Observador político - Va la ESAF contra nueve dependencias del Cuauh

A veces la historia no se repite como tragedia ni como farsa: se encadena como una rutina cínica de saqueo institucional, y ello pude ser un ejemplo lo ocurrió en Morelos, particularmente en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, aquél que prometió redención desde el futbol y solo dejó tras de sí una estela de corrupción que hoy, por fin, empieza a ser documentada en expedientes judiciales.

MORELOS, TIERRA SAQUEADA.- La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso local lleva a cabo una investigación que trae desde el 2023 y que ha ido avanzando de manera importante hasta la fecha por lo que pronto pueden haber noticias importantes y llamativas, en razón de qué, ya presentó José Blas Cuevas Díaz, nueve denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por el delito recurrente que es el ejercicio ilícito del servicio público, ese eufemismo que disfraza lo que en esencia es robo al pueblo.

Una de las instituciones más señaladas sigue siendo la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), cuyo titular fue Jaime Juárez López. Este personaje, reciclado del oportunismo político, intentó sin éxito ser gobernador, presidente municipal y hasta regidor. Lo que sí logró, en cambio, fue ganarse un lugar en las carpetas de investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Como suele suceder en este país donde el poder compra impunidad, Juárez López corrió a ampararse para no ser detenido antes de dejar la CEAGUA, por lo que en aquél momento promovió un recurso ante el Juzgado Cuarto del Décimo Octavo Circuito, mientras la Fiscalía ya investigaba las anomalías detectadas por la ESAF en las auditorías correspondientes al periodo 2021–2022. Se habla de documentación posiblemente falsificada, manipulación de registros y un patrón claro de malversación de recursos.

En Morelos, el discurso se disolvió entre licitaciones opacas, obras sin terminar y el viejo arte de robar sin dejar huella; todo mientras los pueblos siguen sin agua, sin servicios, y sin justicia; por lo que no se puede justificar la corrupción por el color de la camiseta política.

LA HERENCIA DEL CUAH.- En un país donde el campo agoniza y el maíz se defiende como bandera de soberanía, la corrupción en el sector agropecuario no sólo es un crimen económico, sino un atentado directo contra la vida campesina. Y en Morelos, el caso del exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Omar Taboada Nasser, vuelve a evidenciar la podredumbre que se enquista en las instituciones bajo gobiernos que simulan mirar hacia el sur, pero gestionan como si todo fuera una finca privada.

La denuncia penal interpuesta por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), aunque genérica -“contra quien resulte responsable”-, se convierte en un espejo que refleja prácticas ya conocidas: desvío de recursos, almacenamiento clandestino de insumos, y una red de complicidades que opera con total impunidad mientras los verdaderos productores esperan insumos que nunca llegan.

Además, las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos apuntan a una realidad alarmante: fertilizantes e insumos agrícolas destinados a campesinos morelenses fueron encontrados en bodegas irregulares, algunas vinculadas directamente con la familia del exfuncionario.

Cierto es que la imagen es grotesca: toneladas de fertilizante guardadas, lejos del surco y del ejido, mientras en las comunidades rurales se sigue sembrando a mano y sin apoyo mientras que, Taboada Nasser, como fue su costumbre en la clase política acostumbrada a patrimonializar lo público, se defendió en su momento y aseguró que todo se trata de un “malentendido”.

Empero, no se puede malinterpretar la presencia de recursos públicos almacenados en propiedades privadas, es decir, no hay ambigüedad porque siempre hubo un patrón: una vez más, quienes debieron defender al campesino, lo traicionan para seguir engordando su patrimonio familiar.

Tristemente, esto no es sólo un caso aislado de corrupción porque es el síntoma de un modelo agroindustrial excluyente, que relega al campesinado a migajas mientras se acaparan los recursos desde las cúpulas.

La justicia no puede limitarse a cateos y declaraciones, por lo que la denuncia de la ESAF contra quien resulte responsable de esta dependencia, debe continuar con su investigación a fondo, siempre pensando en que se castigue con firmeza y, sobre todo, que se pueda resarcir a las comunidades afectadas el patrimonio que se llevaron de forma irregular.

Porque mientras los fertilizantes se pudrían en las bodegas privadas, lo que verdaderamente se deterioró fue la confianza en las instituciones.

ALCALDES, ENTRE EL CRIMEN Y EL SAQUEO.- Mientras la Fiscalía General de la República avanza lentamente en las investigaciones contra presidentes municipales en funciones de Morelos -entre ellos Jesús Corona, de Cuautla-, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, se confirma una vez más lo que el pueblo ya sabe pero las instituciones fingen ignorar: que el poder municipal en esta entidad ha sido secuestrado por redes de corrupción, impunidad y colusión con el crimen.

Resulta que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) no ha dejado de señalar irregularidades, pero sus acciones llegan tarde y, con frecuencia, se diluyen en los pantanos de la burocracia. Un ejemplo claro de ello es el caso de Cuautla, donde el actual alcalde, Jesús Corona Damián, tiene ya un expediente por faltas administrativas graves relacionadas con desvío de recursos desde el ejercicio fiscal 2021. No es un caso aislado: lo acompañan alcaldes y exfuncionarios de Tlayacapan, Tlaquiltenango, Mazatepec y Emiliano Zapata. Todos, al parecer son parte del mismo sistema que gobierna no para servir, sino para saquear.

La ESAF reconoce ya al menos nueve expedientes relacionados con desvío de recursos, algunos ya turnados al Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Pero cuántos llegarán realmente a una sanción ejemplar? ¿Y cuántos serán solo parte del juego mediático para encubrir la profundidad de un sistema podrido?

El pueblo de Morelos merece saber la verdad y ver a los culpables tras las rejas. Lo demás es complicidad.

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