Serpientes y escaleras - Violencia, problema general

Es más fácil teorizar sobre la seguridad que resolver el problema de inseguridad

Violencia, problema general

El inicio de año no ha sido bueno en materia de seguridad para Cuernavaca, ni para el resto del estado de Morelos; los hechos delictivos se presentan en todo momento y en cada rincón de la entidad sin que las autoridades puedan detener los embates criminales. La semana pasada fue particularmente crítica, con actos de violencia entre los que destaca la ejecución de un niño de diez años. El problema de la inseguridad es de todos.

El jueves fue un mal día para Cuernavaca en lo referente a seguridad; desde la mañana hasta la noche se reportaron diversas acciones delictivas que remataron con el asesinato de dos personas en la colonia Las Granjas de la capital: sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a una familia que transitaba por la avenida Diez de Abril, dejando como saldo fatal un adulto y un menor de edad sin vida.

Esta situación provocó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco retomara el tema durante el banderazo del Operativo Semana Santa 2022, destacando el compromiso y la responsabilidad de los presidentes municipales frente al problema de inseguridad y recordando que Cuernavaca rechazó participar en el convenio de mando coordinado de policía; la respuesta del alcalde capitalino sobre los hechos fue la misma que él siempre criticó como ciudadano: fue un ajuste de cuentas entre delincuentes.

La situación actual en la capital no es peor que en otros municipios, ni distinta a lo que ocurría durante la administración de Antonio Villalobos, pero se suponía que la decisión de salirse del convenio estatal de policía representaría una mejora inmediata de las condiciones de seguridad en el municipio, al menos así lo justificó el presidente José Luis Urióstegui al ponerse a si mismo un plazo de un mes para disminuir los índices delictivos y mejorar la paz en la ciudad.

La apuesta del abogado para resolver las cosas fue por Alicia Vázquez Luna, una abogada valiente que durante dos años fue secretaría de seguridad pública de Graco Ramírez, que conoce del tema, pero no es experta en la materia, ni es policía, ni tiene buenas relaciones con las demás oficinas policiacas locales y federales, ni está certificada por las dependencias de seguridad del país. Item más: a la secretaria de seguridad ciudadana le impusieron en su equipo a personajes de dudosa reputación que no solo complican su desempeño, también han dado paso a especulaciones sobre supuestos acuerdos que la dependencia capitalina tiene con grupos criminales.

Desde que el alcalde electo de Cuernavaca anunció que no ratificaría el convenio de seguridad con el estado comenzaron a escucharse opiniones contrarias al respecto; Urióstegui justificó su decisión con el hecho de que el Mando Coordinado de Policía no había dado resultados en nueve años y un cambio de estrategia, con la supervisión directa del presidente municipal y la designación de una figura local lograría transformar casi de inmediato la situación; “En un mes veremos resultados y una mejora notable en los índices de seguridad”. Pero no ha sido así.

Hoy la situación en Cuernavaca no ha mejorado, en varios aspectos ha empeorado y sobre todo el gobierno municipal va perdiendo la batalla de la percepción. Las cartas credenciales que avalaban a la secretaria Vázquez Luna se han ido opacando ante los constantes hechos delictivos, los continuos abusos policiales y la visible falta de estrategia en materia de prevención del delito. En castellano: no ha mejorado la policía de la capital con Alicia Vázquez como titular del área.

Por años José Luis Urióstegui ha hablado de cuadrantes de seguridad, de revivir los módulos de policía, de colocar botones de pánico y apostar por la prevención; la propia Alicia Vázquez presumió por años que ella sí entendía del tema y a que pesar de la escases de recursos era posible revertir el problema y poner un alto a los criminales. Todas estas ideas se enriquecieron con las propuestas de un experto teórico en seguridad nacional, el abogado Javier Oliva Posadas, quien asesoró al exgobernador Graco Ramírez en materia de seguridad.

Las teorías de los tres personajes chocan con una realidad que no se mueve como dicen los libros, ni responde a hipótesis románticas creadas en una mesa de café. Cuernavaca continúa siendo un lugar peligroso, se mantiene entre las ciudades más violentas de México y se percibe igual o más violenta que antes. En la realidad la inseguridad y la violencia está igual o peor que antes.

