Seguridad, el pretexto de los recursos

Morelos vive una de sus peores crisis de seguridad, en 2020 fue primer lugar nacional (por cada 100 mil habitantes) en feminicidio, secuestro y robo a banco, segundo lugar en robo de autopartes y tercer lugar en robo a transportista, amenazas y robo de vehículo, en otros 10 delitos también se encuentra en los primeros diez lugares.

En 2021 las cosas no son distintas. Aunque ha descendido el secuestro y robo a transportista, al mes de mayo, se continúa en primer lugar nacional en feminicidio y robo a banco, el robo de autopartes, vehículos y la violación están en ascenso.

Año tras año escuchamos los mismos pretextos, “no hay recursos”, “los recursos son insuficientes”, “son insuficientes los elementos policiacos” y cantidad de discursos y pretextos que todos conocemos.

¿En verdad no hay recursos? Considero que principal problema es la forma de aplicar los recursos, la falta de transparencia y la corrupción que tiene a México entre los países con mayor percepción de corrupción.

En 2019 el presupuesto de la Fiscalía de Morelos aumentó 98% pasando de 370 millones en 2018 a 734 millones en 2019, 761 millones en 2020 y para 2021 tendrá 792 millones, con ello, la Fiscalía morelense dejó de estar en los últimos tres lugares nacionales a los primeros 10 lugares de porcentaje del presupuesto estatal invertido.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) -según las cuentas públicas- contó en 2019 con un presupuesto de 1,382 millones de los cuales tuvo un subejercicio (no gastó) de 89 millones, en 2020 su presupuesto fue de 1,599 millones y un subejercicio de 125 millones.

Así en 2020, las instituciones encargadas de la seguridad y persecución del delito contaron con 2,361 millones de pesos para su operación. ¿Se puede hacer algo con esos recursos? En mi opinión sí, el problema es que no está claro cómo se han usado esos recursos, si se invierten correctamente y si tienen resultados.

La Fiscalía reporta en la Plataforma Nacional de Transparencia sueldos brutos por 86 millones en el primer trimestre de 2021, pero en su cuenta pública se muestra un gasto de 125 millones, una diferencia de 39 millones. Su información financiera tiene datos duplicados, no se desglosa por partida y al solicitarle la información, continúa negándose a transparentar el detalle de sus gastos. De forma similar, tiene dos años negándose a entregar datos estadísticos de las carpetas de investigación sobre delitos. En el sitio www.datafeminicidiosmor.org muestra que sí pueden generar datos estadísticos de feminicidio, pero se niega a transparentar el resto de los delitos que puede ayudar a comprender mejor el comportamiento de este problema.

La Comisión Estatal de Seguridad también ha incrementado sus recursos, pero desconocemos cuáles son sus resultados. En 2019 el Gobierno del Estado ha realizado pagos por servicios y materiales por 328 millones de pesos, en 2020 por 414 millones y a junio de 2021 por 181 millones. La mayor parte de su inversión de 2019 a 2021 ha sido para pagar la operación de los dos helicópteros por aproximadamente 70 millones anuales, de los cuáles no sabemos cuáles son los beneficios de su uso. Por el servicio de alimentos institucionales se han ejercido 209 millones, 60 millones para la compra de vehículos, 35 millones para capacitación y 27 millones para equipo de defensa y seguridad.

En 2020 la CES contrató servicios para la colocación de equipamiento que permite detectar vehículos robados, por este servicio se pagaron 28 millones de pesos que se terminaron de pagar en julio de 2020, en los que el robo a vehículo tuvo un descenso hasta el mes de septiembre, pero en octubre nuevamente comenzó a incrementarse este delito y en 2021 se registra un récord con el mayor número de vehículos robados. En 2021 se roban en promedio 11 vehículos diarios y se recuperan 3. Una compra de 28 millones que no está dando frutos.

Los morelense contamos con cerca de 3,300 policías estatales y municipales, 597 habitantes para cada policía o 1.7 policías por cada mil habitantes, cuando deberíamos tener 5,521 policías (2.8 por cada 1,000 habitantes) y con sueldos brutos que van de los 4 mil a 16 mil pesos mensuales. Pocos estímulos para realizar su trabajo con responsabilidad y gusto.

En cambio, la oficina de la gubernatura gasta millones en comunicación con empresas y acciones patito que podrían utilizarse para la seguridad. La Secretaría de Movilidad y Transporte gastó y recaudó millones en placas vehiculares que serían utilizados para combatir el robo de vehículo. Adquirió licencias de conducir al proveedor más caro, al doble de la oferta del resto de los concursantes. Como éstos podemos encontrar decenas de ejemplos y resistencias a transparentar de la que se podrían obtener más recursos para seguridad.

¿Puede entonces el presupuesto ayudar a mejorar la seguridad? Creo que sí. Éstas son algunas acciones que podrían seguir la Fiscalía y la CES.

1. Cumplir con la publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
2. Genera información proactiva que permita a los ciudadanos conocer, por ejemplo, el número de policías o agentes ministeriales, su equipamiento y condiciones de vehículos, cámaras de seguridad, materiales de protección, entre otros.
3. Abrir información estadística de delitos y de resultados de operativos para combatirlos.
4. Cambiar las mesas para la construcción de la paz por mesas de verdadero diálogo, discusión, transparencia y revisión de resultados.

Por su parte el Congreso de Morelos debe hacer un verdadero ejercicio de evaluación del presupuesto y reducir sus recursos para asignarlo a la seguridad pública, por ejemplo 100 millones podría destinarlos para mejorar el sueldo de los policías y ampliar el número de elementos.

Los ciudadanos por nuestra parte, debemos avanzar en la supervisión y exigencia a las instituciones de seguridad tanto al gobierno estatal como el de los municipios que continúan ejerciendo presupuesto para seguridad.