Serpientes y escaleras - Corrupción, mal institucionalizado

Si las analizamos a partir de resultados, ni la ESAF ni la FECC funcionan.

Corrupción, mal institucionalizado

Autoridades fiscalizadoras han retomado denuncias contra exfuncionarios de Graco Ramírez; se trata del seguimiento de algunos casos que ya fueron judicializados, pero que sede hace años se mantienen en el limbo jurídico. Las acciones de la FECC en contra de funcionarios graquistas se suman a las observaciones hechas por la ESAF a colaboradores de Cuauhtémoc Blanco y tienen una coincidencia: son demagogia. Por resultados, ninguna de estas dependencias es confiable.

Muchas veces desde hace varios años hemos visto o leído declaraciones que surgen de esas oficinas, señalando actos irregulares, anunciando acciones legales y decisiones que, se supone, tendrían como objetivo llevar a los acusados ante la ley para obligarlos a reparar el daño que causaron. Pero nunca ha sido así.

A lo largo del tiempo los morelenses hemos sido testigos de casos de corrupción ofensivos que rayan en el cinismo y situaciones, como el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 2017, que representan un lucro con la tragedia de miles de personas. No importa lo que pase, quien cause el daño o cuántos funcionarios participen en el robo, siempre hay manera de que los imputados logren “un acuerdo” con las autoridades fiscalizadoras para que las demandas no avancen.

A los últimos gobernadores no les ha importado el daño que funcionarios estatales, autoridades municipales o representantes populares han provocado al estado y a sus habitantes; bajo el argumento de que no son “cazadores de brujas” ponen los actos de corrupción en un segundo plano, le restan importancia, dejan que funcionarios menores investiguen y no le dan seguimiento, de ahí que una y otra vez los asuntos se mueren con el tiempo o se negocian en las oficinas de quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar.

Pero lo que parecería un descuido institucional puede ser más un acto de complicidad política: los gobernantes no son tontos, saben que este tipo de acciones ilegales involucran a muchas personas, aparecen en todos los gobiernos y no distinguen de siglas partidistas ni género. Quienes deciden están enterados de las cosas, conocen a detalle el tamaño de las faltas y saben quiénes participan en la red de corrupción, pero no actúan porque hay vasos comunicantes que ligan a unos políticos con otros.

La política es una comedia de mentiras, es un juego de hipocresía en donde por un lado todos hablan de honestidad, resaltan valores y rechazan actos fuera de la ley; pero en corto entienden cuál es el juego, de que tamaño son las complicidades y sobre todo que en algún momento serán ellos quienes estarán observados. Por eso prefieren dejar que los temas se mueran con el tiempo.

Veámoslo en el plano nacional: al presidente Enrique Peña Nieto se le acusa de ser uno de los mandatarios más corruptos de los últimos tiempos y se le atribuyen actos de complicidad con gobernadores de todos los partidos (incluyendo Graco Ramírez del PRD en Morelos); durante esa administración se detuvieron y procesaron por actos de corrupción a 10 exgobernadores y tres miembros cercanos de su administración; las fuerzas armadas actuaron contra 122 mil presuntos narcotraficantes y 326 objetivos prioritarios de alto nivel, empezando por Joaquín El Chapo Guzmán.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sancionaron a 12 mil funcionarios menores por actos de corrupción, pero ningún exgobernador, ni servidor público de primer nivel; se detuvieron a seis figuras políticas llamativas como Rosario Robles, Emilio Lozoya, Juan Collado, Jorge Luis Lavalle, Roberto Sandoval, Mario Marín y Jaime Rodríguez “El Bronco”, pero ninguno cercano a la 4T.

Durante el sexenio priísta se reportaron más detenciones de presuntos narcotraficantes que en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador, también se actuó contra más políticos y funcionarios y líderes criminales de primer nivel. En ambos casos no todas las detenciones resultaron en condenas judiciales.

Si lo vemos en el plano estatal la historia tiene sus peculiaridades: ningún gobernador ha dado un golpe certero a la corrupción, ni actuado de manera firme contra quienes violentaron la ley. Varias veces en las últimas administraciones hemos escuchado a los titulares del ejecutivo prometer que acabarán con la corrupción, castigarán a los ladrones y erradicarán la impunidad. Pero hasta ahora no ha pasado nada, ningún personaje de primer nivel ha sido encarcelado.

Lo mismo se puede decir en el terreno de la seguridad: los grandes golpes que en Morelos se han dado a los grupos delincuenciales los ha hecho la federación a través de la Marina Armada de México o el Ejército Mexicano. En contadas ocasiones la Guardia Nacional ha sido parte de los operativos de alto nivel, pero nunca se ha otorgado al estado la información previa sobre las acciones que se hacen en ese sentido. ¿La razón? Desconfianza.

En Morelos los responsables de fiscalizar las cuentas públicas y el dinero del erario pueden argumentar muchas cosas en su defensa, pero si nos remitimos a los hechos, a los resultados, lo que queda es nada: los grandes saqueadores del estado siguen libres, algunos de ellos han trascendido de un gobierno a otro y ninguno ha pisado la cárcel, ni devuelto el dinero que se robó.

El estado canaliza cada año mucho dinero a las estructuras dedicadas a revisar el buen uso de los recursos públicos, esta labor se hace en el ejecutivo y en los municipios, desde el congreso a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y en la fiscalía desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Hablamos de muchos millones de pesos que se destinan al pago de profesionistas en derecho y contabilidad, auditores y especialistas que conocen los procesos y varias veces han identificado las faltas. Y a pesar de ello, nunca se castiga a nadie.

