Designa Congreso a Elizalde presidente del TSJ tras crisis
Hubo 25 sesiones sin acuerdo entre los 22 magistrados
Nombramiento pasó por unanimidad, con 18 votos a favor, sin alguno en contra
Gerardo Suarez Dorantes 
Para frenar la crisis en el Poder Judicial de Morelos, que acumulaba 25 sesiones sin acuerdo entre los 22 magistrados y una presidencia acéfala durante más de tres semanas, la LVI Legislatura del Congreso local eligió de manera inédita a Juan Emilio Elizalde Figueroa como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con un mandato hasta el año 2027.
La designación fue aprobada por unanimidad, con 18 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, donde los diputados de los distintos grupos y fracciones parlamentarias respaldaron la decisión, al tiempo que establecieron que cualquier acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional deberá contar con la autorización del Pleno del Tribunal, por mayoría simple, como órgano máximo de decisión.
Mientras se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos, los legisladores determinaron que el Pleno del TSJ podrá sesionar legalmente a partir de este viernes con la presencia de al menos la mitad más uno de los magistrados; las decisiones se tomarán por mayoría simple de los presentes y, en caso de empate, el presidente del Tribunal tendrá voto de calidad.
Ante cuestionamientos sobre una posible intromisión del Legislativo en la autonomía del Poder Judicial, el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, Daniel Martínez Terrazas, negó que exista tal injerencia.
Explicó que la intervención del Congreso respondió a una solicitud formal de apoyo por parte de un grupo de magistrados del TSJ, al tiempo de señalar Martínez Terrazas, también coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que el Poder Judicial informó estar imposibilitado para resolver internamente la designación de su titular, por lo que el Congreso actuó para destrabar la parálisis institucional.
“Lo más importante es brindarle certeza jurídica a la ciudadanía, la falta de presidente afectaba directamente a las víctimas que exigen justicia pronta y expedita, no podemos seguir perdiendo el tiempo en disputas políticas”, advirtió.
Reconoció que cualquier magistrado tiene derecho a presentar controversias, pero aseguró que se busca un blindaje institucional para evitar más conflictos durante los próximos dos años del periodo del nuevo presidente.
“No se trata de vulnerar derechos individuales, sino de consolidar una nueva etapa para el Tribunal con bases legales firmes”, concluyó.
