Serpientes y escaleras - El ocaso de Vera

Se le acaban las opciones al ex rector de la UAEM. Pagará muy caro sus descuidos.

El ocaso de Vera

En los próximos días el ex rector de la universidad de Morelos Alejandro Vera Jiménez podría ser detenido o convertirse en un prófugo de la justicia luego de que la Fiscalía General de la República lo acusó por lavado el lavado de 77.8 millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra. Las salidas jurídicas que le quedan al ex titular de la UAEM son cada vez menos ante los diferentes procesos simultáneos que enfrenta; los delitos que le atribuyen son graves, no le permiten enfrentar los juicios en libertad y pueden llevarlo a una cárcel de alta seguridad. De las declaraciones de Vera Jiménez y Wistano Orozco podrían surgir más involucrados.

La historia de la Estafa Maestra es pública y ampliamente conocida; el nombre deriva de una investigación periodística del portal Animal Político en coordinación con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicada en septiembre del 2017, en la cual daba a conocer la existencia de una red de corrupción gubernamental que operaba a través de 128 empresas fantasma, mediante las cuales el Gobierno de Enrique Peña Nieto desvió alrededor de 400 millones de dólares. En el asunto se involucra a 11 dependencias estatales, ocho universidades públicas y más de 50 funcionarios de distintos niveles.

Luego de que la investigación periodística se hizo pública, la Auditoría Superior de la Federación inició una indagación y determinó que efectivamente se trataba de una red de corrupción que desviaba recursos públicos del programa Cruzada contra el Hambre de la Secretaría de Desarrollo Social por medio de universidades públicas; el dinero habría sido destinado a diversas campañas electorales priístas, incluyendo la del Estado de México y la de Guerrero.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos es una de las ocho instituciones educativas involucradas en La Estafa Maestra y Alejandro Vera Jiménez forma parte de los más de 50 personajes señalados por participar en dicha operación. La entrada de la UAEM a la Estafa Maestra fue a través del entonces Oficial Mayor de la Sedesol Emilio Zebadua y por intervención directa del Patronato de la UAEM, según lo declaró hace algunos meses el propio exrector; “Mario Caballero recomendó a Wistano Orozco y participó en todas las decisiones y contrataciones; él conocía a Emilio Zebadua desde que formó parte del órgano electoral estatal y nos acercó a la dependencia federal”, ha dicho en varios espacios el ex titular de la UAEM.

El día de ayer se hizo público que la FGR solicitó la orden de aprehensión contra Alejandro Vera Jiménez, mismo que podría convertirse en el primer rector o ex rector de universidad pública prófugo de la justicia por el caso de la Estafa Maestra; el ex titular de la Universidad de Morelos también está imputado por el delito de delincuencia organizada que tiene prevista la prisión oficiosa, misma que en caso de concretarse sería purgada en el penal del Altiplano sin derecho a fianza.

En el mismo escenario jurídico que Vera están el ex director de Empresas y Servicios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Wistano Orozco, quien también fungió como subsecretario de Educación Media y Superior de Morelos en el gobierno de Graco Ramírez y el ex secretario de la rectoría y exrector de la UAEM Gerardo Ávila, quien ya se encuentra sujeto a un proceso por la contratación indebida de un sistema de Gestión y Firma Electrónica por 22.9 millones de pesos.

La trama en la que se encuentra involucrado Alejandro Vera Jiménez es compleja desde cualquier ángulo y dramática para el universitario; el exrector fue un personaje querido dentro de la comunidad estudiantil, pero fue perdiendo respeto y respaldo cuando inició una carrera política por la gubernatura. Vera Jiménez dio un gran impulso a la estructura universitaria morelense, amplió la presencia de la UAEM en varios municipios y amplió notoriamente la matrícula.

Los problemas políticos de Vera Jiménez iniciaron cuando confundió su representatividad académica con capital político y utilizó a la universidad para combatir personalmente al ex gobernador Graco Ramírez. El entonces jefe universitario asumió un rol social muy importante y llenó un vacío que dejó la clase política, pero al hacerlo también pagó un costo muy alto que lo convirtió en el enemigo número uno del régimen, a la vez de desgastado aceleradamente con los suyos.

