Observador político - Son legales los permisos para circular que se ofertan en Guerrero

En un país donde la ambigüedad legislativa y la falta de coordinación entre niveles de gobierno parecen ser la norma, uno de los ejemplos más recientes de desinformación y abuso de poder es el conflicto en torno a los permisos de circulación expedidos por los municipios del Estado de Guerrero. Y es que, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en claro en 2022 que dichos permisos son válidos, las autoridades estatales y municipales en Morelos, continúan imponiendo restricciones que, en muchos casos, carecen de fundamento legal, por lo tanto, son ilegales.

GUERRA VS PERMISOS DE CIRCULACIÓN: CONFUSIÓN LEGISLATIVA.- La sentencia de la SCJN es clara: los municipios, como parte del tercer nivel de gobierno, tienen la facultad constitucional de expedir permisos para circular, incluso sin placas, durante un periodo de treinta días; esta facultad está respaldada por el artículo 115 de la Constitución Federal, que otorga a los municipios la responsabilidad de gestionar el tránsito en sus respectivas localidades, incluyendo el registro y control de vehículos.

No obstante, y a pesar de este fallo contundente, autoridades como la Dirección de Tránsito de Cuernavaca y la Secretaría de Movilidad y Transportes de Morelos siguen tratando de imponer restricciones sin justificación legal, bajo el argumento que implementan estos operativos para frenar la incidencia delictiva en la entidad.

Lo que subyace en este conflicto no es solo una cuestión de interpretación legal, sino una clara falta de capacitación y actualización en los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes. ¿Cómo es posible que las autoridades de tránsito sigan emitiendo multas y prohibiciones sobre permisos legalmente válidos? La respuesta parece ser una mezcla de desinformación, resistencia al cambio y la perpetuación de prácticas autoritarias sin un marco legal que las respalde, por lo que quizás, es hora de que los servidores públicos de Morelos, y en especial de Cuernavaca, se capaciten adecuadamente sobre las disposiciones legales vigentes y dejen de improvisar soluciones que violan derechos constitucionales.

FRENAR INCIDENCIA DELICTIVA, EL ARGUMENTO.- Un elemento adicional a este rompecabezas es el argumento que algunas autoridades dan sobre el combate a los grupos criminales, ya que aseguran que los operativos viales son parte de una estrategia de seguridad para frenar la movilidad de los delincuentes; sin embargo, lejos de ser una estrategia eficiente, la falta de información y los operativos mal planeados terminan afectando a ciudadanos comunes que no tienen ninguna relación con actividades ilícitas.

Por tanto, no es una coincidencia que muchos de los delincuentes de la región, como bien se ha señalado, tienen "Halcones" o incluso informantes dentro de las mismas fuerzas de seguridad, lo que les permite anticiparse a los operativos y conocer, de antemano, las zonas de control; esto pone en evidencia la falta de eficacia de los operativos y, más aún, la urgencia de una reforma en los enfoques utilizados por las autoridades para abordar el crimen.

En lugar de continuar con medidas punitivas que perjudican a los automovilistas comunes y corrientes, las autoridades deberían buscar soluciones más efectivas y respetuosas del marco legal; es decir, los permisos de circulación expedidos por los municipios de Guerrero no son un favor que se le hace a los ciudadanos; son un derecho legalmente reconocido. El hecho de que los funcionarios de otros estados, como Morelos, no lo reconozcan o traten de desconocerlo pone en evidencia la falta de alineación con los principios constitucionales que deberían regir las políticas públicas en el país.

CORTINA DE HUMO, OPERATIVO “MOTO SEGURA”.- En Morelos, el operativo “Moto Segura” volvió a la escena pública, y con él, una serie de polémicas que reflejan la falta de claridad y la innecesaria criminalización de los ciudadanos, sobre todo porque este operativo, que se centra en la circulación de motocicletas con permisos expedidos en Guerrero, ha desatado manifestaciones de los motociclistas, bloqueos y un creciente malestar social.

Hay personajes como Miguel Ángel Urrutia Lozano, Secretario de Seguridad Ciudadana, quien ha hecho de la lucha contra estos permisos un eje de su estrategia, empero, la solución propuesta está muy lejos de ser efectiva y tal parece, es más una cortina de humo para evadir problemas estructurales mucho más profundos en materia de inseguridad, ya que Morelos no deja los primeros lugares a nivel nacional en delitos de alto impacto.

Sin serlo, los permisos expedidos en Guerrero se han convertido en un símbolo de ilegalidad a los ojos del gobierno de Morelos, que los vincula con el aumento de delitos cometidos por individuos que se dan a la fuga en vehículos sin placas; por lo que a simple vista, la idea de restringir estos permisos parece un paso lógico para reducir la impunidad en las calles, aunque, en realidad, al mirar más de cerca, uno se da cuenta de que detrás de esta postura se esconde una falta de voluntad para abordar las verdaderas causas del problema: la inseguridad estructural y la corrupción de las autoridades locales.

Es fácil señalar a los permisos de Guerrero como la causa de los crímenes cometidos con motocicletas, pero esta visión simplista oculta las verdaderas razones por las cuales estos vehículos se encuentran en circulación sin placas. ¿Acaso las autoridades no deberían enfocar sus esfuerzos en atacar las raíces del problema, como la falta de control efectivo en el registro vehicular, la venta de vehículos robados, y la corrupción en los procesos administrativos que permiten la circulación de estos vehículos sin ninguna fiscalización adecuada?

El operativo “Moto Segura”, lejos de ser una solución real, ha generado consecuencias no solo en el ámbito de la seguridad pública, sino también en el plano social; ya que en varias ocasiones, los motociclistas han mostrado su descontento con los retenes y las confiscaciones masivas, lo que ha llevado a bloqueos de circulación en áreas clave de Cuernavaca y manifestaciones en las oficinas de Movilidad y Transporte, sobre todo porque al final lo único que queda en evidencia es la voracidad por los recursos económicos que se perciben por este tipo de operativos fallidos.

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