TERCERO INTERESADO - Prioridad política y colectiva

En un escenario óptimo de armonía entre sociedad y gobierno, entre la clase política y la ciudadanía, las prioridades políticas y colectivas deberían estar estrechamente relacionadas, con rumbo definido y bajo ejes estratégicos y atributos básicos que garantizaran su gestión. En el caso específico de las políticas públicas, la vinculación con la sociedad civil, permite al gobierno lograr que su diseño, implementación y evaluación logre dicha armonía, que los temas prioritarios sean los mismos para la sociedad y el ente político, el gobierno, con lo cual el beneficio colectivo es mucho más fácil de alcanzar; es decir, la participación ciudadana es fundamental para identificar las prioridades colectivas y exigir a los gobiernos, a los representantes populares –en especial a los legisladores–, que hagan suyas dichas prioridades; sin embargo, cuando dicho proceso es a la inversa, cuando el gobierno pretende imponer sus prioridades o el legislativo imponer su agenda, sin concordia a lo que dicta la sociedad, se genera un rechazo inmediato, una discordancia que solo aleja al político, al gobernante de la base social.

Desde hace meses, incluso años, la narrativa pública reflejada cotidianamente en los medios de comunicación, exhibe una constante falta de sincronía en el rumbo, las prioridades del pueblo y las de su clase política y gobernante, a pesar de los avances que se han de reconocer respecto al desarrollo democrático en las últimas décadas. A través de un esfuerzo de corresponsabilidad, vale la pena intentar que ambos caminos sean paralelos y no transversales; ello requiere un esfuerzo igualmente colectivo, pero con énfasis en las fuerzas políticas, para bajar los niveles de “ruido”, de encono en el debate público, que no está haciendo más que polarizar, dividir, frustrar al electorado, a la ciudadanía, dificultando con ello la confianza en las instituciones, en la política, en el gobierno e incluso en la propia democracia.

La falta de concordancia entre lo que la gente espera y lo que se decide desde el poder genera rechazo. El alejamiento entre representantes y representados debilita los lazos sociales que sostienen a la democracia, mermando la certeza y legitimidad institucional, pues las personas no encuentran eco en las decisiones públicas, las perciben lejanas, impuestas o irrelevantes frente a sus problemas cotidianos, en un distanciamiento negativo con quienes ejercen el poder y que no les generan beneficio. Los efectos van desde la apatía electoral y hacia la participación ciudadana, y, sin intervención activa, consciente y constante, la democracia se vacía de contenido y se convierte en una estructura formal sin sustancia social.

En los hechos, muchas agendas gubernamentales responden más a intereses particulares, o de grupo, a compromisos políticos o cálculos electorales que a diagnósticos participativos o consultas reales a la ciudadanía. Este divorcio entre lo que se necesita y lo que se prioriza desde el poder institucional es una de las causas más profundas de la crisis de legitimidad que atraviesan muchos regímenes democráticos, no solo en México, sino en distintas partes del mundo. La democracia representativa se ve rebasada cuando los representantes no representan más que a sí mismos o a sus partidos, y cuando las instituciones ya no logran canalizar las demandas ni ofrecer respuestas eficaces.

Reconstruir la confianza es tarea urgente, pero no sencilla. Requiere mecanismos reales de deliberación pública, mayor transparencia en la toma de decisiones, rendición de cuentas efectiva, y una apertura constante al diálogo con las organizaciones sociales, con los sectores académicos, con la ciudadanía organizada y también con la ciudadanía individual. La prioridad política debe ser reflejo genuino de la prioridad colectiva, y para ello se necesitan voluntad y convicción democrática que permita recuperar a la política como instrumento al servicio de la sociedad, un canal de diálogo y construcción compartida y no como un espacio de imposiciones; solo así se podrán restablecer los vínculos entre gobernantes y gobernados, recuperar la legitimidad perdida y fortalecer los principios democráticos vigentes pero amenazados por la indiferencia, el desencanto y la falta de sintonía entre lo político y lo colectivo.

Carlos Tercero

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