Graco Ramírez presionó al rector desde varios ángulos: atacándolo en su persona y familia y reteniéndole recursos a la universidad con el ánimo de desestabilizar a la comunidad universitaria; en esta dinámica el gobernador perredista logró adquirir los servicios de los líderes de los sindicatos universitarios y también del entonces presidente de las Federación de Estudiantes. Alejandro Vera pudo haber sorteado los ataques del gobierno si no se hubiera metido a la trama de la Estafa Maestra; cuando la UAEM entró a esta red de corrupción el destino de Vera quedó sellado.

Lo que ahora estamos viendo es un final anunciado: la Fiscalía General de la República ha solicitado orden de aprehensión en contra del ex rector de la Universidad de Morelos y al menos dos de sus colaboradores por su participación en desvío de recursos públicos y lavado de dinero; a los tres ex funcionarios universitarios los juzgarán por Delincuencia Organizada y los podrán como ejemplo para más acciones que en el mismo sentido llevará a cabo el gobierno federal.

La historia se complica porque en el panorama nacional Emilio Zebadua ya tomó el Criterio de Oportunidad, es decir, se ofreció como testigo protegido para delatar las supuestas operaciones ilícitas y desvío de recursos en los que estarían envueltos los ex secretarios Rosario Robles, Luis Videgaray y el propio Enrique Peña Nieto. Zebadúa asumirá el rol protagónico-político de Emilio Lozoya para procesar a altos funcionarios de la administración federal pasada y ayudar a validar el discurso anticorrupción de la 4T.

De los tres personajes universitarios involucrados en el capítulo morelense de La Estafa Maestra, el que más dolosamente habría actuado es Wistano Orozco. A él le tocó llevar a cabo los procesos y las contrataciones, él asesoró y guio a la rectoría y mantuvo el trato directo con las empresas. A él, por cierto, se le ocurrió hacer una licitación pública para contratar los servicios que a su vez la Sedesol había contratado a la UAEM y él desde su escritorio manejó los recursos que hoy están sujetos a investigación. Wistano Orozco, relatan sus vecinos, abandonó su residencia en Cuernavaca desde hace varios días y la semana pasada mandó vaciar su casa.

El caso de Alejandro Vera y Gerardo Ávila es diferente: ambos personajes están pagando el precio de sus omisiones y de sus descuidos, de su irresponsabilidad administrativa y falta de cuidado jurídico. A ninguno se le ve un nivel de vida distinto al que tuvieron en el pasado reciente, pero indiscutiblemente los dos tienen responsabilidad directa en un hecho que tiene que ver con el manejo inadecuado de cientos de millones de pesos.

Triste final tendrá el ex rector de la universidad de Morelos; la buena trayectoria de toda una vida se viene abajo por unos años de descontrol y descuidos, ligada con una mala selección de colaboradores.

Este es un ejemplo tangible de la importancia de tener buenos colaboradores y mucho cuidado en todos los procesos de la administración pública.

• posdata

Este miércoles 18 de noviembre a las 10 am se llevará a cabo la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para discutir la denuncia presentada contra la presidenta del IMPEPAC Ana Isabel León Trueba por hechos que podrían configurar alguna de las causales de remoción establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La consejera Ana Isabel León Trueba es acusada por presunta “omisión de convocar a sesión de trabajo o mesa de consejeras y consejeros, de verificar el trabajo del secretario ejecutivo ante los diversos requerimientos de la UTF del INE, además de omitir la rendición del informe de conclusiones o acuerdo a efecto de hacer del conocimiento de las consejeras y los consejeros electorales la conclusión de la investigación IMPEPAC/CEE/INVDH/001/2016, misma que ocultó por más de 15 meses”.

Todo lo anterior está relacionado con la investigación de un supuesto contrato por 7 millones que el Partido Encuentro Social de Morelos habría signado con Cuauhtémoc Blanco Bravo para que compitiera por la presidencia municipal de Cuernavaca.

Si nada cambia, este día en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará la remoción de Ana Isabel León Trueba del cargo de Consejera Presidenta del IMPEPAC; de conformidad a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del reglamento de remoción, corresponderá al INE la designación de la consejera o consejero que ocupará la presidencia del Instituto durante el periodo transitorio en tanto se cubra la vacante correspondiente.

De confirmarse lo que se lee en el Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, veremos algo inédito en el órgano electoral morelense, algo que, además, sería el corolario de una mala historia escrita a lo largo de varios años, desde que Ana Isabel León Trueba asumió la titularidad del organismo.

