Omitieron diálogo con los grupos subversivos
Tras la toma de casetas de peaje y detención, no hubo mecanismos de diálogo
Juan Lagunas
Tras la toma de casetas de peaje de la Autopista del Sol (Alpuyeca, por ejemplo), cuyos conflictos culminaron con la detención de algunos, las autoridades locales no implementaron mecanismos de diálogo.
Así lo consideró Marco Aurelio Palma Apodaca, responsable del área jurídica de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Adujo que no hubo “protocolos” de concertación (como sí lo hace la Guardia Nacional, GN).
Asimismo, en entrevista, expuso que en la de Tlalpan, la GN sí se antepuso a los “disturbios”. Por ende, tanto la Fiscalía General del Estado como Seguridad Pública tuvieron que erigir, de “manera efectiva”, métodos anti-violencia (en Alpuyeca, que estuvo “tomada” por varios “días”).
En ese sentido, indicó que faltó “reforzar eso: implementar este tipo de protocolos, para evitar estas consecuencias lamentables”, que tuvieron verificativo recientemente.
De igual forma, demandó que todas las acciones de disuasión se den de forma “correcta”; es decir, “…que se cumplan a su favor sus garantías constitucionales, sus derechos humanos y, sobre todo, que se RESPETEN Sus DERECHOS AL DEBIDO PROCESO de los presuntos inculpados”.
Cabe decir que, como lo hizo notar este rotativo, fueron 78 los que tenían maniatados ese centro de cobro; éstos, al parecer, tenían un vínculo con el crimen organizado, con base en información oficial, que emergió de la titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), Adriana Pineda Fernández; empero, la incertidumbre que aún impera es: “¿qué sectores fácticos ilícitos están de por medio?”.
Como es del conocimiento de la opinión pública, esas células operaban tomando la caseta y, en seguida, obligaban a los automovilistas a dar una “cooperación” de 50 pesos, con la finalidad de dar apertura al avance.
En ciertos momentos, como se constató a través de un estudio periodístico, llegaban a obtener hasta mil pesos por minuto; o sea, 60 mil por hora. Esto, a pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había declarado que no se permitirían actos vandálicos.
Así, el organismo de derechos humanos sólo pide que se garanticen las canonjías constitucionales de los aprehendidos.
