Observador político - Por el respeto y reconocimiento a los y las maestras de Morelos en su día

Por décadas, el magisterio mexicano ha sido columna vertebral de la transformación social en los barrios, ejidos, comunidades indígenas y colonias populares, empero, esa función histórica -esencial para construir una ciudadanía crítica-, ha sido sistemáticamente desvalorizada, atacada y precarizada. Por eso, hoy, más que nunca, es urgente levantar la voz por nuestras maestras y maestros que son quienes educan, cuidan y resisten ante una sociedad disfuncional.

LA DEUDA CON QUIENES SOSTIENEN LA EDUCACIÓN PÚBLICA.- La falta de respeto hacia el magisterio no es un fenómeno aislado ni cultural por accidente, es parte de un modelo que tal parece, busca convertir la educación en mercancía y al docente en un operador sin autonomía; aunado a la desvalorización que se suma a un contexto social profundamente adverso, es decir: violencia estructural, familias rotas por la pobreza y una cultura del individualismo que se ha infiltrado en las aulas.

De ahí que la percepción pública del magisterio como una profesión "de segunda" -mal remunerada, sin prestigio y cargada de responsabilidades imposibles- no nace sola; más aún, porque se ha construido desde arriba, sí, desde gobiernos que criminalizaron la protesta docente, desde medios de comunicación que satanizaron a los sindicatos democráticos, y desde reformas educativas que apostaron por la evaluación punitiva antes que por el acompañamiento pedagógico.

Ate este negro panorama, las consecuencias son evidentes: el ambiente escolar se deteriora, la autoridad pedagógica se diluye, la salud mental del magisterio se quiebra y surgen las interrogantes de ¿Cómo exigir respeto cuando ni siquiera se garantiza un salario digno o condiciones básicas de trabajo?

Por eso es la importancia de defender a las y los docentes no solo como trabajadores, sino como agentes transformadores de la realidad social, es urgente y necesario recuperar el respeto hacia ellos porque no se logra con discursos vacíos ni con campañas publicitarias, sino con acciones concretas:

En primer término, es importante invertir en su formación, no para "actualizarlos" tecnocráticamente, sino para fortalecer su papel emancipador; además de garantizar que sus condiciones laborales sean dignas, con estabilidad, salarios justos y oportunidades reales de desarrollo profesional. Además, se debe de promover una formación ética en niñas, niños y jóvenes, que incluya el respeto al otro, el valor del trabajo colectivo y el reconocimiento a quien enseña; combatir frontalmente la violencia escolar y la deserción, consecuencias directas de un sistema desigual que abandona a sus jóvenes y a quienes los forman; y, crear una infraestructura escolar que respalde el aprendizaje, no que lo obstaculice porque la escuela pública es uno de los últimos espacios donde aún se puede soñar con una sociedad más justa.
Sin embargo, ese sueño solo es posible si quienes enseñan son también respetados, cuidados y escuchados, por lo que defender al magisterio es defender la posibilidad de un país más digno, más libre y verdaderamente democrático.

LA LEY PARA FRENAR LAS DENUNCIAS SIN PRUEBAS.- Actualmente, en el Congreso de Morelos se cocina una iniciativa que busca proteger los derechos de las y los trabajadores de la educación frente al linchamiento mediático y social que muchas veces sufren tras ser acusados -frecuentemente sin pruebas- de violencia escolar, abuso sexual, acoso o maltrato.

De ahí que el espíritu de esta propuesta, la llamada Ley PROTEM, tiene un mérito innegable: poner el foco en la presunción de inocencia del magisterio y en la necesidad de frenar la criminalización sin juicio previo que hoy campea en redes, medios y pasillos escolares.

Pero conviene ir más allá del síntoma, debido a que esta ley, aunque loable en su forma, también es testimonio de un sistema educativo colapsado por décadas de abandono, desconfianza y políticas sin estrategia porque convirtieron al maestro en chivo expiatorio de una sociedad cada vez más desigual, violenta y rota.

Sobre todo porque el magisterio mexicano no sólo carga con la responsabilidad de educar en un país donde el Estado ha claudicado su deber de garantizar condiciones mínimas de bienestar; sino que también enfrenta diariamente el deterioro de la autoridad pedagógica, el desprestigio público y ahora, la posibilidad de ser acusado y destruido socialmente por un señalamiento sin pruebas. Un ejemplo de ello, la maestra “Tere” en Querétaro es sólo un botón de muestra de una problemática mayor, que exige un cambio estructural más allá de medidas correctivas.

A FAVOR DE NO DEFENDER LO INDEFENDIBLE.- Pero atención, el debate no debe polarizarse entre “defender maestros” y “escuchar a los alumnos”, porque ese falso dilema sólo sirve a quienes prefieren dividir para seguir administrando el caos. Es decir, es también necesario reconocer que hay denuncias falsas y que se ha normalizado el juicio mediático sin pruebas no significa negar que sí existen casos reales de violencia, acoso y abuso sexual en las escuelas, las cuales en automático deben ser denunciados, investigados y sancionados con todo el peso de la ley.

Lo que la iniciativa en Morelos parece entender -y ahí está su principal virtud- es que el sistema actual es incapaz de ofrecer justicia a ninguna de las partes, por ejemplo los maestros son señalados sin sustento, pero también hay víctimas reales que encuentran puertas cerradas, dilaciones eternas y revictimización, en gran medida por la ausencia de protocolos claros, el desmantelamiento institucional y la falta de formación tanto de docentes como de autoridades para manejar estos conflictos hacen del aula un campo minado.

Por tanto, no basta con leyes de protección y es ahí donde urge reconstruir el tejido social que se rompió cuando el Estado abandonó a las comunidades, privatizó los servicios básicos, destruyó los sindicatos combativos y convirtió al maestro en empleado precarizado más que en formador crítico.

Hoy la figura del maestro, antaño respetada y central en la vida comunitaria, ha sido reemplazada por una caricatura burocratizada, vigilada y sospechosa.

Sí, hay que proteger a los y las docentes, pero también hay que devolverles la capacidad de ser líderes sociales, sujetos políticos, actores comunitarios y eso no se logra solo con leyes, sino con un proyecto educativo nacional que recupere el sentido profundo de enseñar: construir ciudadanía, formar pensamiento crítico y combatir las violencias desde la raíz, no sólo en su expresión sintomática.

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