Breves de Abogados y Políticos - “En casa del herrero cuchillo de palo”
En opinión de Alejandro Corona Markina
La semana pasada, a las conciliadoras de la Procuraduría del Trabajo (sí, esa institución todavía existe), les avisaron que agarraran sus tiliches y se fueran directito a “chihuahua a un baile”. Ni siquiera les dieron tiempo de preguntar si no les haría daño irse así, sin finiquito o indemnización.
¿Es eso posible? Sí, el chiste está en contratar personal a través de la prestación de servicios profesionales, por tiempo definido y sujetar el contrato a la legislación civil; después, cuando llega el vencimiento del contrato, renuevas o simplemente le dices al profesionista que no es tu deseo continuar la relación contractual. Nada del otro mundo, simplemente se aplica una de las ramificaciones del outsourcing.
Lo que sí resulta sorprendente, es lo que sucede en Morelos respecto de las instituciones encargadas de velar por los derechos de los trabajadores, mismas que tienen en su gran mayoría empleados que están bajo contrato de naturaleza civil, sin prestación laboral alguna. Luego, cuando se ponen fastidiosos reclamando algún beneficio de esta índole (vacaciones, aguinaldo, horas extras, etcétera), nada más les avisan que ya no se renovara su contrato y…a otra cosa mariposa.
Vamos a lo que sucede en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, instancia que nace a partir de la creación a nivel nacional del Nuevo Sistema de Justicia Laboral. El 28 de octubre de 2021, el Congreso del Estado de Morelos, eligió a Pascual Archundia Becerril como titular. Los conciliadores -principal recurso humano de la institución-, fueron seleccionado a través de una convocatoria emitida ex profeso, pero…sin tener prestaciones, sin afiliarlos al Seguro Social y sin pagarles sus primeras quincenas.
¿Por qué no se les pagaba a los trabajadores? Porque el mencionado Centro tiene como máxima autoridad a una Junta de Gobierno, misma que por sus pistolas no quería aprobar el presupuesto 2022.
En este contexto, en sesión de 18 de febrero de 2022, celebrada vía remota, con la comodidad de Hangouts Meet Gogogle, la Junta de Gobierno decidió la suerte de los litigantes de la región sur, prefiriendo cerrar la sede del Centro Conciliador de Jojutla (que en realidad fue un nonato, ya que ni siquiera se puso en marcha), antes que aprobar el mentado presupuesto.
Agobiado por el reclamo de los trabajadores de Cuernavaca -quienes no habían recibido sus quincenas-, el director Pascual Archundia Becerril decidió pagarles. Craso error según la gente de la Junta de Gobierno, misma que sin poder cortarle la cabeza (pues fue designado por el Congreso del Estado y no está en sus facultades hacerlo), lo suspendió indefinidamente y lo puso en investigación de la Contraloría del Estado.
De conformidad con el Estatuto Orgánico, a Pascual Archundia lo sustituyó la licenciada Blanca Estela Hernández Alonso, quien en su primera sesión con la Junta de Gobierno (3 de noviembre de 2022), les hizo ver que las carencias eran tales, que en la sede el Centro de Conciliación de Cuautla, les cortaron la luz por falta de pago. Fue hasta entonces cuando por fin se aprobó el presupuesto.
Trabajar con tantas carencias durante 2022, generó al Centro de Conciliación un ahorro importante en sus finanzas, por lo que en sesión de 12 de enero de 2023, la licenciada Hernández Alonso reportó a la Junta de Gobierno, la existencia de un remanente de 6 millones de pesos y sugirió que este recurso se integrara al presupuesto 2023, para permitir así la compra de seis vehículos para los notificadores, además de atender pasivos diversos de la institución. Por supuesto, los de la Junta de Gobierno no se aprobaron sus peticiones y, por el contrario, sacaron la guillotina y la despidieron inexplicablemente de la institución.
¡Pruebas! Va a exigir la Junta de Gobierno. Tenemos copia de todas las actas de las sesiones donde constan los absurdos argumentos para no aprobar el presupuesto y mucho más…Por cierto ¿A dónde fue a parar el remanente de los 6 millones?