Desde su creación el IMPEPAC ha estado envuelto en conflictos internos producto del carácter, la personalidad y los intereses de la consejera presidenta; una y otra vez los miembros del consejo electoral morelense han acusado a Ana Isabel León Trueba de actuar al margen de la ley, de no transparentar las decisiones ni el manejo financiero de la institución, de proceder de manera facciosa y de tratar de incidir en los procesos electorales a favor de un partido político.

La misma presidenta León Trueba ha puesto en duda las elecciones al señalar que se encuentran en riesgo, que se carece de personal, material y de infraestructura, al tiempo de llevar al terreno profesional las diferencias personales que guarda con casi todos los demás consejeros.

¿Y qué decir de los resultados de las elecciones que ha encabezado? Imposible pasar por alto que varias veces se les extraviaron boletas electorales porque las mandaban a lugares distintos, que el Programa de Resultados Electorales Preliminares no funcionó de manera correcta y que en más de una ocasión funcionarios del INE, como el ex vocal ejecutivo Dagoberto Santos Trigo la confrontó por incumplir con los protocolos operativos y poner en riesgo la elección.

Digámoslo de esta manera: la sanción que este recibiría Ana Isabel León Trueba es por un hecho que cambió el rumbo de las cosas en la política estatal, pero que ya no se puede remediar; se trata de un asunto polémico de carácter público que generó controversia y mostró la parcialidad en la actuación del IMPEPAC.

Hoy Ana Isabel León Trueba paga las consecuencias de su incapacidad profesional, de sus descuidos, de sus pleitos personales y de su ineficiencia como representante de un órgano electoral.

Tras su salida lo que viene es nombrar a un relevo y confiar que quien asuma el cargo actúe de manera distinta a León Trueba, que devuelva a la institución el respeto y la confianza perdidos, así como la tranquilidad y armonía que le arrebató al personal el perturbado temperamento de la presidenta.

Por el bien del IMPEPAC ojalá que quien supla a Isabel León sea mejor. O menos malo.

• nota

Veo la foto que comparten algunos priístas sobre la reunión que su dirigente estatal sostuvo con algunos personajes de la vida política estatal. Ahí aparece Jonathan Márquez al lado de Maricela Velázquez, Juan Pablo Rivera, Gabriel Haddad, Jorge Arizmendi y algunas personas más que no conozco.

Observo la imagen y recuerdo las palabras del novel dirigente hablando de una renovación de cuadros, de sangre distinta, de un nuevo tiempo en el PRI, de reencontrarse con la sociedad, de no caer en lo mismo de siempre…

La veo y reflexiono: ¡Se abarató la mesa!

Lo que sigue es que inviten a Francisco Moreno.

• post it

A propósito del IMPEPAC: en los últimos procesos electorales los consejeros de dicho instituto se han extralimitado en sus funciones, han legislado y al hacerlo han violentado la ley.

Aunque se excusen con argumentos socialmente válidos (paridad, equidad, igualdad…) es un hecho que varias de las decisiones tomadas por los consejeros del IMPEPAC han ido más allá de su competencia legal, con lo cual han violentado el derecho de terceros. Más claro: los consejeros electorales no pueden ni deben legislar porque no está en el ámbito de sus atribuciones.

Todas las consideraciones que quieran hacer para fortalecer los procesos electorales, para garantizar que el voto se respete y que los equilibrios sociales y ciudadanos se cumplan tienen que hacerse por otra vía, cambiando las leyes, no desde el consejo del IMPEPAC.

Hay acciones que pueden ser bien intencionadas, pero no son legales.

• redes sociales

Desde la salida de Karina Arteaga del Instituto Estatal Electoral (ahora IMPEPAC), quien tuvo que renunciar al puesto de Consejera Electoral por haber accedido al cargo con documentos falsos, no habíamos visto algo como lo que podríamos ver hoy si destituyen a la presidenta del IMPEPAC Ana Isabel León Trueba.

Karina Arteaga Gutiérrez, por cierto, está hoy vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de falsificación de documentos al haber expedido en el 2018 constancias ilegales para beneficiarios de las llamadas “Pensiones Doradas”.

Si alguien necesita armar un expediente chueco, ya saben a quien buscar.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

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