El problema está en los altos mandos, es ahí donde se toma la decisión final y desde donde se decide contra quien actuar y contra quien no; el personal que labora en estas oficinas ha dicho a través del tiempo que el problema no ha sido la comprobación de las faltas cometidas, sino que “desde arriba” se negocia, se detienen los procesos o se hacen las cosas de tal manera que los procesos se caigan.

No existen pruebas, pero tampoco dudas de que así es; basta ver los resultados de quienes tienen la responsabilidad de actuar contra los corruptos para notar que algo está fallando. La falta de contundencia y el hecho que a lo largo de los últimos veinte años ningún funcionario y/o político de primer nivel ha ido a la cárcel o resarcido el daño, muestra que ni la FECC ni la ESAF están haciendo bien su trabajo.

Hace unos días la Fiscalía Anticorrupción anunció nuevas acciones contra varios exfuncionarios del gobierno de Graco Ramírez, pero es el mismo caso que ha venido señalando desde hace varios años; los imputados andan tranquilos por las calles, participan en eventos públicos, algunas veces al lado de la gobernadora, y presumen su vida de lujos en redes sociales; las acusaciones que les hacen, por cierto, son por temas menores, ninguna por los grandes casos de corrupción que se cometieron.

Algunos exfuncionarios están vinculados a proceso, unos pocos tienen que acudir periódicamente a firmar ante un juez, pero ninguno ha devuelto nada de lo robado. Antonio Villalobos, por ejemplo, resolvió económicamente su vida en tres años: malversó miles de millones de pesos a la vista de todos y hoy enfrenta un proceso judicial muy ligero que no le quita el sueño ni le preocupa, porque presume que todo está arreglado y pagado.

Hacia adelante la historia puede ser similar: los casos de corrupción contra exfuncionarios de Cuauhtémoc Blanco van a seguir el mismo camino para llegar al mismo destino. Si eso sucede, el discurso de honestidad de la gobernadora Margarita González Saravia quedará como demagogia, como siempre.

Es imposible que las cosas sean diferentes si los responsables de combatir la corrupción son los mismos que siempre han protegido a los corruptos.

·         posdata

La gobernadora Margarita González Saravia debe poner atención en lo que sucede en su contraloría; la titular no domina el tema, ni permite que quienes saben hagan su trabajo. Alejandra Pani es la cara opuesta de la jefa del ejecutivo: es grosera, arrogante y trata con desprecio a todos, incluidos a los miembros del gabinete.

Pero lo peor no es su personalidad, sino el hecho que profesionalmente no tiene la capacidad de conducir una oficina tan importante como la que le encomendaron. La contralora amaga más al gabinete y a algunas dependencias federales, que a quienes verdaderamente cometieron actos de corrupción.

Hace algunas semanas dos integrantes de su equipo amenazaron a una funcionaria federal y al personal, amenazaron con auditar la oficina e iniciar procesos penales contra su titular. ¿La razón? No dieron preferencia en el trato a un amigo de la Alejandra Pani. Lo que las empleadas estatales no tomaron en cuenta a la hora de intimidar, es que no tienen facultades para auditar a una dependencia federal. Al final tuvieron que salir de la oficina enojadas y avergonzadas.

Lo mismo ocurre en el gabinete: la contraloría actúa contra funcionarios del equipo de Margarita González Saravia a partir de acusaciones anónimas que llegan por correo electrónico; con eso como base inician procesos de auditoría, se apersonan en las secretarías y comienzan a amenazar a sus integrantes. Todo, insisto, por denuncias anónimas.  

¿Y qué pasa con los casos que se documentan sobre faltas graves cometidas por funcionarios del gobierno anterior? Ahí la contralora se toma su tiempo, deja que los plazos transcurran y es solo hasta que los secretarios presionan que la oficina comienza a actuar.

Seguramente Alejandra Pani es muy buena en algo, pero es evidente que su fuerte no es el dominio del derecho, ni la administración, ni la contabilidad, ni el buen trato con los demás.

·         nota

Pasada la Semana Santa, iniciará el proceso de renovación del poder judicial y los magistrados elegirán una terna, de la cual saldrá el nuevo presidente.

Son los últimos días de Jorge Gamboa como titular del Tribunal Superior de Justicia y también como encargado de manejar el fondo auxiliar del TSJ. El fondo auxiliar, cuentan los enterados, representa algo así de 90 millones de pesos anuales que se manejan con absoluta discrecionalidad; antes se hacía con la intervención y responsabilidad compartida entre los magistrados, pero en esta última etapa todo lo hace una persona.

Lo que se haya hecho en el fondo auxiliar, bueno o malo, es entera responsabilidad de Gamboa Olea. La revisión sobre el uso de esos fondos comenzó desde hace tiempo y en breve podrían conocerse los detalles.

·         post it

El número de aspirantes a jueces y magistrados que se elegirán en el proceso en Morelos es directamente proporcional al número de figuras que se promueven como payasos de circo. Pero así son las reglas del juego, se vale de todo y al no haber filtros, es posible ver personajes deleznables, candidatos (as) ignorantes, campañas ridículas y promociones francamente ridículas.

El nuevo sistema de justicia que se está estrenando en México es el mismo que hace casi quince años se implementó en Bolivia. Y dicho por el propio vicepresidente de aquel país: es un fracaso. “Antes teníamos corruptos y ahora tenemos corruptos y tontos”.

Para allá vamos.

·         redes sociales

El nuevo titular del transporte tiene ganas de sacar adelante a la dependencia, pero enfrenta dos problemas: la presión de los grupos de poder que históricamente han hecho del área un negocio personal y la presencia de funcionarios que no son de su equipo, ni de su confianza, que llegaron solo a tratar de apoderarse del negocio. ejemplo: Laura Mendizabal.

Si lo dejan, Jorge Toledo puede sacar al buey de la barranca, pero le tienen que dar armas para trabajar. Eso empieza porque el equipo de la oficina sea suyo.

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