024 el equipo de Margarita González Saravia aseguraba que su fuerza radicaba en su estructura; y era cierto: ante la ausencia de una base morenista organizada, el equipo de la candidata construyó su propia base y la reforzó con los programas sociales federales, particularmente el de adultos mayores y el de jóvenes.
Pero aunque el objetivo en el caso particular de ella se cumplió, las cifras no fueron parejas, ni buenas para todos: los candidatos federales ganaron, pero 30 de los 36 candidatos a las presidencias municipales perdieron. Eso aquí y en China es un fracaso.
Pasada la elección la gobernadora invitó a su estructura a una comida en el auditorio Teopanzolco y salió molesta de la reunión porque quienes acudieron no eran los mismos que la habían apoyado en la campaña; “¿dónde están los que estuvieron con nosotros?” Reclamó a los organizadores y de ello derivó una reunión con su gabinete para recordarles que los primeros en ser incluidos en el gobierno deberían ser los que se la jugaron con el proyecto.
Pasados varios meses lo que vio Margarita González Saravia en esa comida no ha cambiado: gran parte de los que estuvieron con ella en campaña siguen fuera de su administración, no han recibido ningún tipo de apoyo y los que sí fueron reclutados quedaron jerárquicamente por debajo de quienes se sumaron después del triunfo o hicieron campaña para Lucía Meza.
A un año de la elección es evidente que la estructura que se construyó para la elección del 2024 está dispersa o se ha sumado a equipos municipales. Y es lógico: los que ayudaron en la campaña esperaron por varios meses a ser llamados y nunca ocurrió; entonces tocaron puertas en el ámbito municipal y los cobijaron. Es la misma historia de lo ocurrido con la estructura GxG de Graco Ramírez en el 2012.
La señal más reciente del problema que hay en la estructura local se vio en la elección judicial, donde Morelos quedó en el lugar 22 de 32 con apenas el 11 por ciento de participación de la lista nominal. La meta institucional era hacer ganar a los candidatos incluidos en el acordeón judicial, pero de manera paralela el proceso sirvió como termómetro para evaluar cómo está la estructura morenista en el país. Todos salieron mal, pero a algunos les fue peor.
El once por ciento de votación obtenido en Morelos muestra varias cosas: primero que a un año del proceso electoral la fuerza de la 4T ha mermado; otro punto es que la división en el partido y en el gabinete hizo que pocos participaran en este proceso y la mayoría ajeno al tema.
Desde una perspectiva político-electoral la promesa de la gobernadora de someterse voluntariamente a la revocación de mandato encierra ventajas simbólicas, pero también representa riesgos concretos. “Ha sido un año de tomar decisiones difíciles, pero siempre con la convicción de servir. Gobernar no es un privilegio, es una gran responsabilidad y cada día la asumo con compromiso, humildad y amor por nuestro pueblo”.
Margarita González Saravia está enviando un mensaje de apertura y transparencia que intenta crear una percepción de liderazgo valiente y responsable, reforzado con la idea de que estamos frente a un gobierno dispuesto a rendir cuentas directamente a la población y donde serán los propios ciudadanos quienes valorarán de forma democrática y directa su gestión.
Pero más allá del romanticismo, la revocación de mandato es una herramienta de presión política que la oposición y todos aquellos que no coinciden con el gobierno pueden utilizar para poner en jaque a la gobernadora si ven la posibilidad de hacerlo. El simple anuncio de que se someterá a revocación de mandato hace que los partidos opositores y los 30 municipios que gobiernan inicien desde ahora una estrategia para desacreditar el trabajo del gobierno estatal y debilitar a la gobernadora.
Pensar en ganar la revocación de mandato de manera orgánica, es decir, sin intervención oficial, es inocente, por no llamarlo de otra forma; cuando Andrés Manuel López Obrador se sometió a este proceso lo hizo con el control absoluto de la votación, desplegó un ejército de personas afines, movilizó a todas sus estructuras y destinó cientos de millones de pesos al tema. No ganó por casualidad. ¿Qué va a hacer Margarita González Saravia?
La revocación de mandato no valorará solo la figura de la gobernadora, tomará en consideración a todo su gobierno y los resultados obtenidos a esa fecha, además de aspectos sensibles como la seguridad, la economía, el empleo y el combate a la corrupción.
Si González Saravia se sometiera hoy a revocación de mandato es probable que ganaría sin mayor contratiempo, aunque no de manera arrolladora; el problema es que la votación será en el 2027, cuando la efervescencia política por el proceso electoral intermedio este a tope, los saldos positivos o negativos del gobierno estatal sean tangibles y la oposición opere a todo vapor con sus estructuras pensando en ganar la elección y boicoteando la revocación.
La decisión de someterse voluntariamente a este proceso en 2027 es una apuesta con dividendos simbólicos importantes, pero también con riesgos reales, porque conlleva la posibilidad de convertirse en plebiscito de Morena.
