Observador político - TEEM vs Congreso

El segundo ultimátum del Tribunal Estatal Electoral al Congreso en el que prácticamente obliga a los diputados a tomarle protesta oficial al legislador Arturo Pérez Flores como presidente de la Junta Política y de Gobierno tiene varias connotaciones de carácter político con miras al proceso del 2024, porque en automático, entre ellas, está el hecho de que en automático será el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Legislativo.

LA SENTENCIA.- Por tanto y derivado de la amenaza del órgano electoral al Poder Legislativo, so pena de volver a ser sancionados de no acatar la resolución con una multa superior a los $100 mil pesos para cada uno de los legisladores, recursos que tendrían que salir de sus dietas y no del presupuesto económico que tiene el Congreso.

Sin embargo, ante esta determinación y derivado de la intensa actividad que han tenido las magistradas, quizá comparada con lo que se vive en un proceso electoral, los representantes populares han anunciado que atenderán -no es que quieran- el resolutivo emitido por el pleno de las magistradas locales, a pesar de que hace meses que hicieron caso omiso y con ello, dieron los elementos para el fallo definitivo del TEEM.

Empero, aun y con la sanción económica que les impondrían por hacer caso omiso al fallo, lo que verdaderamente les caló y dolió a los parlamentarios es que, las tres magistradas: Marina Pérez Pineda, Ixel Mendoza Aragón y Martha Elena Mejía del TEEM, se hayan pronunciado a favor de que se les incluya en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género en contra de los diputados que incurrieron en actos graves contra los derechos de la legisladora Zavala Zúñiga y cuatro diputadas más que fueron destituidas de comisiones legislativas, por lo que se ordenó al INE e IMPEPAC dar vista la sentencia.

El simple hecho de saberse desde ahorita frenados o impedidos para continuar con su carrera política los paraliza, los puso a pensar y definir las estrategias que habrán de implementar para echar abajo jurídicamente esa sentencia que fue festejado por la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral como “histórico”. Estas acciones se suman a otras que se han implementado en contra por ejemplo, de Javier Estrada González, del Partido Verde por haber incurrido en violencia política de género.

Lo cierto, es que se ve hay “jiribilla” en las decisiones y pese a que el edificio del Tribunal Estatal Electoral es de color blanco, tal parece que se está pintando ya de guinda, la coloración de Morena, el partido en el poder.

LOS YERROS LEGISLATIVOS.- Insisto, el caso de Mirna Zavala Zuñiga, a quien le impidieron en su momento formar parte del grupo parlamentario de Morena a diferencia de Alberto Sánchez, éste último, quien fue el argumento para no permitirle la llegada de Arturo Pérez Flores y posteriormente, haciendo caso omiso a la petición, decidieron nombrar contrario al veredicto al diputado corrupto pide “moches”, Alejandro Martínez Bermúdez, como el coordinador de los morenistas en el Congreso y en automático, presidente de la Junta Política y de Gobierno. Todo esto, evidencia las pifias cometidas por los “asesores” de los diputados del G15 que decidieron enfrentarse con las magistradas y éstas, solo aplicaron lo que mejor consideraron en términos jurídicos.

Ahora, Arturo Pérez Flores quien estaba con los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a escondidas y en lo público juraba y perjuraba que no pertenecía a ningún grupo, solo a los 16 mil votos que le dieron sus conciudadanos en su distrito, hoy claramente ha cambiado su narrativa y ya no solo está con otro grupo de legisladores sino hasta con los de enfrente. Por lo tanto, él, estará tomando en las próximas horas la titularidad de ambos cargos.

Un punto medular, fu el que se le impidió, argumentan, a Mirna Zavala que se sumara a la bancada morenista el pasado 31 de enero, algo que no hicieron con Alberto Sánchez; y posteriormente, durante la sesión del 9 de febrero, con el voto del llamado G-15, le retiraron de las comisiones legislativas a cuatro diputadas de Morena y de Redes Sociales Progresistas.

En virtud de ello, el Tribunal Electoral local mandató al Congreso de inmediato, restituir a Arturo Pérez Flores al frente de la JPyG y para ello, le un ultimátum de 48 horas después de se les hizo la notificación la mañana del pasado jueves. Y van más lejos: "Se decreta el incumplimiento de la sentencia definitiva emitida por este tribunal definitiva emitida por este tribunal electoral el día 16 de diciembre de 2022 y se hace efectivo el apercibimiento hecho en dicha sentencia, atendiendo a lo cual se impone a las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento una amonestación”.

Lo grave, lo preocupante y que trasciende es que, dieron vista al Instituto Nacional Electoral (INE) para que se inscriba a la diputada Paola Cruz Torres, Alejandro Martínez y Macrina Vallejo, en el padrón de violentadores políticos con lo cual, los dejan sin posibilidades de contender por un cargo de representación popular para el próximo proceso electoral del 2024, solo en caso de que así quedara la sentencia. Aunque es un hecho que la van a combatir tras considerar los parlamentarios como un exceso.

Lo cierto es que si las magistradas ganan este tiro jurídico legal al tratar de hacer justicia desde el cargo que ostentan, se estará evidenciando su imparcialidad en el Tribunal Estatal Electoral; sin embargo, en caso de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y les dan la razón, los diputados, como algunos lo han manifestado no se quedarán de brazos cruzados para iniciar acciones como auditorías y revisiones al presupuesto de los últimos años. En esta lucha del TEEM vs Congreso, aún falta muchas historias por contar de uno y otro lado.

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