Observador político - ¿Justicia a golpes? la podredumbre del Poder Judicial en Morelos

En Morelos, el Tribunal Superior de Justicia se ha convertido en un campo de batalla que poco tiene que ver con la legalidad, la ética o la defensa de los derechos de la ciudadanía; y es qué, el conflicto entre los magistrados Luis Jorge Gamboa Olea y Juan Emilio Elizalde Figueroa no es nuevo, pero en las últimas semanas ha alcanzado niveles bochornosos que bordean el espectáculo: faltan solo los golpes físicos para que la tragicomedia institucional sea completa.

GAMBOA OLEA VS ELIZALDE FIGUEROA.- Este enfrentamiento, que se arrastra desde hace años, no es simplemente una diferencia de visiones, lo que está de fondo es una pugna por el poder, el control del aparato judicial y, sobre todo, por la administración opaca de recursos públicos. Juan Emilio ha sido un crítico frontal de la gestión de Luis Jorge, denunciando la falta de transparencia en el manejo financiero del Poder Judicial, lo que evidencia una práctica común en las cúpulas del Estado: la administración discrecional del dinero que proviene del bolsillo del pueblo.

Pero en lugar de abrirse a la rendición de cuentas, Gamboa Olea respondió como lo hacen los caudillos atrincherados: castigó a su opositor mandándolo a una Sala en Cuautla, como si el Poder Judicial fuera una finca personal. Hoy, sin ostentar legalmente la presidencia, Gamboa sigue utilizando las oficinas de la presidencia y vehículos blindados como si aún fuera el representante oficial del Poder Judicial. Una burla más al principio republicano de rotación y alternancia en el poder.

Este tipo de prácticas no solo deslegitiman a las instituciones judiciales: las vacían de contenido democrático. ¿Qué clase de justicia puede esperarse de un órgano donde impera la revancha, el amiguismo y la apropiación de los recursos públicos? ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando quienes deben impartir justicia se comportan como caciques en guerra?

La justicia no puede seguir siendo rehén de las ambiciones personales de quienes han hecho del cargo público un privilegio privado, por ello, urge una reforma judicial profunda, con mecanismos ciudadanos de fiscalización, transparencia absoluta en el uso de los recursos y la elección democrática de los magistrados; porque mientras los magistrados se reparten el poder entre gritos y amenazas, el pueblo sigue esperando justicia en una sala que nunca llega.

JUSTICIA SECUESTRADA: PODER, PRIVILEGIOS Y MILLONES.- Mientras en Morelos miles de personas esperan justicia, las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) protagonizan una disputa digna de una tragicomedia, pero financiada con recursos públicos.

Y es qué, el verdadero motor de su pugna no es otro que el control del presupuesto millonario del Poder Judicial y el haber de retiro que buscan obtener los 22 magistrados y 60 jueces la nada despreciable cantidad de mil 700 millones de pesos como liquidación por su “honorable” e “incansable” labor que hasta el momento han realizado.

Basta con recordar que el Congreso del Estado de Morelos aprobó para este año un paquete económico para 2025 de más de mil millones para el Poder Judicial. Sin embargo, esto no es suficiente para la alta burocracia togada: el TSJ solicitó en su momento 1,422 millones, es decir, 469 millones más, apelando al supuesto mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a ajustar su presupuesto al 4.7% del total estatal. Pero, ¿para qué quieren tanto dinero si la justicia sigue siendo lenta, clasista y opaca?

Mientras miles de mujeres no pueden acceder a una defensa legal efectiva, campesinos enfrentan juicios sin traductores, y las víctimas de violencia esperan meses por una audiencia, los magistrados discuten quién se queda con las oficinas de la presidencia y con las camionetas blindadas. Jorge Gamboa, que ya no es presidente, sigue utilizando los beneficios del cargo como si el Tribunal fuera su feudo. Una vez más, el poder judicial se revela no como un órgano garante de derechos, sino como un coto de privilegios.

Lo más grave es que este desorden institucional, urge que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización supervise el gasto económico al igual que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para exigir transparencia y rendición de cuentas así como sancionar los presuntos malos manejos financieros que en el fondo, también es parte del enfrentamiento porque un grupo de magistrados quiere que haya “borrón  y cuenta nueva” con quien llegue a presidir la titularidad del Poder Judicial.

HUMBERTO GARDUÑO GARCÍA.- El próximo domingo 1 de junio se efectuarán las elecciones para renovar el Poder Judicial federal, en Morelos como en todo el país la ciudadanía podrá emitir su sufragio y elegir al candidato que mejor le parezca a los distintos cargos que están en contienda.

Por lo que ví, escuché y conocí en campaña, considero que Humberto Carlos Garduño García, candidato a magistrado de Circuito en materias Penal y Administrativo por el Distrito 1 del Estado de Morelos, merece el mayor de los éxitos.

Humberto Garduño es morelense de nacimiento, con una limpia y brillante trayectoria profesional y una amplia preparación académica, que lo hace apto para desempeñar el cargo judicial por el que contiende.

Durante este tiempo, tuve oportunidad de estar al tanto de la campaña de Humberto Garduño y sus propuestas son serias, sólidas y propositivas con su lema "La justicia más cercana a la gente".

En razón de ello, espero que los electores de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata y Temixco, acudan el próximo domingo a las urnas para en la boleta de color ROSA, respalden a Humberto Garduño.

Y es qué, Morelos merece tener en el Poder Judicial de la Federación a servidores públicos que estén a la altura de las circunstancias del momento.

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El conflicto por la presidencia ha evidenciado una profunda división entre los magistrados, que ha impedido el desarrollo de sesiones ordinarias y extraordinarias desde hace varios días. La magistrada Alejandra Hernández García ha insistido en la necesidad de priorizar el diálogo por encima de los intereses personales o de grupo, y buscar alternativas que permitan destrabar el proceso de elección.

Sin embargo, la postura firme de algunos magistrados como Elizalde Figueroa y Hurtado Delgado ha sido que todo acuerdo debe formalizarse exclusivamente dentro del Pleno, respetando los cauces institucionales. “No se trata de llegar a acuerdos en lo oscurito, sino de actuar con transparencia y conforme a la ley”, refirió una fuente cercana al magistrado Elizalde.

Mientras tanto, trabajadores del Tribunal manifestaron preocupación por el retraso en sus pagos y pidieron a los magistrados cumplir con su responsabilidad para evitar una crisis mayor.