Serpientes y escaleras - La ley de Herodes
En opinión de Eolo Pacheco
El congreso de Morelos está haciendo historia… de película.
La ley de Herodes
El congreso de Morelos se ha convertido en un ente que avasalla, que impone, que pasa por alto la ley y hace valer sus deseos a la fuerza. Los abusos de la actual legislatura comenzaron en lo económico, pero ahora incluyen lo político y lo legal; bajo el argumento de que defienden su soberanía, los legisladores locales han hecho del parlamentario un suprapoder. Aún así nada es eterno y el costo social que pagarán los diputados será muy alto. Pocos o quizá ninguno de los representantes populares actuales volverán a estar en un cargo público.
Lo que comenzó como una batalla política personal entre el congreso y el ejecutivo ha mutado hasta convertirse en un guion de Luis Estrada; la actuación de los veinte legisladores locales solo puede compararse con la que tuvieron los integrantes de la legislatura graquista, la 53, pero aún en ese parangón los actuales han superado por mucho los abusos de sus antecesores.
Al principio el discurso legislativo iba en función de la defensa ciudadana, del municipalismo y del compromiso con la gente; el mensaje nunca fue cierto, pero se utilizaba para justificar todo. Ahora ni eso.
La descomposición de la legislatura 55 comenzó en su interior, con conflictos entre diputados que derivaron en la división en grupos; de ahí las cosas se pusieron peor: aparecieron personajes de mala reputación y se reclutaron figuras del gobierno pasado, acusadas de corrupción, malversar recursos públicos y lucrar con la desgracia con los recursos de la reconstrucción.
La ambición de los integrantes de la cámara de diputados quedó de manifiesto rápidamente: apenas unos meses después de haber protestado el cargo se evidenció la manera como se repartían el dinero; la diputada Andrea Gordillo, por ejemplo, recibió en cuatro meses más de 400 mil pesos por concepto de “viáticos” para que visitara municipios del estado.
El presupuesto que maneja el congreso de Morelos arrancó con 450 millones de pesos y para el 2023 los diputados se auto concedieron un incremento de 80 millones de pesos, lo que convirtió al parlamento local en el más caro e improductivo de todo el país. A decir de algún legislador del bloque opuesto, con este dinero cada integrante del G15 recibiría mensualmente más de 2.5 millones de pesos como percepciones.
Pero el abuso del congreso no se quedó en el presupuesto: para este año la 55 legislatura modificó el paquete económico enviado por el ejecutivo y dio vida a un fondo de obra pública para los municipios que ellos mismos canalizarían bajo su libre albedrío; por esa vía y a pesar de que el poder legislativo no está facultado para ejercer obra pública, los representantes populares destinaron 544 millones de pesos al nuevo Fondo de Infraestructura Municipal.
El problema es que de estos recursos, según lo denunciaron varios presidentes municipales, el 70 por ciento del dinero se destina solo a tres municipios: Cuernavaca, Yecapixtla y Yautepec; item más: de acuerdo con algunos alcaldes la condición impuesta por los diputados a los ayuntamientos que recibirán dinero es que las obras las llevarán a cabo las empresas que ellos elijan, por el obvio beneficio económico que ello trae implícito. Los abusos económicos del congreso local son inocultables e indefendibles, por ello el discurso municipalista y social con el que inició esta legislatura ya ni siquiera se utiliza.
A la par del manejo económico los diputados han entrado a una lucha que utiliza a las instituciones y a las leyes como carne de cañón. El pleito entre poderes es evidente desde que comenzó la legislatura, se ha convertido en una guerra sin cuartel en donde ambas partes han lanzado acusaciones, han tirado golpes y dejan de manifiesto que la relación es irreconciliable.
Hasta ahí no había sucedido nada que no hayamos visto con anterioridad, pero con la imposición del presupuesto apareció un elemento que sí es nuevo: los diputados modificaron la propuesta económica enviada al congreso para su aprobación, lo cual es su derecho, pero además de cambiar los números incluyeron también cajones financieros que establecían la manera como cada dependencia debería ejercer los recursos asignados, lo cual es una evidente intromisión de poderes. Y la pelea no terminó ahí.
El bloque mayoritario arrebató a sus homólogos las comisiones y validó la designación de un coordinador parlamentario (de Morena) que no era quien la mayoría de los morenistas querían; los inconformes recurrieron al tribunal electoral, este concedió la razón a los quejosos y ordenó al congreso que reconociera la voluntad de la mayoría. Pero en lugar de atender la determinación de una autoridad judicial y en su caso, combatirla por la misma vía, el congreso se negó a acatar la disposición bajo el argumento de que se trataba de una intromisión en su soberanía. Ahora, como desquite, el congreso auditará al tribunal estatal electoral.
