Respetará el Congreso autonomía del Judicial
Rafael Reyes llama a resolver ya el conflicto
Gerardo Suarez Dorantes 
A pesar de la crisis e ingobernabilidad que enfrenta actualmente el Poder Judicial, el Congreso del Estado será respetuoso de sus determinaciones, aseguró el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes.
El diputado informó que se avaló la terna correspondiente y fue remitida de inmediato al Poder Judicial. En ese sentido, hizo un llamado para que el conflicto interno se resuelva dentro del marco de sus competencias y con pleno respeto a su autonomía institucional.
Sin embargo, enfatizó que es urgente atender la falta de una figura al frente del Tribunal Superior de Justicia. “No puede haber un vacío en la presidencia del Tribunal.
Más que nunca, los actores involucrados están obligados a ponerse de acuerdo y construir una mayoría que permita nombrar al nuevo titular”, señaló.
Reyes Reyes subrayó que lo más importante es garantizar condiciones de certeza al interior del Poder Judicial, ya que esto impacta directamente en el bienestar de la sociedad.
Agregó que desde el Congreso se mantendrá siempre el respeto a la autonomía judicial y se privilegiará el diálogo y los consensos para evitar cualquier vacío de poder.
El líder de los diputados de Morena en el Congreso local, Rafael Reyes, precisó que para renovar la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, hicieron la validación directa del Pleno, de la terna remitida por el propio Tribunal de la que se elegirá a la persona que ocupará ese cargo con la finalidad de que se elija a la nueva persona titular de la Magistratura que presidirá el Tribunal Superior de Justicia del estado.
La terna está integrada por las magistradas María del Carmen Aquino Celis, Nancy Giovanni Montero Mercado, y el magistrado Javier Mújica Díaz, quienes fueron seleccionados conforme a los criterios establecidos en la disposición transitoria décima tercera del Decreto en vigor.
La persona designada ejercerá la presidencia hasta el 31 de agosto de 2027 y será responsable del proceso de transición y entrega institucional del Poder Judicial, en los términos previstos por el propio Decreto.
