«Preocupante» panorama de jubilaciones: Castro Balcázar
Sobre todo para quienes han emitido controversias y trabajadores que van en pos de ese beneficio. Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben prever las condiciones presupuestales para tal efecto, dijo.
Leticia Castro Balcázar, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, expuso que el panorama de jubilaciones, en este sector, es “preocupante”; sobre todo, para quienes han emitido controversias y los trabajadores que van en pos de ese beneficio.
Asimismo, en entrevista, dijo que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben prever las condiciones presupuestales para tal efecto: “Si estamos en activo, obviamente ya nos tienen que ir contemplando para una jubilación. Ellos tienen que ver su presupuesto”.
En ese sentido, indicó que están “muy castigados” y, por tanto, esperan salir con “buenos términos”; de lo contrario, tendrán que unirse y recurrir a otras medidas de presión. Ante datos emitidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los que se destaca que el ingreso promedio en el estado es de 76 pesos, siendo uno de los más bajos a nivel nacional, externó que las categorías del Poder Ejecutivo están así: “Nos gustaría apoyarlos”.
Añadió que, en caso del Judicial, “no se da esto”, porque tienen remuneraciones “acordes a las necesidades”. Los sueldos oscilan de acuerdo a la función; pero, en términos generales, el “máximo es de hasta 10 mil pesos” al mes.
En torno a las controversias que están ahora, a las que no se les ha dado respuesta, admitió que su solución no se previó en el presupuesto: “Considero que hubo una mala información”; algunos subordinados se jubilaron con el 50 por ciento. Acotó que, por esta razón, están pagando las “consecuencias de una mala planeación y previsión”.
Sus declaraciones fueron vertidas, tras la mesa técnica que se dispuso en la sede del Congreso, cuyos trabajos tienen la intención de crear el Sistema Estatal de Pensiones.
José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de Gubernatura, junto con los asistentes, coincidió en “… es urgente atender el problema que para las finanzas públicas representan las pensiones y jubilaciones, pero hacerlo con pleno respeto a los derechos de los trabajadores”.
Concluyeron en revisar la Ley del Servicio Civil, que data de 1950; después, se actualizó en 1984; ergo, en el 92; hasta este momento, esta normatividad es una de las más antiguas del país.