Serpientes y escaleras - La polarización

Dividir a la gente nunca ha sido una buena manera de hacer política

La polarización

La semana pasada tuve la oportunidad de charlar con un buen amigo: empresario, político de muchos años, varias veces representante popular y comprometido con el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Su visión sobre los primeros tres años de gestión del presidente me parece atinada, resalta lo bueno y reconoce lo malo, pero la parte que me llamó la atención sobre su análisis es una reflexión que hace: “Estoy de acuerdo en todo, excepto en la polarización”. Dividir a la población nunca ha sido benéfico para nadie.

Mucho se ha dicho y escrito respecto a la administración estatal que en el pasado reciente encabezó el tabasqueño Graco Ramírez Garrido Abreu; los comentarios hacia su administración y persona son mayoritariamente negativos, reflejo de lo que su partido y su hijo como candidato recibieron en las urnas en la contienda del 2018.

Lo que más se señala de ese régimen son los altos niveles de corrupción, los excesos cometidos por la familia, el temperamento irascible de su esposa, los múltiples negocios de sus hijos y el abuso cometido en el manejo de los recursos financieros y las aportaciones ciudadanas destinados a las víctimas y afectados por el sismo del 2017.

El desgaste del gobierno graquista fue total y aumentó conforme avanzó el sexenio; el resumen de lo que pasó se puede hacer desde diferentes ángulos con distintos resultados: si se observa el régimen desde un ángulo estructural a partir de la obra pública, las acciones de gobierno, los índices delictivos, de pobreza, de desarrollo social y crecimiento económico, estaríamos frente a una administración más o menos igual a otras, aunque con niveles de gasto y endeudamiento público muy superior.

Otra manera de ver al graquismo es desde la óptica de la percepción pública y ahí el resultado es terrible, porque encontraríamos el sentimiento que provocó el gobernador en la gente y el ambiente de polarización que desde el arranque de su administración se incitó desde el palacio de gobierno. La afectación social más severa de ese gobierno fue la profunda división social que causó, misma que continúa hasta ahora.

Con Graco Ramírez la dinámica era una: conmigo o contra mi; el tabasqueño se asumía como un demócrata y en sus discursos presumía su tolerancia a cualquier crítica o expresión distinta a la suya, pero en los hechos su paciencia era casi nula y sus rencores lo nublaban: no aceptaba que le llevara la contraria y emprendía acciones contra todos aquellos que en algún momento estuvieron en su contra o no lo apoyaron.

Los resultados de esa política están a la vista: a pesar de que Graco Ramírez es un personaje de talla nacional que contó con el apoyo incondicional del presidente Peña Nieto y de su gobierno, de que poseía una larga trayectoria y conocía muy bien los pasillos de poder, su carácter, su familia y el divisionismo social que causó en la entidad lo hizo fracasar como gobernante.

Morelos vive hoy momentos complicados por muchas razones: igual que el resto del país estamos tratando de superar los efectos de la pandemia, se impulsa desde diferentes ámbitos la reactivación económica y estamos a punto de iniciar la renovación de todos los gobiernos municipales. El diálogo parlamentario ha sido muy maduro hasta ahora, pero falta ver hasta donde se estira la liga en la negoción presupuestal.

Pase lo que pase en las próximas semanas la dinámica política y social del estado será distinta en el 2022, porque estaremos arrancando la segunda etapa del sexenio con autoridades nuevas, muchas de ellas inexpertas en temas de administración pública y algunos enfocados de lleno en el proceso de sucesión. El 2024 será un punto indeleble en la mente de la clase política, de los gobernantes y los partidos; los años que nos separan de la siguiente elección estarán marcados por la sombra de la sucesión.

El punto clave en esta historia radica en la polarización que provocan algunas actitudes de actores de la vida política y del propio gobierno; los primeros tres años de esta administración han sido difíciles porque la división ha continuado, porque no ha habido capacidad de acuerdos, ni humildad de parte de quienes ostentan el poder.

Si en los años venideros continúa el mismo ambiente de polarización, con una sociedad dividida y actores de la vida pública incapaces de entenderse y convivir de manera razonada, lo que veremos en el futuro serán momentos de tensión y un deterioro continuo de la clase política, empezando por los gobernantes. En este segundo tramo del sexenio corresponde al jefe del ejecutivo dar el primer paso para el entendimiento entre actores de poder, para dejar atrás las diferencias y avanzar en unidad más allá del discurso.

La postura no es romántica, por el contrario, se trata del camino más pragmático que puede haber en política: si los actores de poder se entienden, dialogan, se comunican y dejan de lado las diferencias, sin que ello implique renunciar a sus convicciones, el escenario será más sencillo para todos y consecuentemente más amigable para la sociedad.

Lo que muchos no observan es que cuando la clase gobernante se divide y se pelea, los efectos de estos choques llegan hasta la sociedad y se transforman en descomposición social, incremento de los índices de delincuencia, en un deterioro de la economía e ineficiencia en la operación de las instituciones. Eso sin contar que en muchos casos los enfrentamientos públicos llegan al ámbito personal y, como sucedió en el graquismo, las familias se pelean y se dividen por cuestiones políticas.

Tanto el gobernador Cuauhtémoc Blanco como los integrantes de los otros dos poderes y todos los presidentes municipales deberían apostar por la operación política y por el diálogo para fortalecer la gobernabilidad, entendiendo esta como una mejor manera de trabajar, de coordinarse y de entenderse.

