Escala de Grises - Proyecto Portero
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos
Recientemente, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) anunció que trabajaría “codo con codo” junto al gobierno mexicano para desmantelar la red de personas, conocidos como “guardianes”, que controlan los corredores de contrabando en la frontera custodiada por el Río Bravo.
La noticia fue celebrada por ambos gobiernos como una muestra de cooperación y una “nueva era” en lo que respecta a la ley transfronteriza. Sin embargo, la duda respecto a una posible cesión de la soberanía nacional se extiende en el aire. ¿Realmente esta colaboración es lo que se necesita para disminuir el contrabando en la frontera? ¿Qué hay de los otros tantos problemas estructurales que se relacionan en este problema?
¿Será esta una oportunidad para “limpiar” la frontera o un motivo más para agregar a las variables explicativas de la violencia en territorio mexicano? ¿El sistema de justicia y las instituciones en México están lo suficientemente preparadas para abordar el conflicto sin que esto implique la vulneración a los Derechos Humanos de comunidades rurales que habitan el territorio?
Lo que parece ser una excelente forma de frenar el narcotráfico para la Casa Blanca resulta problemático para México (como siempre). Y es que la seguridad en nuestro país está tomándose como moneda de cambio. Estos intercambios, lejos de garantizar la integridad de la población, sólo contemplan el impacto político y económico que representa en la relación con Estados Unidos; específicamente con Donald Trump.
Basta con voltear la mirada a las cifras y a otros acontecimientos históricos para tener una prospectiva plausible (y nada favorecedora). Esta no es la primera vez que México se suma a una estrategia de cooperación binacional para frenar el narcotráfico, aunque ojalá sea la última.
En 2008, la Iniciativa Mérida prometió resultados similares a los que ahora ofrece el Proyecto Portero: capacitación, tecnología, intercambio de inteligencia y operativos conjuntos. El resultado fue un aumento histórico de la violencia. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras la inversión estadounidense superó los 3,000 millones de dólares, los homicidios dolosos en México pasaron de 8,867 casos en 2007 a 36,661 en 2018.
Bajo esta lógica, donde la prioridad es capturar o extraditar líderes de los cárteles, obtenemos como resultado una fragmentación de las estructuras criminales, lo que representa la posible formación de organizaciones más pequeñas, violentas e impredecibles. Si no hubo resultados en más de una década, ¿por qué ahora sería diferente?
Como si la militarización nacional no hubiera sido suficiente en sexenios anteriores, la intervención de elementos estadounidenses llega como una amenaza de generar más violencia. Según datos del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), el 70% de las armas decomisadas en México provienen de Estados Unidos. ¿Entonces estamos enfocándonos en soluciones superficiales o en el problema estructural?
No me malentienda. La cooperación transfronteriza es indispensable, eso no lo sometemos a discusión. Sin embargo, cuando la soberanía y la estabilidad de un país están en riesgo, el acuerdo no es lo suficientemente equitativo, ¿no le parece? Ahora, mientras Washington exige frenar el flujo de drogas hacia el norte, mantiene un mercado de armas que nutre la violencia en el sur, ¿eso no es lo suficientemente importante, entonces?
El reto no es desaparecer los corredores que, eventualmente, se van a diversificar con el propósito de mantener vivo el contrabando. Lo realmente importante debería ser plantear una estrategia que ataque de raíz factores que alimentan a los cárteles: corrupción institucional, desigualdad social y tráfico de armas. De lo contrario, la cooperación no será más que una simulación. Otra.
Make México Great Again:
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