Observador político - Morelos enrarecido

A pesar de todos los señalamientos contra políticos, acusaciones de corrupción y vínculos con grupos del narcotráfico en Morelos no pasará absolutamente nada. Acaso continuarán los dimes y diretes, los cuales sin embargo, se irán intensificando mediáticamente de cara al proceso constitucional del 2024.

EN MORELOS, NO PASA NADA.- Lo cierto, es que en Morelos desde hace años quienes aquí vivimos sabemos a través de la información que se ha difundido en los diferentes medios de comunicación que tanto alcaldes, diputados locales y federales, senadores así como diversos servidores públicos y dirigentes de los partidos políticos han tenido nexos de una u otra forma con diversas células delictivas, es decir, con el crimen organizado. Lo grave y preocupante han sido las ejecuciones perpetradas contra algunos alcaldes por grupos criminales como sucedió con Gisela Mota en Temixco y recientemente en Xoxocotla, al edil indígena Benjamín López Palacios.

De ahí la urgencia de que se realicen no solo las investigaciones sino las detenciones. Empero, que las pláticas entre ciudadanos son cada vez más más recurrentes la percepción que se tiene respecto de la grave violencia que vivimos casi de forma cotidiana en la entidad, por lo tanto, hoy cuando muchos políticos de casi todos los partidos han sido señalados lo único que se pregunta uno es: ¿Por qué no actúa, los detiene y mete a la cárcel la Fiscalía General de la República?

La sociedad demanda, exige a la FGR que de un golpe contundente a través de acciones y no de declaraciones. De acuerdo a los especialistas en el tema y abogados consultados, este es el momento preciso para definir una ruta y evitar que cada día se enrarezca más el estado por la situación derivado de los señalamientos y  ataques mutuos entre actores políticos.

Hoy, es justamente el tiempo preciso para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ponga orden en el estado y le dé certidumbre jurídica, política y social de una vez por todas a este destrozado estado de Morelos que no ha logrado, desgraciadamente, un desarrollo real, efectivo y progresivo en favor de sus ciudadanos, en muchos de los caso por lo corrupción precisamente de sus actores y los vínculos con grupos delincuenciales. Todo hace indicar se ha ido mezclando entre la clase política. Al menos así lo indican las imágenes que se han difundido con diversos representantes populares y lo peor, es que pese a ello no pasará absolutamente nada.

Los tiempos de las instancias federales como la FGR tal parece ya llegaron. Si no hace nada esta dependencia en estos tiempos turbulentos no lo hará en un futuro y por tanto, contribuirá en gran medida a esta severa descomposición social y que aún está a tiempo de no convertirse en un estado donde en muchos municipios no impere la ley como ocurre actualmente en estados como Michoacán, Guerrero y Sinaloa, entre otros donde la fuerza y presencia del narco es de tal envergadura que difícilmente pueden hacer algo para frenarlos las autoridades federales y estatales.

La gente, insisto, los morelenses ya están cansados de escuchar declaraciones de que “van a investigar”, “que van actuar”. No, ya no. Es urgente y así se hace evidente que haya acciones y reacciones que además de presencia actúen, detengan y encarcelen a los políticos vinculados con el narco. La Fiscalía General de la República lo mismo que la Fiscalía de Morelos, deben actuar y dejarse de tanta pasividad, negligencia, corrupción, complicidad, omisión e impunidad. La sociedad sigue esperando resultados. ¡Ya basta ya de actos demagógicos!

Para quienes aquí vivimos es recurrente saber y conocer de delitos de alto impacto y en su mayoría, todos los casos sin resolver. La impunidad a su máxima capacidad. Además de la FGR debe tener ya la suficiente información luego de las denuncias del gobernador y de los propios diputados quiénes decidieron presentarlas precisamente para que se investigue el tema, pero sobre todo tratar de evitar que sean casos impunes.

