Observador político - Más cuestionamientos en el proceso de designación de magistrados
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
El reciente proceso de elección de magistrados en el Poder Judicial de Morelos está dejando en evidencia una marcada disparidad en la preparación académica de los diputados encargados de tomar esta decisión; en un escenario donde la escasa formación académica es una preocupación compartida por varios sectores de la sociedad, incluyendo abogados y defensores de la transparencia, la opacidad en el desarrollo de selección ha levantado fuertes cuestionamientos.
LEGISLATURA IMPREPARADA.- De los 20 diputados hombres y mujeres que integran la legislatura 55, apenas una cuenta con una maestría, mientras que la mayoría se conforma con licenciaturas y bachilleratos; este desequilibrio ha generado inquietud entre aquellos que aspiran a ocupar una de las 10 magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, debido sobre todo a que muchos de los cuales ostentan títulos de licenciatura, maestrías, doctorados y posgrados.
Es decir, las y los diputados salvo sus honrosas excepciones, no tienen la calidad ni la preparación académica como para estar cuestionando, supervisando el trabajo o desempeño de la mayoría de quienes aspiran a ser togados en el Poder Judicial de Morelos, máxime en temas tan complejos de los cuáles incluso no tienen idea porque tienen que ver con el orden jurídico y la impartición de la justicia como por ejemplo: “Los retos actuales de la administración de justicia; propuesta para reformar la pensión alimenticia; acogimiento familiar (preadopción), y sus alcances en Morelos; las mujeres y su derecho de participación en el ámbito político; la ética judicial como pilar de la justicia en Morelos y la Imprescriptibilidad de la reparación del daño a la que supuestamente fueron sometidos por un reducido grupo de diputados que todo hace ver que ya tienen a sus respectivas propuestas para esos cargos tan importantes en la entidad.
Incluso, Alejandro Martínez Bermúdez, es el presidente del Órgano Político Calificador y quién aunque usted no lo crea y a pesar de no contar con ninguna profesión, es el presidente de la Junta Política y de Gobierno así como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso y uno de los que hace las entrevistas, al menos, tuvo la honestidad de reconocer “la amplia riqueza de temas” que presentaron en sus ensayos, y admitió que el proceso de evaluación “será arduo” aunque éstos no llevan más que escasos minutos cuando tendrían que ser incluso horas por lo interesante de lo que plantean en sus proyectos todos y cada uno de los aspirantes.
Por lo tanto, todo hace indicar que sólo están cumpliendo con uno de los requisitos que son las entrevistas para evitar no ser impugnados.
GRADOS ACADÉMICOS DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA LV.- Las diputadas Érika Hernández Gordillo de Redes Sociales Progresistas, cuenta con apenas la instrucción básica, ya que solo tiene la secundaria (de acuerdo a la página de transparencia Morelos Rinde Cuentas); Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, de Morelos Progresa, quien cuenta con un certificado parcial de licenciatura del CIES; Tania Valentina Rodríguez Ruíz, cuenta con preparatoria; Ángel Adame Jiménez, tiene carrera trunca como contador público; Óscar Armando Cano Mondragón, con licenciatura en el Instituto Tecnológico de Monterrey, pero no cuenta con cédula profesional de acuerdo a la página de transparencia; Alberto Sánchez Ortega, tampoco concluyó la licenciatura en la Universidad Valle de México; la diputada indígena Macrina Vallejo Bello, cuenta con bachillerato; Arturo Pérez Flores, también tiene la educación preparatoria; Agustín Alonso Gutiérrez aspirante a la gobernatura del Estado de Morelos por el partido de Nuevo Alianza, asegura contar con universidad y haber estudiado en la universidad Aztlán pero no cuenta con cédula profesional.
Mientras que Paula Cruz Torres es maestrante del Centro de Estudios Políticos y Sociales; Luz Dary Quevedo Maldonado, es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas; Verónica Anrubio Kempis, tiene Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad La Salle; Eliasib Polanco Saldívar, es licenciado en Derecho de la UNIVAC; Julio César Solís Serrano tiene Licenciatura en Derecho; Mirna Zavala Zúñiga, tiene licenciatura en Derecho del Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos y maestría en Derecho, con terminación penal de la Universidad autónoma del Estado de Morelos; Francisco Sánchez Zavala, el presidente del Congreso del estado, es ingeniero del Instituto Tecnológico de Cuautla; Ariadna Barrera es licenciada en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Zacatepec; Verónica Anrubio Kempis, cuenta con Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad La Salle; Julio César Solís Serrano, es licenciatura en Derecho; Edi Margarita Soriano Barrera, igual, es abogada egresada de la Escuela Superior de Cuautla.
Hay que decirlo, que el proceso se está desarrollando a una velocidad inusual, vertiginosa por lo que ha dejado perplejos a quienes esperaban una elección justa y basada en el mérito por lo que, ha sido considerado como lamentable que un grupo de legisladores, que no ha alcanzado un nivel educativo más allá del bachillerato o, en algunos casos, de la licenciatura, tenga en sus manos la responsabilidad de evaluar a 245 aspirantes altamente preparados.
La demanda de transparencia y democratización en este proceso es un llamado legítimo que resuena entre diversos sectores de la población; y es que, la educación y la preparación académica deben ser criterios fundamentales en la elección de magistrados, y esta elección en Morelos pone de manifiesto la urgente necesidad de repensar el sistema y asegurar que los cargos judiciales sean ocupados por los más capacitados, no por decisiones apresuradas o intereses ocultos.
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