Peor: frente a los hechos la respuesta de la titular se la secretaría de seguridad resulta inadmisible, porque le echa la culpa de la inseguridad a los ciudadanos; la carencia de un plan concreto de trabajo ha provocado que la situación se recrudezca: “No podemos cuidar cada uno de los negocios” dijo cuando asaltaron el restaurant Pavarotti. “Vigilen a sus hijos, porque dentro de la casa se portan bien, pero afuera no” declaró en el marco de la agresión contra una familia, cuando padre e hijo murieron baleados.

La inseguridad y la violencia son un problema mayúsculo, presente en todo el país, latente en todos los municipios del estado y muy marcado en la zona metropolitana; a sabiendas que no tienen los recursos humanos ni materiales para dar la batalla el gobierno de Cuernavaca determinó ir solo en esta lucha, lo cual además de que representa una muy mala decisión política, lleva implícito un terrible efecto delictivo para la sociedad.

El viernes el gobernador Blanco echó en cara al alcalde la gravedad del problema de inseguridad y su decisión de ir a una pelea solo a sabiendas de que por esa vía es imposible ganar. “Aunque no firmaron el convenio de policía los ayudaremos en materia de prevención del delito” dijo el mandatario, al tiempo de recordar que la responsabilidad del problema es compartida entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

Es evidente que el presidente municipal de Cuernavaca cometió un error al abandonar el convenio de mando coordinado de policía, porque aunque el planteamiento estatal no ha dado los resultados deseados, enfrentar solo a la delincuencia es peor porque implica poner en riesgo a la ciudadanía y coloca al alcalde en una situación de peligro personal y político. Si la situación se prolonga pronto comenzará a cuestionarse el trabajo de Alicia Vázquez Luna y surgirán voces exigiendo su renuncia por falta de resultados.

Es imposible que un gobierno municipal cambie la situación en tan solo tres meses y sin los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar a la delincuencia, el problema es que fue el propio José Luis Urióstegui quien se fijó un plazo para mejorar las cosas a sabiendas que la ciudad carecía de los policías, las patrullas, el equipo y el dinero necesario para esta cruzada y es la jefa de policía quien con sus declaraciones pone su trabajo en escrutinio.

Los últimos gobiernos en Morelos han tenido en el problema de inseguridad su Talón de Aquiles, todos los que han apostado su proyecto político y de gobierno a solucionar el problema de inseguridad han perdido en todos los sentidos, en buena medida porque enfrentan el problema solo desde la óptica policial, sin acompañar la lucha con una estrategia de percepción que involucre a la ciudadanía, fomente la participación y ayude a modificar la imagen que tiene la gente del problema.

Los expertos teóricos de la seguridad en Cuernavaca se están equivocando desde todos los ángulos y ello comienza a mermar la imagen y la credibilidad del nuevo gobierno; aunque la situación delictiva puede ser la misma que en el pasado, la promesa hecha por el presidente municipal fue que las cosas mejorarían de inmediato si el municipio se salía del mando coordinado de policía.

El mayor error de Urióstegui es suponer que un problema tan grande se puede resolver en solitario.

• posdata

Charlo con un funcionario respecto a la necesidad de denunciar los actos de corrupción cometidos en el estado y en los ayuntamientos. “Ya se presentaron las denuncias y ahora está en la cancha del poder judicial… ¿Vale la pena insistir en el tema?”

Recordemos que desde hace años se han presentado denuncias contra funcionarios por distintos actos de corrupción; algunas de estas denuncias han avanzado, pero la mayoría se ha quedado estancada en el mar de la burocracia judicial, cobijada por la impunidad que a este tipo de casos conceden los jueces locales con la venia del presidente del TSJ. ¿Para qué insistir entonces?

Imagina lectora lector querido, qué pasaría si dejáramos de acusar a los corruptos por el simple hecho que una autoridad ya inició el proceso correspondiente ante las autoridades judiciales ¿Cuántas denuncias han avanzado en los últimos años? ¿Cuántas denuncias se presentaron mal elaboradas, solo para cubrir las apariencias?