IMPUNIDAD AL 100%.-Han pasado prácticamente tres meses del operativo sorpresa en el poblado de Oaxtepec, en el municipio de Yautepec donde personal de la Secretaría de Marina (Semar) logró la detención de Esther Yadira “N”, alias “La Jefa”, quien se hacía llamar Rosario Herrera, presunta líder del cártel delictivo denominado Guerreros Unidos, quien apareció en imágenes con varios actores políticos que en automático se deslindaron de ella y que pasado a la fecha, nada. Absolutamente nada.

Tras su detención, trascendió que habría varios políticos aprehendidos porque la Jefa ya “había cantado” y otra vez, no pasó nada. Su detención y así queda en hechos, no sirvió para maldita la cosa y quizá solo para seguir conservando información valiosa de forma interna.

Personajes como el senador Ángel García Yáñez, de quien se dijo era su pareja, se desligó en automático de Rosario Herrera. Lo mismo sucedió con Luz Dary Quevedo Maldonado y su esposo; y muchos otros personajes más que aparecieron y como todo mundo, argumentaron que se tomaron una foto sin saber quién era. Algo que está de moda con las imágenes que se han filtrado con otros delincuentes que incluso han sido asesinados.

EL REGRESO DE GRACO.- Físicamente el exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu desde que concluyó su gobierno hace tres años se autodesterró de Morelos físicamente pero sigue maniobrando a través de diversos diputados y funcionarios incrustados en diversas dependencias como con el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, entre otros.

Además, con la injerencia de Alberto Capella Ibarra el regreso de Graco Luis es más que evidente, no sólo en medios nacionales sino locales y es a través de las redes y personal con las que el tabasqueño trabajó con las mismas con quienes sigue operando y teniendo relación en la entidad.  

De igual manera varios de estos sujetos están incrustados en el Poder Legislativo desde no será nada extraño que continúen la  guerra con el Ejecutivo, sin importar el descredito en el que tienen sumergida a la Cámara de Diputados, desde donde será el punto de resonancia para seguir alimentando este debate y enfrentamiento político con miras a las elecciones del 2024.

El excomisionado de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, no es tonto, de ninguna manera, sabe muy bien de lo que habla y más cuando le han dado los argumentos para reactivar su vida política en calidad de activista, justamente el papel que desempeñó Graco Luis en tiempos de Jorge Carrillo Olea. Ustedes saben el desenlace de la historia. Sin embargo, Capella también tiene un negro pasado.

Basta recordar cuando acudió a comparecer ante la LIII Legislatura Local, donde acusó que 13 de los 33 alcaldes de Morelos pagaban entre 50 mil a 100 mil pesos mensuales a grupos del crimen organizado como "derecho de piso" para dejarlos trabajar.

Lo sospechoso para él fue que los alcaldes no denunciaron la extorsión de que eran objeto y por tanto, dijo que eran “colaboradores de la delincuencia organizada”. Lo mismo sucedió con diputados de la Legislatura LIII, a quienes en los mismos términos dijo que formaban parte de los grupos criminales. Lo mismo hizo con Enrique Alonso Plascencia, ex alcalde de Tlaquiltenango (actualmente director del Idefomm) a quien después detuvieron pero fue liberado por falta de pruebas. Otra vez, al final no pasó absolutamente nada, no se detuvieron y menos castigaron a ningún presidente municipal o parlamentario, solo quedó en señalamientos que no trascendieron más que en lo político. Y así fue durante su estancia de Capella en Morelos.

Los municipios que hizo alusión incluso de sostener una guerra por las plazas desde aquél entonces fueron: Xochitepec, Huitzilac, Tlalquiltenango, Emiliano Zapata, Cuautla, Temixco, Tlaltizapán, Miacatlán, Coatlán del Río y Cuernavaca, en donde las autoridades federales y de la CES han detectado vínculos con síndicos, regidores o emisarios de los alcalde para concretar "negociaciones".

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