Observador político - Urge frenar delincuencia en municipios

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - Urge frenar delincuencia en municipios

La violencia en Morelos no es una casualidad, es la consecuencia directa de un abandono estructural por parte del Estado y particularmente de las últimas administraciones que fueron encabezadas por los ex gobernadores Graco Ramírez Garrido, Abreu y Cuauhtémoc Blanco Bravo, quienes permitieron el crecimiento de los grupos delictivos en entidad morelense.

 

IMPUNIDAD, EL PRINCIPAL PROBLEMA.- La impunidad no es un error del sistema, es su funcionamiento y por eso l narrativa oficial de "coordinación" y "mesas de paz" se desmorona ante la cruda realidad de un estado asfixiado por el crimen organizado.

Lo que vemos en Cuautla, Temixco, Xochitepec, Huitzilac y tantos otros municipios no son casos aislados, sino la punta de un iceberg de grupos delictivos que han encontrado en la extorsión y el cobro de piso su modelo de negocio más rentable.

La normalización de la muerte, de los feminicidios y de la extorsión es el síntoma más claro de que el poder económico y político se ha fusionado con el criminal.

La extorsión ya no distingue entre "ricos" y "pobres" porque el objetivo no es la riqueza, sino el control total sobre la vida productiva; desde la pequeña tortillería, tiendita, farmacia, restaurantes, fruterías, fruterías, carnicería, comercio de ropa hasta el negocio más grande, todos están bajo el yugo de una violencia que se ejerce con la certeza de que no habrá consecuencias.

La impunidad es el pegamento que une a los grupos delictivos con las autoridades, una complicidad tácita que permite que la mancha criminal se extienda sin oposición.

Mientras las autoridades federales y locales hablan de "presencia" y "diálogo", la gente en Morelos se ve obligada a abandonar sus hogares y sus negocios para proteger lo único que les queda: su vida. Este desplazamiento forzado no es un efecto colateral, es un resultado directo de la falta de decisión de una autoridad que garantice los derechos básicos de su población.

Y es que la promesa de seguridad se ha convertido en una burla macabra para quienes ven cómo los delincuentes son liberados una y otra vez por un sistema judicial que, lejos de servir a la justicia, parece ser una pieza más en el engranaje de la impunidad, es ahí donde se da la famosa puerta, giratoria que entran por un lado y salen por otro, sin importar que sean detenidos infraganti, con armas e incurriendo en diversos delitos, como portación de arma de fuego de uso exclusivo para el ejército y otros delitos más.

 

LA PUERTA GIRATORIA.- Porque al final de cuentas salen aprovechando las lagunas jurídicas existentes, lo que provoca la rabia y la impotencia de la población que desconoce de estos mecanismos técnicos y que ven como estos hombres de mala fe que se dedican actividades ilícitas y que ponen en riesgo a la población constante permanentemente, como son liberados por algunos jueces que argumentan que la carpeta de investigación no está bien estructurada.

La situación de Morelos es un espejo del resto del país; la misma historia se repite en innumerables estados de la República: un Estado ausente, una delincuencia empoderada y una población abandonada a su suerte. Esta crisis no es un problema de seguridad pública, es un problema político y económico profundo, donde la violencia es una herramienta para el control social y la acumulación de capital a costa de la vida y el futuro de millones de mexicanas y mexicanos.

 

EL LUCRO DE LA MUERTE EN MORELOS.- La complicidad que nos mata Morelos se desangra. Si no era suficiente con el huachicol o los narcolaboratorios que florecen impunemente en Huitzilac, ahora se suma un nuevo y repugnante capítulo a la crónica del crimen organizado: la clonación y venta de medicamentos apócrifos.

Este nuevo delito, descubierto por la Secretaría de Marina y revelado por El Sol de México, no solo engrosa la ya de por sí larga lista de flagelos en la entidad, sino que toca una de las fibras más sensibles de nuestra sociedad: la vida de los más vulnerables.

La operación de estas redes criminales es una manifestación de los grupos criminales en su forma más brutal. No les basta con asfixiar a las familias con precios exorbitantes por fármacos de alto valor, como el Keytruda, sino que, con una frialdad escalofriante, fabrican y venden versiones adulteradas que, en el mejor de los casos, son ineficaces y, en el peor, provocan reacciones adversas mortales en pacientes con cáncer, incluidos niños.

Es un negocio de la muerte donde la ética se disuelve en el avaricioso cálculo de las ganancias.

La detención de Josué N, alias "El Tacho", y el hallazgo de más de 12,500 dosis falsificadas con un valor superior a los 110 millones de pesos en Guadalajara, es un recordatorio de que estos delitos no son aislados. La red, con tentáculos en la Ciudad de México y otras entidades, demuestra la sofisticación y el alcance del crimen organizado. Pero la pregunta que resuena es: ¿cómo es posible que estas redes operen con tanta impunidad?

 

CLONAN MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS DE CÁNCER.- La respuesta, por desgracia, es tan clara como dolorosa: la complicidad de las autoridades y el caso de Huitzilac, donde las autoridades municipales han sido señaladas por su presunta participación, es solo una muestra de una corrupción sistémica que se extiende como una metástasis por todo el país. La inacción o, peor aún, la colaboración de algunos funcionarios, es el lubricante que permite que estos engranajes criminales sigan funcionando, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas que dependen de medicamentos genuinos para sobrevivir.

Urge una acción contundente. No se trata solo de desarticular una red, sino de desmantelar la estructura de corrupción que la cobija; es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y dejen de ser un espectador pasivo o un cómplice silencioso. Ya basta de que el crimen organizado decida quién vive y quién muere, y que la esperanza de una cura se convierta en una condena a causa de un medicamento adulterado.

La salud no es un negocio; es un derecho. Y en la defensa de ese derecho, no puede haber medias tintas.

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