En ese momento y por esa acción el congreso local se convirtió en un suprapoder que por voluntad propia determinó que no obedecería una determinación legal por el simple hecho que “la mayoría” de los diputados no estaba de acuerdo. El mismo argumento de la autonomía parlamentaria fue utilizado por la legislatura 53 cuando se debatió la designación de magistrados, pero al final una autoridad superior determinó que el congreso de Morelos había incurrido en un desacato, porque a pesar de tener autonomía debía “fundar y motivar” sus acciones.
El arrebato más reciente del congreso local ocurrió hace apenas unas horas, cuando en una sesión nocturna los diputados modificaron su ley interna para cambiar el voto en la junta política a manera de que las decisiones ya no se tomen por mayoría calificada, sino por mayoría simple. Esto permitirá al G15 tener el control absoluto de la cámara, aunque al final tengan que acatar el cambio en la titularidad de la junta política. Veámoslo de esta forma: al puro estilo de la película La Ley de Herodes, los Juanitos Vargas cambiaron las leyes para poder actuar como quieran.
Lo que están haciendo los integrantes de la cámara de diputados de Morelos no tiene precedente; en la tierra de Zapata hemos visto legislaturas incompetentes, corruptas, doblegadas al poder ejecutivo o enfrentadas con él, pero nunca un parlamento que modificara las leyes para hacer lo que quisiera.
El argumento de la autonomía que pregonaban todos los representantes populares sustituyó al discurso municipalista y de compromiso social que presumían cuando asumieron el cargo; ya nadie en esta legislatura defiende sus posturas en función de “lo que la gente les pide” o el pueblo necesita; ahora todo se reduce a lo que ellos quieren y pueden hacer porque la ley se los permite o se los faculta la constitución.
Y si en algún punto sus intereses chocan con la ley, simplemente la cambian.
· posdata
Los actos, acciones y decisiones de la 55 legislatura de Morelos no dejan lugar a duda sobre lo que son; en independencia de su enfrentamiento con el congreso y el sospechoso perfil de la mayoría de sus integrantes, en lo que corresponde a su actitud institucional el parlamento ha dejado mucho que desear.
Una y otra vez los legisladores han estado envueltos en polémica, ya sea por cuestiones públicas o personales, pero también por la tragedia que ha marcado a este periodo: primero la lamentable muerte de uno de sus integrantes y la manera tan desaseada como el pleno permitió que su lugar fuese ocupado por alguien que había falseado información para ocupar una posición destinada a la comunidad lésbico gay y que, además, por orden de prelación no le correspondía protestar el cargo.
Luego vino el trágico homicidio de la diputada suplente, víctima de un ataque armado a plena luz del día en Cuernavaca, hecho que sentó un precedente porque nunca en el estado de Morelos había ocurrido algo así. Lo ocurrido fue condenado públicamente, varios diputados acudieron a la Ciudad de México para exigirle al gobierno federal una acción contundente y luego todos olvidaron lo que pasó y dejaron que el manto de la impunidad cubriera el crimen.
Hace unas semanas un nuevo acto de sangre manchó al congreso cuando el hermano de una diputada fue ejecutado y su cuerpo sin vida fue arrojado en un paraje, encobijado y con signos de tortura. El pésame de los legisladores fue enviado a través de las redes sociales, pero más allá de esa postura a nadie le interesó que el asesinato se aclarara y los culpables fueran castigados.
En Morelos hemos visto pasar legislaturas muy malas, pero nunca una como la actual.
· nota
El gobernador Cuauhtémoc Blanco ha incluido a la secretaria de desarrollo económico Cecilia Rodríguez en todos sus eventos y recorridos, no importa que no se trate del sector al que atiende su secretaría.
Antes era el titular del transporte Víctor Mercado, actual coordinador de asesores, quien estaba siempre a su lado; hoy están los dos.
El jefe del ejecutivo tiene en ambos a sus propuestas para sucederlo, se trata de perfiles que considera afines a su proyecto, personas de su confianza, figuras que estarían en condiciones de buscar la candidatura al gobierno de Morelos en el 2024, cubriendo la variable de género.
Víctor Mercado combina su participación en todos los actos oficiales con una agenda propia que incluye encuentros diarios con distintos sectores y presencia permanente en medios de comunicación; Cecilia Rodríguez comenzó tarde la carrera, se mueve con más discreción y su promoción es fundamentalmente en redes sociales.
Él es candidato del gobernador Cuauhtémoc Blanco y ella es la propuesta de Ulises Bravo.
· post it
La encuesta de abril de Mitofsky coloca nuevamente al presidente municipal de Jojutla Juan Ángel Flores como uno de los mejor evaluados; esta vez se ubica en el segundo lugar del ranking de 150 presidentas y presidentes municipales de México, solo por debajo de su homólogo de Tampico Jesús Nader.
De todos los alcaldes morenistas del país, el morelense es el mejor calificado.
· redes sociales
Morena tiene ocho aspirantes a la gubernatura; varios de ellos (ellas) podrían hacer un buen papel al frente del ejecutivo.
¿Y la oposición a quien tiene?
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