Observador político - Fuego amigo en la ESAF

Desde hace años, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado ha sido una pieza clave —y altamente sensible— en el entramado institucional. Su papel como organismo fiscalizador, encargado de revisar el uso de recursos públicos por parte de la administración estatal, los 36 municipios, organismos paraestatales y entes privados que manejan fondos públicos, la coloca en el centro de la vigilancia anticorrupción. Por eso, las recientes acusaciones contra su titular, José Blas Cuevas Díaz, no pueden tomarse a la ligera… aunque tampoco pueden analizarse sin considerar el contexto político que las rodea y menos aún, cuando no hay denuncia penal al respecto.

EL ESCÁNDALO POLÍTICO.- El escándalo estalló tras la publicación de un reportaje en El Universal, que exhibe presuntos vínculos de Cuevas Díaz con una red de corrupción al interior de la ESAF. Las imputaciones son graves y, sin duda, el funcionario deberá responder con hechos, no solo con declaraciones. Pero lo que también es cierto —y no se debe perder de vista— es que esto huele a fuego amigo.

Los ataques mediáticos provienen, según ha trascendido, de exfuncionarios recientemente cesados, en especial de la exdirectora de Administración, Giovanna María González Cerezo, sobre quien sí al parecer, si existe una denuncia penal por presuntas faltas graves como abuso de funciones y uso de recursos humanos con fines personales. Mientras tanto, contra Cuevas Díaz no existe, hasta ahora, ninguna denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que encabeza Leonel Díaz Rogel.

El patrón es claro: salieron funcionarios, llegaron nuevos, y empezó el ajuste de cuentas. La denuncia contra González Cerezo podría ser apenas el principio de una limpia mayor, o el detonante de una guerra intestina. Lo cierto es que varios de los señalados como responsables de filtrar información pertenecen al círculo político que dominaba la ESAF y que hoy se encuentra desde otras trincheras, incluyendo curules federales en San Lázaro en la Ciudad de México.

En paralelo, el Congreso designó a Jeniffer Pulgarín Martínez como nueva titular del Consejo de Vigilancia de la ESAF. Ex tesorera municipal en Totolapan y colaboradora cercana del diputado morenista Sergio Livera Chavarría, su nombramiento forma parte de una renovación institucional más amplia: cinco áreas clave fueron reconfiguradas con funcionarios que, según el discurso oficial, cumplen con criterios de idoneidad y experiencia profesional.

LA DISPUTA POR EL CONTROL.- Esta renovación no ha estado exenta de sospechas, pero también revela algo evidente: hay una disputa por el control político del órgano fiscalizador. El relevo de figuras clave, avalado por la Junta Política y de Gobierno del Congreso, puede leerse como una apuesta por fortalecer la independencia de la ESAF.

Lo que no se puede permitir es que la fiscalización —que debe ser un instrumento para combatir la corrupción— se convierta en un campo de venganza política y manipulación mediática. Si hay delitos, que se investiguen. Si hay culpables, que se sancionen. Pero también se deben de seguir los cauces de las denuncias penales presentadas contra ex servidores públicos para evitar un daño que se hace constante y permanentemente cuando se consolida la impunidad de servidores públicos que hayan violentado la Ley y que lo único que se hace, es despedirlos sin que enfrenten las consecuencias jurídicas de su actuar.

En este momento, José Blas Cuevas Díaz tiene la responsabilidad de probar su inocencia y sostener su cargo con resultados verificables. Pero también la clase política tiene la obligación de dejar que las instituciones hagan su trabajo sin convertirlas en botines ni trincheras de revanchismo.

Porque cuando la fiscalización se vuelve arma política, el mensaje que se manda es claro: la rendición de cuentas es opcional, y el poder se impone a la verdad.

SILENCIO PESE A DENUNCIAS PENALES DE CUERNAVACA CONTRA EX EDIL.- Mientras el gobierno de Cuernavaca intenta levantar los escombros de la corrupción heredada, las instituciones encargadas de sancionar los abusos del pasado se sientan cómodamente en la inacción. Desde octubre de 2022, el alcalde José Luis Urióstegui —exlitigante, expresidente de la Barra de Abogados, y conocedor del andamiaje legal— ha presentado al menos 40 denuncias contra la administración de Antonio Villalobos Adán. ¿Y qué ha pasado? Nada. Silencio y simulación.

No hablamos de documentos improvisados o acusaciones endebles. Las carpetas fueron presentadas con sustento jurídico, con pruebas extraídas de los propios procesos de entrega-recepción, donde se documentaron omisiones graves en el ejercicio del cargo. Y sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ha preferido mirar hacia otro lado. ¿Por qué? ¿A quién protege?

Lo que debería escandalizarnos es que esta parálisis institucional no es excepcional: es estructural. En este país, la Fiscalía que investiga la corrupción casi nunca incomoda al poder. No es una herramienta para defender a la ciudadanía, sino una pieza más del aparato que perpetúa la impunidad. Es la burocracia como blindaje de la élite política.

Y mientras las denuncias duermen el sueño de los justos, el actual gobierno municipal se topa con nuevas evidencias del saqueo institucionalizado: más de 800 licencias falsas de comercio —incluyendo 300 de comercio ambulante y 500 de giros establecidos, algunos de venta de alcohol— circulan desde al menos 2015. Son permisos vendidos o regalados como favores políticos, sin control, sin refrendo y sin el más mínimo respeto por la ley.

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