Observador político - ¿Habrá operativo “Enjambre” en Morelos?

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - ¿Habrá operativo “Enjambre” en Morelos?

La reciente Operación “Enjambre”, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum y encabezada por su confiable secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, parece ser una muestra de lo que se está gestando en el país: una ofensiva contra la corrupción que envuelve a funcionarios municipales y estatales vinculados al crimen organizado. Sin embargo, esta operación también refleja profundas limitaciones de un sistema que, en su lucha contra la delincuencia, no hace sino rascar la superficie de un problema estructural mucho más complejo y que, en cualquier momento, podría llegar a Morelos.

¿OPERACIÓN ENJAMBRE, ESTRATEGIA INCOMPLETA ANTE PACTO DE IMPUNIDAD? - Lo ocurrido en el Estado de México, donde los arrestos de alcaldes, policías y funcionarios públicos que supuestamente protegían y colaboraban con células criminales son un mensaje claro de que la corrupción tiene las raíces profundamente sembradas en las instituciones de seguridad; pero este es solo un ejemplo de lo que sucede en muchas otras partes del país, y particularmente en Morelos, donde las conexiones entre exdiputados, exalcaldes con presuntos grupos criminales siguen siendo una sombra difícil de erradicar.

Aquí, vale la pregunta del ¿por qué el Gobierno de Claudia Sheinbaum solo se enfoca en algunos casos y no aborda este sistema de complicidad de manera integral?

No hay duda de que las detenciones realizadas durante la Operación Enjambre, donde se desplegaron más de mil 500 elementos de diversas corporaciones, representan una victoria mediática y política; sobre todo, la imagen de estos funcionarios cayendo uno tras otro en manos de la justicia, con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina y otras instituciones, que demuestra y envía el mensaje de que el gobierno no tolerará la corrupción ni el vínculo entre políticos y criminales.

Aun y pese a este espectáculo de detenciones, no debe hacernos perder de vista la pregunta crucial: ¿de verdad hay un compromiso de fondo para erradicar el pacto de impunidad que vincula a las autoridades locales con el crimen organizado, o simplemente estamos ante una estrategia mediática para lavar la cara del régimen?

El hecho de que estos funcionarios hayan tenido el tiempo y los recursos suficientes para mantener sus relaciones con la delincuencia durante años refleja la falta de eficacia de las políticas gubernamentales en la lucha contra la corrupción; ya que no se puede hablar de un verdadero cambio sin una reestructuración profunda del aparato estatal y, más aún, sin una política que elimine los espacios de poder que hoy protegen a los criminales, desde las pequeñas alcaldías hasta los círculos más altos del poder político.

El esfuerzo de la administración de Sheinbaum debe ir más allá de los arrestos aislados; debe implicar una revisión exhaustiva de los sistemas de control y de las redes de complicidad, a fin de garantizar que no solo los peces pequeños sean atrapados, sino también los grandes responsables que se ocultan en los eslabones más altos de la cadena de poder.

LA DETENCIÓN DE “LA JEFA”, EN OAXTEPEC.- Y porque decimos que urge que en Morelos se aplique el operativo Enjambre, simple, porque aquí en la tierra de mi general Emiliano Zapata han ocurrido sucesos extraordinarios y dudosos como por ejemplo, el asesinato tras el enfrentamiento entre elementos de la Marina Armada de México y el Jefe de Jefes en los edificios Altitud que se ubican en Lomas de la Selva, en Cuernavaca evidenció el Morelos de antes y el después tras su deceso.

Antes de estos hechos, ha quedado demostrado que Morelos era un estado relativamente tranquilo, pacífico, con delitos sí, pero sin que existiera alarma ni psicosis entre la gente, la cual podía salir a caminar por las calles de los diferentes municipios de la entidad sin importar si era de día, tarde, noche e incluso la madrugada. Esa percepción ya se terminó porque ahora la inseguridad está a todas horas y en todos los lugares y por ello urge, acciones contundentes que permitan recuperar la paz y tranquilidad que tanto anhela la ciudadanía.

Otro ejemplo claro, es la conexión entre la política y el crimen organizado, tal y como quedó evidenciado con la detención de Esther Huitrón, conocida también como “La Jefa”, que no solo es un episodio de la crónica del crimen organizado en México, sino un indicio más de la profunda complicidad.

Empero, hasta la fecha, no han dado a conocer las instituciones si ya quedó libre, o fue sentenciada a algún número de años, etc, lo cierto es que la detención de esta presunta integrante de organizaciones delictivas ocurrida en un fraccionamiento de Oaxtepec, no es un caso aislado, sino una de las tantas pruebas de la relación entre políticos locales, que en aquél entonces se señaló de manera reiterativa al senador Ángel García Yáñez. En los tiempos actuales, es imposible pasar por alto las conexiones, cada vez más evidentes, que dan cuenta de la simbiosis entre los intereses criminales y aquellos que deberían velar por el bienestar de la población.

¿Y LA FOTO DEL CUAH CON MALANDRINES? Dicha detención muestra el rostro de un sistema corrupto, donde la impunidad de los poderosos prevalece sobre la justicia y el caso de Ángel García Yáñez, quien fue vinculado sentimentalmente con Huitrón, fue desmentido por él mismo cualquier relación con ella y el crimen organizado, aunque se sabe que fue su colaborador.  ¿Pero y qué podemos decir en este contexto, del Partido Redes Sociales Progresistas, que por fortuna desapareció el año pasado al no lograr el 3% de la votación total, al que pertenecía Huitrón, y a pesar de que se convirtió en otro elemento de análisis.

Lo que es real es que la figura de Claudia Huitrón, hermana de “La Jefa” y ex presidenta de este partido en Morelos, puso de manifiesto cómo ciertas fuerzas políticas se han visto, presuntamente, beneficiadas por el apoyo de actores en organizaciones de dudosa procedencia. En su momento, el gris y pésimo gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien no se cansaba de señalar que su gobierno no negoció con los cárteles, no logró convencer a quienes observamos de cerca la dinámica política y social de la región.

Y es que su afirmación se tornó vacía cuando la denuncia presentada por el titular de la Comisión de Seguridad Pública de Morelos, Antonio Ortiz Guarneros, indicó que existían pruebas que evidencian la relación entre la política y los cárteles; el hecho de que dicha denuncia se haya mantenido bajo silencio y la negativa de los funcionarios a proporcionar información relevante es un claro indicio de que el sistema de justicia sigue siendo un terreno fértil para la corrupción y la impunidad.

Peor aún más, basta recordar que el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, en su momento confirmó que existía una carpeta de investigación que indaga al exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y a algunos de sus principales colaboradores, derivado de las imágenes que fueron publicadas por medios en la Ciudad de México, en las que apareció al lado de supuestos líderes de grupos del crimen organizado.

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