Observador político - Por la unidad de Morelos

En un estado que ha sido golpeado por años de abandono institucional, violencia estructural e impunidad -herencia directa de gobiernos panistas, priistas y perredistas-, la gobernadora Margarita González Saravia, hizo un llamado a la unidad ante estos tiempos difíciles que se viven no solo en Morelos sino a nivel nacional.

POR LA DIFNIFICACIÓN DEL ESTADO.- El discurso de reconciliación sonó, en el papel, esperanzador durante su encuentro con profesionistas del derecho con motivo del Día del Abogado, en el que González Saravia reafirmó su intención de “dignificar y levantar” a Morelos, pidiendo consenso entre poderes y la tan golpeada ciudadanía.

Por lo que el rezago en infraestructura carretera, agrícola e hidroagrícola que la gobernadora señala no es casual ni reciente, debido a que se trata y es precisamente el resultado directo de décadas de gobiernos neoliberales que vendieron al estado al mejor postor, que convirtieron lo público en negocio privado y que redujeron el campo, la educación, la salud y la seguridad a servicios mínimos, precarios y clientelares.

Sin embargo, nombrar esa herencia no basta: hay que romper con ella, no simplemente administrarla con buena voluntad y por ello la importancia de llamar a la unidad al lado de figuras como el fiscal Edgar Maldonado, quien recientemente dejó clara su visión de la justicia al anunciar que apelará todas las decisiones judiciales, particularmente en las que los jueces han liberado a presuntos delincuentes sin importar todo el historial criminal, solo porque argumentan que las -carpetas de investigación no fueron bien cuadradas.

Ciertamente que estabilidad sin justicia es silencio impuesto, no paz y la justicia sin transformación es maquillaje institucional, no verdadera reparación, de ahí que los llamados y acuerdos tendrán que ir encaminados y llamados a definir acciones reales que permitan impulsar un verdadero crecimiento y desarrollo social en la entidad.

Si Morelos va a renacer, será desde abajo: con un presupuesto acorde a las necesidades del y para el campo, con una verdadera justicia para las madres buscadoras que tanto han sufrido por años sin ser reconocidas en ese esfuerzo sobrehumano que hacen para localizar a sus familiares desaparecidos; con vivienda digna, salud pública fortalecida, y con fiscalías al servicio de la verdad, no del poder político.

Hoy, la gobernadora Margarita González tiene una oportunidad histórica de cumplir con los anhelos de la sociedad de lograr un estado donde le vaya bien a la mayoría de quienes aquí vivimos, para lograr que haya una paz y tranquilidad acompañada de progreso en obras y servicios que durante décadas se ha carecido de ello y que ahora, se pueden empezar a poner los cimientos para recuperar no solo el crecimiento sino la confianza ciudadana ávida de creer en sus representantes populares.

LAS PROTESTAS DE SIDICALISTAS EN LA CAPITAL.- En los últimos días, volvió a desempolvar el viejo tema de los sindicatos que chantajean al gobierno y en esta ocasión, fue la protesta del Nuevo Grupo Sindical y la Unión de Transportistas de Cuernavaca (UTM), que colapsó durante varias horas puntos clave de la ciudad para exigir su inclusión en los contratos de obra pública.

¿Fue incómodo? Sí. ¿Afectó a terceros? También, además de las miles de personas se vieron afectadas y llegaron tarde porque la ciudad se colapsó por las calles estratégicas que fueron bloqueadas y aunque fue una forma legítima de protesta muchos que sin deberla ni temerla resultaron afectados de sus acciones.

La narrativa oficial insiste en que estos métodos se han vuelto costumbre, y que ya es tiempo de “poner orden”, de “hacer valer la ley” y sancionar, sin embargo, por lo que urge que hoy se evite lo que en el pasado se realizó, lo que se hizo costumbre durante décadas que fue la de asignar obra pública a empresas privadas sin compromisos sociales y por ello, urge que hoy no se margine a la fuerza laboral local organizada ni se vulneren los derechos laborales pero llegando a los acuerdos como iniciaron ya con las autoridades municipales de la capital para que exhorte a los empresarios a que los integren sin que esto sea una decisión autoritaria.

La criminalización de la protesta obrera siempre apela a los “afectados”: automovilistas, usuarios del transporte público, familias que se dirigían a una graduación, pero también es cierto que rara vez se habla de los años de precarización, desempleo y exclusión que viven miles de trabajadores organizados en los estados.

El diálogo entre autoridades y representantes sindicales fue lo mejor para tratar de incluirlos en las obras para lograr ampliar la cobija a más trabajadores de diversos sindicatos y con ello, evitar las inconformidades y si, las pautas para juntos impulsar el desarrollo de la ciudad.

De ahí que el alcalde José Luis Urióstegui precisó: “los recomendaremos con las constructoras, pero no podemos obligarlas a contratarlos”, al ser honesto de lo difícil que sería que los obligarán a que les den obras, mostrando gestionar y ser intermediario entre la empresa privada y la sociedad, dejando que el mercado decida quién trabaja y quién queda fuera.

Quizá en un futuro inmediato, eso implica establecer reglas claras para la inclusión de sindicatos locales, garantizar condiciones laborales dignas y transparentar la relación con contratistas, con topes económicos de los sindicatos para que también no pidan las perlas de la virgen a los empresarios y la mayoría puedan ser beneficiados sin que haya necesidad de “recomendar” y esperar que el capital sea benevolente.

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