Observador político - Diputados locales gandallas

En el engranaje de la política local, la corrupción y el nepotismo parecen ser moneda corriente, y los diputados no son ajenos a esta lamentable realidad; el reciente despliegue de Francisco Sánchez Zavala y Verónica Anrubio Kempis, del PAN, es un ejemplo descarado de cómo algunos legisladores utilizan su posición para favorecer intereses personales y familiares, en lugar de servir al bien común.

CAMPAÑA EN PLENO PROCESO ELECTORAL.- Resulta indignante constatar cómo, amparados por acuerdos dentro del G14, estos diputados han destinado recursos únicamente a los municipios donde sus familiares ostentan el poder, dejando de lado a otros que también necesitan urgentemente apoyo y desarrollo;  es evidente que su prioridad no es el servicio público, sino asegurar la continuidad de sus parientes en el poder.

El caso de Francisco Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, es especialmente flagrante ya que, aprovechando su cargo, ha abandonado las sesiones plenarias para asistir al informe de su hermano, el alcalde de Yecapixtla, Heladio Rafael. Esta manipulación descarada de recursos y tiempo público para respaldar las aspiraciones políticas de su familia es inaceptable.

Pero Sánchez Zavala no está solo en esta conducta cuestionable. Verónica Anrubio Kempis, quien cambió de partido por conveniencia personal, también ha utilizado su posición para inaugurar obras en Ayala, donde busca la candidatura a la alcaldía; estos actos a todas luces reprobables son un insulto a la ética política y a la ciudadanía que merece representantes íntegros y comprometidos con el bienestar colectivo.

Es inaceptable que, en pleno proceso electoral, estos diputados se dediquen a inaugurar obras financiadas con recursos públicos, violando incluso las leyes establecidas para evitar la manipulación política durante este período. Mientras tanto, otros municipios, especialmente las comunidades indígenas, son dejados de lado, privados de los recursos que tanto necesitan para su desarrollo.

Es hora de que la ciudadanía tome conciencia de estos abusos y exija una rendición de cuentas real a sus representantes; es inaceptable permitir que el poder político sea utilizado como un instrumento para el beneficio personal y familiar de unos pocos, mientras el resto de la población queda marginada y desatendida.

Este comportamiento egoísta y deshonesto por parte de los diputados no solo socava la confianza en las instituciones democráticas, sino que también perpetúa la desigualdad y la injusticia en nuestras comunidades; mientras algunos políticos aprovechan su posición para consolidar su poder y enriquecerse a sí mismos y a sus allegados, muchos ciudadanos luchan día a día por acceder a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

INMORALIDAD, DISFRAZADA DE LEGALIDAD.- En este torbellino de discursos electorales y promesas vacías, se gesta un grotesco espectáculo de privilegio político que socava los cimientos de la democracia local. Las recientes disposiciones legislativas permiten a los actuales legisladores y alcaldes en funciones lanzarse a la reelección sin siquiera despegarse del sueldo público, en una danza descarada de intereses personales disfrazados de legalidad.

Bajo el manto de la Ley electoral, se ha tejido una telaraña de permisividad que permite a estos incumbentes utilizar los recursos y estructuras del Estado para impulsar sus campañas sin freno alguno; camionetas, personal, e incluso recursos públicos se convierten en herramientas al servicio de la perpetuación en el poder, mientras que aquellos sin el privilegio de un cargo electo deben luchar con sus propios medios.

Las restricciones de horario y las recomendaciones sobre campaña proselitista durante la jornada laboral son solo un maquillaje para ocultar la verdadera naturaleza de esta desigualdad; de ahí que la propuesta de algunos dirigentes partidistas de exigir licencia para contender, aunque necesaria, parece un susurro en medio del estruendo de la maquinaria política establecida.

Es imperativo reconocer esta situación por lo que realmente es: una injusticia flagrante que corroe la esencia misma de la representación democrática. No se trata solo de legalidad, sino de ética y moralidad. ¿Cómo es posible que aquellos que juraron servir al pueblo utilicen su posición para ganar ventaja sobre sus contrincantes?

La equidad en la contienda electoral no puede ser solo un concepto abstracto, debe ser una realidad palpable; de ahí que es loable la decisión de la dirigente del PAN, Dalila Morales Sandoval para pedirle sus diputados y alcaldes que se separen del cargo no por ser ilegal sino inmoral y permitan piso parejo, para fortalecer la democracia que exige que todos compitan en igualdad de condiciones, sin trucos ni ventajas indebidas.

En estos tiempos electorales, es crucial que los ciudadanos estén alerta y exijan transparencia y equidad en el proceso, porque no se puede permitir que la maquinaria política siga moldeando el destino de nuestra sociedad a su antojo.

A DEBATE EN CUERNVACA POR LA SEPERACIÓN DEL CARGO.-  En el escenario político actual de Cuernavaca, se vislumbra un debate crucial sobre la equidad en la contienda electoral, especialmente en lo que respecta a la reelección del actual alcalde, José Luis Urióstegui Salgado; la propuesta planteada por la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, de solicitar licencia al cargo para garantizar un terreno equitativo para todos los contendientes, resuena con fuerza en este contexto.

Morales Sandoval destaca la necesidad de que Urióstegui Salgado considere esta opción no solo como un mandato jurídico, sino como un imperativo moral en busca de justicia y equidad en el proceso electoral; si bien la ley no establece una obligación legal para separarse del cargo, la separación temporal para dedicarse de tiempo completo a la campaña política podría representar un gesto de buena fe hacia la transparencia y la equidad.

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