Observador político - El Haber de Retiro, un escándalo de impunidad en el TSJ

En un contexto de crisis económica y creciente inestabilidad laboral, la reciente aprobación del Haber de Retiro para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos se erige como una muestra palpable de los excesos que se perpetúan en las esferas del poder. Este nuevo beneficio, que asegura una pensión de hasta el 70% de su salario actual—ganan más de 100 mil pesos mensuales—, no solo parece un acto de egoísmo institucional, sino también un insulto a la población que lucha por sobrevivir en medio de la incertidumbre económica.

GARANTIZAN MAGISTRADOS SU FUTURO ECONÓMICO.- La reforma, impulsada tras la modificación del Poder Judicial Federal por parte de diputados de Morena y sus aliados, garantiza a magistrados, muchos de los cuales fueron designados hace menos de un año, una estabilidad financiera que se les niega a miles de ciudadanos en la entidad. Mientras la mayoría de la población se enfrenta a un futuro incierto, donde el desempleo y los salarios bajos son la norma, los magistrados se blindan con este privilegio, asegurando su bienestar a costa de los contribuyentes.

Los datos son alarmantes. La implementación del Haber de Retiro podría costarle al estado de Morelos hasta mil 700 millones de pesos, esto plantea serias preguntas sobre la gestión de recursos en un momento en que la administración pública debería centrarse en atender las necesidades básicas de la ciudadanía, en lugar de proteger a una élite judicial que, además, se ha visto envuelta en conflictos internos permanentes.

La crítica de Omar Alexandro López Ortiz, presidente de la Asociación de Ministerios Públicos y Exagentes del Ministerio Público de Morelos, resuena con fuerza: aunque la aprobación no es ilegal, hay una falta de control que invita a la reflexión sobre la ética de esta decisión. ¿Cómo es posible que en un momento de crisis, los magistrados puedan modificar su Ley Orgánica para asegurar un futuro dorado mientras el pueblo sufre las consecuencias de la pobreza y el desempleo?

La normalización de excesos en los tres poderes de gobierno se convierte en una costumbre peligrosa que deslegitima la función pública; este acto no es solo un reflejo de la avaricia de unos pocos, sino un claro mensaje de que las prioridades de quienes ocupan cargos de poder están lejos de alinearse con las necesidades de la ciudadanía. La aprobación del Haber de Retiro es, en esencia, una bofetada a todos aquellos que luchan día a día por un salario justo y condiciones laborales dignas.

Los legisladores del Congreso local tienen la responsabilidad de revisar minuciosamente esta aprobación y cuestionar si realmente han invadido competencias que deberían estar reservadas para su análisis; resulta crucial que la ciudadanía exija transparencia y rendición de cuentas en un momento en que el bienestar colectivo debería ser la prioridad.

Mientras tanto, los jueces que han dedicado 28 o 30 años de servicio tienen la opción de jubilarse, pero no podrán acceder al mismo Haber de Retiro que sus colegas magistrados. El Haber de Retiro para los magistrados del TSJ de Morelos no es solo una cuestión de política pública; es un claro reflejo de la desconexión entre los poderes del estado y la realidad de la ciudadanía, de ahí que la lucha por la justicia y la igualdad en nuestro país exige que cuestionemos y desafiemos estos privilegios que perpetúan la desigualdad.

LA DEFENSA DE PRIVILEGIOS EN EL TSJ.- A pesar de los múltiples  señalamientos sobre los presuntos abusos cometidos al modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos, los magistrados han salido en defensa del reciente Haber de Retiro, argumentando que esta medida es esencial para garantizar sus derechos laborales y su estabilidad financiera, Sin embargo, esta justificación no puede ocultar la realidad de un sistema que prioriza el bienestar de unos pocos sobre el de una población en crisis.

El magistrado Juan Gabriel Vargas enfatizó que el Haber de Retiro ya estaba contemplado en la legislación estatal y que su origen radica en la Constitución Política del Estado de Morelos, por lo que, la reciente reforma del Poder Judicial Federal, que requiere armonización en todas las entidades, afectará los proyectos de vida de magistrados y jueces que fueron designados para un período de 14 años.

Al respecto, Vargas sostiene que esta nueva normativa permitirá que aquellos que se vean obligados a dejar sus cargos lo hagan con respeto a sus derechos, en lugar de ser forzados a retirarse sin un respaldo financiero adecuado.

Empero, la percepción pública de esta medida es completamente diferente, en medio de un contexto donde la ciudadanía se enfrenta a crecientes dificultades económicas y una crisis de empleo, la idea de que un grupo selecto de magistrados garantice su estabilidad económica de por vida resulta difícil de digerir. La justificación del magistrado, aunque válida en términos legales, no aborda la desigualdad que representa para aquellos que no tienen acceso a los mismos privilegios.

Vargas Téllez, también cuestionó las cifras que circulan en los medios sobre el costo del Haber de Retiro, afirmando que los 1,700 millones de pesos estimados para cubrir a 60 jueces y 22 magistrados no reflejan la realidad. Este argumento, aunque busca promover la transparencia, parece más un intento de desviar la atención de las preocupaciones fundamentales sobre la legitimidad y ética de tales beneficios en un contexto de austeridad y precariedad para la mayoría de la población.

El magistrado hizo hincapié en la necesidad de un marco claro que proteja los derechos laborales de los jueces y magistrados, una declaración que, aunque legítima, resuena como una defensa de su propia posición en lugar de un compromiso genuino con la justicia social, ya que mientras él llama a un diálogo abierto sobre la reforma, es esencial que este diálogo incluya a la ciudadanía, que se ve afectada por decisiones que parecen favorecer a una élite.

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