La denuncia pública ha sido desde hace años el arma que más ha funcionado a los ciudadanos y la que más utiliza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador; gracias a la presión social es que muchas veces las autoridades se ven obligadas a actuar o en algunos casos, como el reciente de las hermanas Gal y Maya, a quien una jueza entregó por la fuerza a su padre para que las sacara del país, lejos de su madre, para que la autoridad rectifique.

Si las autoridades del poder judicial hicieran bien su trabajo la presión social no sería necesaria; mejor dicho: si todas las autoridades actuaran de manera correcta no veríamos calles bloqueadas, edificios tomados y marchas por todos lados exigiendo justicia.

Frente a las enormes redes de complicidad y el clima de impunidad que predomina en el estado y en el país la denuncia se ha convertido en el elemento que hace la diferencia y en el camino que muchas personas utilizan para ser escuchadas.

Pongámoslo en contexto: si no se siguiera denunciando la corrupción del graquismo, ninguno de sus integrantes estaría preocupado ni preso. Si no se habla de la corrupción en el gobierno de Antonio Villalobos y en el de Manuel Agüero, los ladrones se van a salir con la suya.

Por eso es importante denunciar: cuando una autoridad denuncia legalmente y presiona desde el ámbito político, logra que los jueces reaccionen y cambia la percepción.

Pregúntenle al presidente López Obrador.

• nota

las últimas semanas fueron muy intensas para los promotores de la consulta por la revocación de mandato. Al momento de leer estas líneas ya conoceremos el resultado y probablemente daremos cuenta que a pesar del esfuerzo colectivo los números fueron muy bajos, porque la gente no se interesó en participar. No importan las cifras ni el resultado: en la mañanera de este lunes el presidente se alzará como ganador y culpará de los malos números al INE.

Por cierto: en lo local los números nos darán una idea de cómo andan las estructuras de quienes buscan competir en el 2024.

• post it

Así lo dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco a la prensa:

“(La seguridad en) Cuernavaca pertenece al presidente municipal y el presidente municipal se salió del mando coordinado, entonces es responsable de lo que sucede en Cuernavaca; hay otros alcaldes que no quieren firmar, como el de Jiutepec y el de Jojutla, entonces es responsabilidad de ellos… Nosotros vamos a seguir trabajando para bajar los índices de inseguridad… hay una pelea entre los mismos cárteles, ya se los dije y se los vuelvo a repetir: nosotros no vamos a pactar con nadie, vamos a seguir trabajando, por eso hemos tenido estas grandes detenciones en coordinación con la mesa de seguridad… Sobre el diputado (Julio César Solís) lo voy a dejar bien clarito: eso que hizo fue un delito muy grave, el diputado no puede dar información de este tipo, es un delito muy grave, es muy delicado como lo comenta el fiscal, con las declaraciones que hace el diputado ahora la gente se va a escapar. Ojalá el Fiscal de con la persona que hizo tanto daño; ¡Es un delito muy grave lo que hizo el diputado!”

La pregunta del millón luego de la estupidez del diputado de Movimiento Ciudadano Julio César Solís, al revelar información que facilita la huida de un feminicida:

¿Su estupidez quedará solo como anécdota o actuarán contra él por su ilícito?

• redes sociales

Durante una rueda de prensa, flanqueado por el comisionado de seguridad y el fiscal general, el gobernador destacó que tres municipios se quedarían fuera del convenio de mando coordinado de policía, pero “a pesar de ello el estado los va a ayudar”.

Tras referirse a Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco tocó base con José Antonio Ortiz Guarneros para destacar que también Jiutepec y Jojutla se negaban a ratificar el convenio estatal de policía. El almirante asintió, avalando los dichos de su jefe.

El problema es que Jojutla ya firmó el convenio de seguridad y desde el 31 de marzo Jiutepec notificó de manera oficial a la Comisión Estatal de Seguridad que ratificarían el plan.

¿Por qué no lo dijo el titular de la CES? ¿Por qué dejó que el gobernador cometiera un error frente a las cámaras? ¿Será que Guarneros no está enterado de lo que pasa en sus propias oficinas? ¿O es almirante ya le entró también a la grilla política?

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