Observador político - Comparecencias, asesinatos e impunidad

Durante dos largos años, la Legislatura LV del Congreso de Morelos permitió -y con ello, legitimó- la opacidad como norma en materia de seguridad y procuración de justicia. Uno de los rostros más claros de este desdén institucional fue Uriel Carmona Gándara, exfiscal general del estado, quien durante cuatro semestres no se dignó a comparecer ante el pleno legislativo, a pesar de que la Constitución del estado lo obliga. ¿Cómo es posible que una figura clave para la justicia local operara con total autonomía de facto, sin rendir cuentas, sin explicaciones, sin control democrático y sin rendir cuentas de los dineros millonarios que percibía?

DE LA IMPUNIDAD INSTITUCIONAL A LA SIMULACIÓN TRANSPARENTE.- La respuesta es simple, pero alarmante: porque los diputados que integraron la Legislatura LV se lo permitieron, ya que se había convertido en el político, todo poderoso.

Ahora, con la llegada de la LVI Legislatura, se anuncia un cambio de rumbo. En primer término, se ha convocado -por primera vez de manera pública y formal- a comparecer al nuevo fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, y al secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, el próximo 18 de septiembre.

El Congreso promete que este será apenas el inicio de una dinámica institucional permanente de evaluación y rendición de cuentas. Esta es una noticia que, en el papel, debería celebrarse, pero también es una oportunidad para ejercer memoria crítica y no dejarnos llevar por fuegos artificiales institucionales.

MORELOS, 1ER LUGAR EN DIVERSOS DELITOS.- Morelos sigue figurando en los primeros lugares nacionales en delitos de alto impacto, especialmente en feminicidios, un crimen que no solo refleja el fracaso del Estado, sino también su negligencia estructural frente a la violencia patriarcal.

La situación exige mucho más que discursos: exige voluntad política, presupuesto, política pública con enfoque de género, y sobre todo, justicia con perspectiva social.

¿Será esta comparecencia un verdadero ejercicio de fiscalización democrática o un evento coreografiado para lavar la cara de las instituciones?

El diputado Rafael Reyes Reyes, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, ha planteado que no se trata solo de escuchar informes, sino de abrir un espacio de análisis crítico y revisión de resultados. La intención es buena, pero estas en política no bastan: se necesitan acciones medibles, sanciones reales para quienes incumplan, y una ciudadanía activa que observe, exija y se organice.

El Congreso analiza incluso que estas comparecencias sean cada seis meses para funcionarios clave como los titulares de Seguridad, Salud y Educación. Si esto se concreta con criterios claros de evaluación y consecuencias para la ineficiencia, podría sentar un precedente importante no solo en Morelos, sino en el país.

IMPUNES LOS CASOS DE GABRIELA, MARCO Y ROBERTO FIGUEROA.- La comparecencia del nuevo fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, debería ser más que un acto de protocolo, puesto que puede ser una oportunidad real para rendir cuentas sobre el silencio criminal que ha imperado en Morelos durante los últimos años. Un silencio que no es inocente ni casual, sino parte estructural del deterioro institucional que convirtió al Estado en cómplice de la barbarie.

Porque no se trata solo de cifras o expedientes empolvados; se trata de personas con rostro y nombre: Gabriela Marín, diputada local; Marco Alvear, presidente del IMIPE; Roberto Figueroa, periodista. Tres crímenes cometidos con brutalidad quirúrgica, a plena luz del día, en zonas públicas y vigiladas. Tres asesinatos que, lejos de ser resueltos, se hundieron en la impunidad administrada por el exfiscal Uriel Carmona Gándara y tolerada por el exgobernador Cuauhtémoc Blanco.

Estos crímenes no solo son parte de la violencia cotidiana que lacera al país; son mensajes políticos, ya que fuero ejecuciones simbólicas: Matar a una diputada, a un funcionario de transparencia y a un periodista no es casualidad: es una declaración de poder por parte de quienes operan en la sombra y que durante el gris y corrupto gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo jamás se hizo nada para esclarecerlos y castigar a los responsables materiales y a los intelectuales. Es importante, hacer un recordatorio de que en Morelos se puede asesinar a cualquiera sin consecuencias, y que el Estado, lejos de impedirlo, observa en silencio.

Uriel Carmona, en su momento, sentado frente a la prensa en sus oficinas en Temixco, se atrevió a decir que existían avances en las investigaciones, pero esas declaraciones no fueron más que anestesia mediática: hoy no hay detenidos, no hay sentencias, no hay justicia. Solo cadáveres y discursos vacíos. ¿Qué fuerzas se cruzaron en la fiscalía para detener las investigaciones? ¿Qué tanto se pactó entre el poder político y el crimen organizado? ¿Y quién paga las consecuencias de esa omertá institucional? La sociedad.

EL SEXENIO DEL CUAH, EL PEOR EN LA HISTORIA DE MORELOS.- Durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco, Morelos dejó de ser un Estado de derecho para convertirse en un territorio de simulación y barbarie, por ello, especialistas en la materia, aseguran que fue el peor en la historia del estado.

La descomposición institucional no solo se profundizó: se volvió norma. Mientras el exgobernador se dedicaba a administrar su imagen pública y sus alianzas políticas, la violencia crecía y las estructuras de justicia eran vaciadas por dentro. Hoy, hablar de seguridad o justicia en Morelos es una ofensa a la memoria de las víctimas.

GABRIELA.- La ejecución de Gabriela Marín, en octubre de 2022, expuso las entrañas podridas del sistema político local. Una diputada que llegó a su curul tras una cadena de impugnaciones vergonzosas, en un Congreso tomado por oportunistas disfrazados de minorías. Un crimen que incomodó al poder y que, por eso mismo, no encontró eco ni justicia. Su muerte fue tratada como un trámite más en el expediente del olvido.

MARCO ALVEAR.- Lo mismo ocurrió con Marco Alvear, asesinado en marzo de 2024. Un funcionario que dirigía el organismo encargado de garantizar la transparencia en el estado, abatido en plena calle. ¿Qué mensaje más claro se necesita para entender que en Morelos el poder no tolera la rendición de cuentas?

ROBERTO.- Y finalmente, Roberto Figueroa, periodista, secuestrado y asesinado en abril de 2024. Un crimen atroz que refleja la desprotección absoluta que enfrentan los comunicadores en México. Su muerte se suma a los más de 44 periodistas asesinados durante el sexenio de López Obrador, según datos de Artículo 19. Porque en este país, informar es una sentencia de muerte, y denunciar al poder —político o criminal— es cavarse la tumba.

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