Observador político - ¿Diputados de 18 años?
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
Para nadie es un secreto que la mayoría de los integrantes del Congreso del Estado tienen poca experiencia en el ámbito político y ya no digamos en el tema legislativo, sin embargo, y a pesar de los graves problemas que ellos mismos han ocasionado en poco más de un año por la división, la confrontación, la falta de acuerdos, evidencian cada vez más su novatez al preocuparse por temas intranscendentes y sin atender los prioritarios. Un ejemplo de ello, la ocurrencia de reducir de 21 a 18 años la edad para poder convertirse en diputados locales.
LA INICIATIVA.- Antes de la conformación de la actual legislatura se hablaba mucho, de que no podría ser peor que la que hace un año concluyo, sin embargo, su actuar ha dejado mucho que desear aún y que hay mayoría en esta LIV Legislatura. Ha sido un año de más oscuros que claros porque, hasta la fecha no han logrado ponerse de acuerdo, con excepción, misteriosamente, de la aprobación del presupuesto.
Sigue siendo de tal magnitud la fractura entre hombres y mujeres que cobran como diputados, que sigue el litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se definirá si son 13 o 14 los votos de igual número de diputados considerados como mayoría calificada, como lo promovieron las siete diputadas de la autodenominado “Frente Progresista” –que de progresista no tiene nada, solo es membrete-, promovieron la controversia ante el máximo tribunal del país a finales del año pasado. Y que obvio, esperan, que el fallo sea a su favor. La falta de consensos no ha permitido que los municipios de nueva creación como lo son; Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan, no cuenten con presupuesto por el simple hecho de que no fueron considerados en los Fondos Federales Participables y de Aportaciones Estatales. Oficialmente no se ha definido al titular definitivo de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso, desde que renunció Vicente Lorence López, a finales del 2018. De igual manera, no han designado en el Congreso por la falta de acuerdos y la división férrea existente, al suplente de Víctor Manuel Díaz Vázquez, como comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), entre muchos otros temas de suma importancia y trascendencia.
Sin embargo, las ocurrencias están a la orden del día, luego de que la morenista a quien desconocieron como integrante de esta bancada parlamentaria por sus iguales –aunque no del partido de AMLO-, Keila Celene Figueroa Evaristo, presentó la iniciativa para reformar el artículo 25 apartado cuarto de la Constitución Política, cuya finalidad es la de reducir de 21 a 18 años la edad para poder ser diputado local. La propuesta es respaldada por la Red Mundial de Jóvenes Políticos, el Instituto de la Juventud de Cuernavaca e Impajoven.
El tema no es malo, sin embargo, primero deben de realizarse mesas de análisis, debates, y verificar los pros y contras de esta iniciativa afecto de visualizar la viabilidad o no de estas propuestas que pueden presentarse pero sin ningún compromiso real ni efectivo, y solo para atender y quedar bien con estas organizaciones e instituciones. Lo cierto, es que nadie duda de la capacidad y talento de los jóvenes, sin embargo, especialistas en el tema aseguran que a esta edad, aún no han concluido quienes estudian, su etapa universitaria y mucho menos, cuentan con la experiencia, sobre todo en materia legislativa. La edad no debe de ser un pretexto, pero como están las cosas tan divididas en el Congreso, dista mucho de que haya coincidencia para que este tipo de iniciativas fructifiquen y solo queda la evidencia de que se presentó la iniciativa.
De ahí la necesidad de que haya acciones profesionales y más viniendo de una diputada que debe de contribuir a una profunda discusión por la complejidad que esta representa dados los niveles de impacto de la educación política entre jóvenes. Por un lado, es loable la inquietud de Keila, porque daría mayor oportunidad de participación en las decisiones políticas y sociales. Por el otro, y de acuerdo a estudios de Parametría en México, es una realidad que el impacto de la educación política es bajo porque incluso, sus resultados revelan que jóvenes de 18 años que cursan nivel medio superior, tienen el mismo nivel de conocimiento en la materia que un joven estudiante de segundo año de secundaria, como lo advirtió Eduardo Cruz Godínez, Jefe de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
HABER DE RETIRO EN EL IMPEPAC.- Mientras que la Cuarta Transformación impulsa programas, gobiernos e instituciones autónomas para que sean ahorrativos y sobre todo, para evitar salarios ofensivos, tal parece que esta petición llegó a muchos lados menos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, luego de que en marzo del año pasado, cinco de 7 consejeros de este órgano electoral en Morelos, aprobaron modificar su reglamento interno con la intención de otorgarse un pago por separación del cargo, al concluir su periodo o por renuncia por la nada despreciable cantidad de medio millón de pesos cada uno.
Esta modificación consiste en: Otorgar un mes de sueldo por cada año por el que fueran elegidos, concluyan o no su periodo, tal como sucedió con la consejera Ixel Mendoza, hoy flamante magistrada del Tribunal Estatal Electoral. Y para el resto de empleados les otorgarán 15 días de sueldo por cada año trabajado, en este caso, solo sí los empleados tienen más de 10 años trabajando en el Impepac y con un tope de 15 años. El sueldo que percibe Ana Isabel León Trueba y los demás consejeros del órgano electoral es de 97 mil pesos brutos y con los descuentos de impuestos es de 70 mil pesos mensuales. Este año concluyen dos consejeros su encargo y ya se están relamiendo los bigotes para llevarse cada quien su medio millón de pesos por el tiempo que laboraron en esta institución, por lo tanto, el gasto sería de un millón y medio de pesos. Aunque, quienes se manifestaron en contra de esta decisión son: Ana Isabel León y Ublester Damián.
Por ello, la petición de diversos sectores de la población para que se reviertan estas modificaciones a su reglamento interno y realizar una consulta ciudadana que la puede implementar el mismo Impepac y su Comisión de Participación Ciudadana, para que sean los morelenses quienes aprueben o rechazan esta prestación económica y con ello, predicar con el ejemplo.
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