La división que provoca la polarización no solo enrarece el ambiente social, enerva los sentimientos ciudadanos y agudiza los problemas en la administración pública, también resulta mucho más costosa en todos los sentidos, porque desgasta a las administraciones y consume la imagen de los representantes populares.

El antídoto para la polarización es ponerse de acuerdo.

• posdata

Los diputados locales salen al paso de las especulaciones y aseguran que en materia presupuestal no se ha roto el diálogo con el ejecutivo; “las pláticas continúan y no habrá sorpresas en la aprobación del paquete económico”; reiteran que los recursos del estado se enfocarán principalmente en la atención de los temas más sensibles, como la salud, la educación y la seguridad.

Al término de las comparecencias de los secretarios el criterio general se mantiene, aunque en algunos prevalece la idea de anular la cláusula de transferencia, lo que representaría, según lo ha dicho la propia secretaria de hacienda, una intromisión en la operación del poder ejecutivo.

Los próximos días serán de diálogo intenso entre las partes para alcanzar acuerdos en los puntos que dividen la opinión; los alcaldes insisten en que les regresen el cinco por ciento de las participaciones federales que les quitaron para el manejo del mando único de policía, pero los legisladores sostienen que recuperar el 2.5 por ciento “ya es ganancia” porque los fondos federales de los cuales salía el recurso ya no existen.

La fecha límite para que se apruebe el paquete económico 2022 es el 15 de diciembre, pasado ese día el congreso entrará en receso y se reactivará el siguiente año con el análisis y aprobación de la reforma constitucional referente a la revocación de mandato.

La revocación de mandato será un tema predominante en la cámara en los próximos meses y tendría que ser observada con mucha atención por el poder ejecutivo, porque es ahí donde los opositores al gobernador le pueden poner el pie, sacarlo de la gubernatura y frenar cualquier deseo de trascender en la vida pública.

En el poder ejecutivo parecen no haberse dado cuenta del alcance de esta reforma, la observan como un tema más en la agenda parlamentaria sin notar que abrirá un camino sumamente accesible para que los ciudadanos se organicen e inicien un proceso en contra del jefe del ejecutivo en un estado donde ya se ha destituido a un gobernador y en donde la imagen del mandatario en funciones se encuentra muy deteriorada.

La nueva legislatura tiene un carácter y un perfil muy diferente al de la anterior, su vitalidad política es contrastante con la pasividad de sus antecesores y obliga a Cuauhtémoc Blanco a reforzar el diálogo, la conciliación y los acuerdos, para que el 2022 no sea su último año como gobernador.

No observar lo que pasa en el poder legislativo puede ser un error muy caro para el jefe del ejecutivo.

• nota

Lo comentan en los pasillos de poder: el alcalde Antonio Villalobos, asesorado por sus abogados, analiza la posibilidad de abandonar el cargo una semana antes de que se lleve a cabo la transición de poderes.

La razón de saltar del barco los días previos a que concluya su periodo de gobierno obedecería a una estrategia jurídica, al intento de alargar los procesos legales en su contra y quizá, poner tierra de por medio antes de que la bomba municipal le estalle en las manos al alcalde José Luis Urióstegui.

Los que vienen serán tiempos complejos para la ciudad, porque aunque la nueva administración encontrará dinero en las cuentas municipales producto de la recaudación anticipada, los adeudos que le heredará el gobierno saliente pueden consumirlos muy rápido, dejando al régimen naciente muy corto de liquidez para atender las necesidades diarias del municipio.

En las últimas semanas el futuro presidente municipal se la ha pasado viajando a diferentes partes del país, se ha entrevistado con distintas autoridades panistas para conocer sus experiencias de gobierno, siempre de la mano de alguno de los hermanos Martínez Terrazas; lo que ha descuidado el edil electo es el trabajo de entrega recepción, la selección de un buen equipo y la planeación de lo que será su mandato.

De cuando en cuando José Luis Urióstegui eleva el tono y reconoce que el trabajo de Antonio Villalobos no ha sido bueno y que le dejará muchos adeudos, pero hasta el momento no se ve ninguna señal de que el abogado hará algo al respecto, es decir, que fincará responsabilidades administrativas o legales a los funcionarios salientes por el cúmulo de irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones.

Villalobos confía en el pacto que tiene con Urióstegui, pero no tanto, dicen, como para esperarse hasta que el trienio concluya y pueda ser receptor de alguna acción legal.

• post it

El problema delictivo en el estado es grave, está presente en todos los municipios y pega a todas las regiones. Ante el insistente reclamo ciudadano porque se mejore la situación, Cuauhtémoc Blanco llama a los alcaldes a hacer su parte, a no ausentarse del problema, ni dejarle toda la responsabilidad al gobierno estatal.

Mucho se ha criticado al convenio de mando coordinado de policía, se habla de su falta de resultados y de su ineficiencia, lo que nadie señala es que ese convenio ha permitido a los alcaldes evadir el tema y culpar de todo al gobernador.

Para eso sí ha servido el mando coordinado.

• redes sociales

El cambio en la UIF no modificó el trabajo ni las investigaciones que en esa oficina se realizan desde hace tiempo en diferentes áreas, instituciones y estados, incluido Morelos.

Varios personajes locales, dicen, están bajo la lupa federal y sujetos a una revisión permanente de sus movimientos; algunos de ellos ya tendrían armadas carpetas de investigación con detalles específicos respecto a contratos y asignaciones realizados en los últimos tres años.

Ojo: Pablo Gómez no es Santiago Nieto, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México es un hombre de convicciones muy firmes que el presidente ha definido como “incorruptible”.

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