Si se aprovechan las fortalezas actuales, se corrigen los puntos débiles, se ajusta la estrategia y se retoma la estructura de campaña, se puede llegar fortalecido a esa fecha. Pero si se sigue la línea actual y se mantienen las actitudes de los últimos meses, el 2027 será un doble reto: recuperar terreno en los municipios y no perder la revocación de mandato.
Para Margarita González Saravia el objetivo no es ganar la revocación, sino hacerlo de manera contundente para que no se ponga en duda su liderazgo.
Si ya que se decidió ir a la revocación, hay que ganarla de forma arrolladora. ¿Lo pueden hacer?
La presidenta Claudia Sheinbaum y el director del IMSS vendrán este viernes a Morelos; la visita no es solo de cortesía, dicen que habrá trabajo de escritorio y se revisarán varios temas de agenda conjunta, entre ellos el sector salud local.
La secretaría de salud y los servicios de salud de Morelos son un foco rojo en el gobierno de Margarita González Saravia, ahí están ocurriendo cosas delicadas que en cualquier momento pueden generar un problema mayor con repercusiones legales.
El sistema IMSS Bienestar se creó en agosto del 2022 con el objetivo de proporcionar servicios de salud gratuitos y medicamentos a personas sin seguridad social; el programa opera en 23 estados con más de 10,500 centros de salud y 576 hospitales transferidos.
En Morelos el sistema se formalizó en agosto del 2023 bajo la regla de que IMSS Bienestar asumiría la administración de 11 hospitales, 204 centros de salud y toda la infraestructura, personal y recursos del estado.
Y aunque en el papel el proyecto consideraba medidas que evitarían la duplicidad de funciones, en los hechos esto aún no se ha logrado y existe una nómina muy alta que maneja directamente el secretario y que además de generar un gasto innecesario, por la actitud de los funcionarios complica el buen funcionamiento del sistema de salud y por ende, la atención de las personas.
Como si eso no fuera suficiente, a pesar de que las decisiones sobre compras, adquisiciones y contratos de los servicios de salud ya corresponden a IMSS Bienestar, funcionarios cercanos al secretario realizan contratos sin tener ya facultades legales para hacerlo.
Revisar lo que pasa en el sector salud local es importante para todos, se debe hacer a tiempo para identificar fallas, corregir errores y mantener el rumbo fijado por ambos gobiernos, el de Claudia Sheinbaum y el de Margarita González Saravia.
· nota
Como se preveía: el congreso entró a resolver la falta de acuerdos en el poder judicial y designó como presidente al magistrado Juan Emilio Elizalde.
La decisión es cuestionada por quienes la consideran una invasión a la autonomía del poder, pero es evidente que no había condiciones para que el grupo encabezado por Jorge Gamboa y Javier Mújica cedieran en sus ambiciones personales. Si el congreso no hubiera actuado, la crisis se prolongaría de manera indefinida.
La decisión del congreso no es la ideal, pero vista la situación es la menos mala.
El operador estrella del gobierno decía hace unas semanas que no tenía duda de que los magistrados se pondrían de acuerdo para nombrar a un presidente. Una vez más falló.
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Flanqueado por los integrantes de la mesa de seguridad, el fiscal Edgar Maldonado dio a conocer la detención de nueve personas implicadas en el asesinato de Sara Olivia Rendón, hija de la abogada Sara Olivia Parra.
La acción, dijo, fue perpetrada por una banda dedicada al robo de autos de gama media y alta; en el hecho participaron de manera directa 4 personas.
Para su captura se llevaron a cabo nueve cateos en Cuernavaca, Tepoztlán y Jiutepec, donde se aseguraron 43 vehículos, documentos de autos con reporte de robo, permisos de circulación y autopartes. Se detuvieron 8 hombres y una mujer, entre ellos un adolescente de 17 años, quienes están imputados por diversos delitos como homicidio, robo de vehículo, portación de arma de fuego y contra la salud. Entre los detenidos hay 6 personas vinculadas a procesos por delitos del orden federal y local; el caso de Sara se vincula a ese mismo grupo delictivo.
Dado el impacto mediático del caso, para el fiscal era importante que el hecho no quedara impune. Y lo logró.
La gobernadora fue clara: el gobierno respeta todo tipo de manifestaciones, pero no comparte que se afecte a terceros. La referencia es por el bloqueo de taxistas el martes pasado en gran parte de la capital, hecho que además de molestia y caos vehicular, generó enfrentamientos entre ciudadanos y choferes.
Los taxistas piden prórroga en el pago del refrendo y la mandataria dice que no, porque ya hubo bastante tiempo para cumplir con esa obligación.
Y tiene razón: más de 350 mil automovilistas pagaron el refrendo ¿Por qué dar más tiempo a quienes no lo hicieron?
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