Escala de Grises - Señalamientos
En opinión de Arendy Ávalos
Hace poco menos de un mes, una mujer acudió a un evento en Pachuca junto con Édgar Hernández Dañu, quien se desempeña como diputado local en Hidalgo. De acuerdo con el diario Criterio, fue esa noche cuando el funcionario público abusó sexualmente de Mariana (nombre utilizado para proteger a la mujer en cuestión).
Luego de que el concierto (realizado en la plaza de toros Vicente Segura) de Gerardo Ortiz terminara, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), algunos de sus colaboradores y Mariana se subieron a un vehículo. Según los testigos de Criterio, el grupo de personas se dirigía a Ixmiquilpan, otro de los 94 municipios que conforman dicho estado.
Luego de dos horas de trayecto, el grupo de personas llegó a San Nicolás, municipio en donde el diputado tiene un departamento. Él y Mariana entraron a la propiedad y fue en ese momento en donde el funcionario intentó abusar de ella. Ante la situación, Mariana no dudó en defenderse. Sin embargo, Hernández Dañu la golpeó y le ocasionó heridas significativas en múltiples partes del cuerpo.
Tras una serie de forcejeos, Mariana logró escapar de la propiedad para ser auxiliada por uno de sus familiares. Hasta el momento, ni la víctima ni las personas que atestiguaron lo sucedido han permitido que los medios de comunicación revelen su identidad, pues temen más amenazas o acciones por parte del diputado.
Y es que, además de lidiar con el daño ocasionado por el funcionario, Mariana también se ha enfrentado a las amenazas realizadas por Édgar Hernández, quien [presuntamente] le aseguró que, si quería evitarse problemas futuros, no debía denunciarlo. Entre algunos de los elementos que utilizó para intimidar a Mariana, el diputado del PT nombró una relación cercana con las autoridades.
Como si un caso no fuera suficiente, el diario antes citado abordó un segundo ataque y más amenazas por parte Édgar, quien [una vez más] decidió persuadir a la joven para que no lo denunciara ante las autoridades del Ministerio Público. Ante los “recientes señalamientos”, Hernández Dañu publicó un comunicado en su página de Facebook en el que no reconoce a las víctimas ni sus declaraciones.
De acuerdo con él, siempre se ha conducido de manera “íntegra y respetuosa en contra de la violencia de género”. Sin embargo, la situación para el diputado se ha complicado un poco más, pues también se difundió su intención de sobornar al reportero responsable de la nota. “¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo te ayudo?” esas fueron las palabras que Hernández Dañu empleó para solicitar un “control de daños”.
Esta no es la primera vez que un funcionario público está involucrado en “escándalos” relacionados con violencia de género. Ahora, ante la ausencia de denuncias formales y procesos legales concretos, se podría pensar que se trata de un ataque en contra del diputado local o un “montaje” por parte de los medios de comunicación legales. Ojalá sí.
Y es que, no sé usted, pero yo preferiría saber que se trata de puros “chismes”, en lugar de comprobar que un hombre abusó sexualmente de dos mujeres, las amenazó para que no lo denunciaran y, además, utiliza su cargo como funcionario público para salir impune de los “recientes señalamientos”.
La violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres es una cuestión que, a pesar de visibilizarse durante los últimos años, continúa en la sombra, a plena luz del día. Por si fuera poco, las líneas que atraviesan este problema son cada vez más extensas, más difíciles de recortar. Negligencia por parte de las autoridades, corrupción, desinterés y falta de sensibilización son algunas de las tangentes que se relacionan directamente con la impunidad.
El mejor ejemplo de lo anterior se expone en el caso protagonizado por el diputado del Partido del Trabajo. Los privilegios que ostenta Édgar Hernández son más que suficientes para que las dos víctimas prefieran mantenerse en el anonimato. Y es que, a estas alturas, no nos sorprende pensar que un cargo político y una agenda telefónica influyente bastan para evadir los cargos correspondientes a la violencia de género.
Antes de siquiera exigir denuncias ante el ministerio público y pruebas contundentes de lo sucedido, hay que plantearnos que nuestro sistema de justicia no es el más avanzado del mundo. De acuerdo con la organización México Evalúa, durante el año pasado, no se denunciaron el 98% de los casos de violencia sexual.
Bajo esta misma línea, también debemos considerar que denunciar un delito relacionado con la violencia de género no es una situación sencilla en ninguna circunstancia. ¿Por qué? Por cuestiones como la criminalización o la revictimización por parte de las mismas autoridades, de familiares y personas cercanas a quienes deciden hablar al respecto.
Ahora, si usted sigue considerando que es necesaria una denuncia formal para creer en las víctimas, permítame recordarle que las sobrevivientes de la violencia de género no realizan la denuncia cuando quieren, sino cuando pueden. No necesitamos saber el número de expediente ni el nombre real de las mujeres violentadas para exigir justicia…
¿O sí?
@Arendy_Avalos en Twitter