Observador político - Cuautla, el infierno por la inseguridad

En el México de abajo, donde la sangre se seca en las banquetas sin que nadie rinda cuentas, hay lugares donde el Estado dejó desde hace varias administraciones de ser ausente para convertirse en cómplice. Hoy, en algunos municipios de Morelos como Cuautla, Huitzilac, Yautepec, Temixco y Emiliano Zapata, entre otros, hoy se desangran bajo el peso de la violencia, la corrupción y la connivencia institucional.

AUTORIDADES MUNICIPALES CUESTIONADAS.- Tristemente, la violencia dejó de ser noticia para convertirse en una rutina por los feminicidios, asesinatos, extorsiones, cobros de piso, robos, entre otros donde la cotidianidad de un municipio sus autoridades dejaron de gobernar para administrar el caos; lo alarmante no es sólo la presencia de los cárteles, sino la naturalización de su poder. Y en estos municipios arriba señalados, peligrosamente existe una línea entre el gobierno y el crimen organizado que cada vez es más borrosa.

Basta recordar la captura en video del alcalde Jesús Corona Damián, reunido con el presunto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos, Júpiter Araujo Bernard, alias “el Barbas”, debió ser un escándalo nacional, empero, más allá de algunas notas y una investigación de la FGR que huele más a simulacro que a proceso real, todo sigue igual. Y es que el edil sigue en funciones, protegido por la misma estructura que permite que los asesinos salgan libres, que las carpetas de investigación se desintegren en el Ministerio Público y que la justicia sea un lujo para unos cuantos.

Mientras tanto, el pueblo se defiende como puede, a veces -y con razón, aunque no se comparte- con furia, con rabia, con linchamientos o justicia por mano propia y no, no es que no crean en la ley: es que la ley dejó de creer en ellos.

Tristemente este no es un problema aislado, porque hay una muestra cruda del fracaso del modelo de seguridad militarizado, de la descomposición institucional que permitió a los narcopolíticos escalar posiciones, y del abandono sistemático de los gobiernos hacia los territorios populares. En Cuautla no hay Estado de derecho: hay un pacto de silencio, un narcoestado en miniatura donde los muertos sólo son cifras y los corruptos, funcionarios con fuero.

MARGARITA, AL RESCATE DE CUAUTLA.- En su visita al estado la presidenta Claudia Sheinbaum junto a la gobernadora Margarita González Saravia, pusieron en marcha el operativo conjunto “Mando Coordinador Cuautla”, y para ello, se han desplegado una vez más la presencia de 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional al oriente del estado, como respuesta a la creciente ola de violencia, evidencia una preocupante continuidad con las políticas de seguridad de sexenios pasados del PRI, PAN y PRD que fracasaron rotundamente en reducir los índices delictivos o devolver la confianza ciudadana.

Las autoridades anuncian patrullajes calle por calle, inspecciones y “proximidad social”, e incluso, la gobernadora Margarita González Saravia, se pronunció en su cruzada por reforzar leyes “más severas”, a través de un paquete legislativo que tipifica delitos como la colocación de mantas criminales o el uso de permisos de circulación de Guerrero.

CORONA VS JUANA Y ANA GUERRA.- Nadie duda de que en Cuautla, la violencia no solo se manifiesta con balas, extorsiones y mantas firmadas por el crimen organizado, porque también tiene rostro en los edificios del poder, en los pleitos políticos de alto nivel que maquillan la descomposición institucional como si fueran “debates democráticos”.

La reciente ofensiva del gobierno federal y estatal, encabezada por Claudia Sheinbaum y Margarita González Saravia, para “rescatar” la zona oriente de Morelos con la llegada de 300 elementos del Ejército y Guardia Nacional, es para unir esfuerzos y contener el crimen y al mismo tiempo el descontento social.

Pero mientras eso ocurre, en el corazón político de Cuautla, el pleito político a “muerte” entre el alcalde Jesús Corona Damián y la senadora del PVEM, Juana Guerra Mena —acompañada de su media hermana, la regidora Ana Sánchez—, expone el verdadero rostro de la clase política local: una disputa por el poder disfrazada de cruzada moral.

Guerra Mena acusa a Corona de todo: corrupción, omisión, vínculos criminales, uso indebido de recursos públicos, violencia política y una policía colapsada. ¿Y qué propone? Un exhorto desde el Senado para quitarle el mando de seguridad al alcalde y continuar con las denuncias penales. Pero mientras ella —y su hermana— circulan con escoltas de la Guardia Nacional, Cuautla arde.

Los comercios cierran por miedo a la extorsión, la gente evita salir de noche, y la esperanza de justicia se diluye entre operativos mediáticos y guerras internas de partidos que ni siquiera disimulan el oportunismo.

Que no se nos engañe: ni Jesús Corona ni Juanita Guerra representan una salida digna para el pueblo de Cuautla porque en lugar de sumar esfuerzos mantienen una riña constante y permanente que ha llegado a lo personal, dejando de lado el interés de la ciudadanía del oriente de Morelos. Y es precisamente esa élite de la política local que ha permitido el avance de los grupos delictivos desde hace más de una década, que ha gobernado sin transparencia, sin rendición de cuentas y sin empatía con los de abajo.

La supuesta moralización de la senadora —que no mueve un dedo en los otros 35 municipios de Morelos—, suena a estrategia electoral disfrazada de denuncia, más que a verdadera voluntad de transformación.

Cuautla además de soldados y de gritos desde el Senado, necesita organización desde abajo, justicia desde adentro y memoria colectiva para no olvidar quiénes hundieron a la Heroica en el abandono.

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