Observador político - Herencia maldita en la fiscalía

En Morelos, la justicia durante años, en sexenios del PAN, PRI y PRD no solo fue secuestrada por sino saqueada con total impunidad bajo la complicidad de quienes juraron defenderla, y u ejemplo de ello, el caso de Uriel Carmona Gándara quien estuvo durante siete años al frente de la Fiscalía General del Estado y quien convirtió  esa institución, es un emblema del cinismo institucional y herramienta de negociación política.

IMPUNIDAD BLINDADA.- Desde 2018, cuando el exgobernador perredista Graco Ramírez lo impuso con el respaldo de un Congreso complaciente, Carmona Gándara asumió el cargo con una autonomía que no significó independencia sino opacidad: más de 7 mil millones de pesos manejados en siete años sin rendición de cuentas efectiva y sin resultados tangibles.

La impunidad fue su legado, coronada con un rezago de más de 90 mil carpetas de investigación activas que le heredó a su sucesor, Edgar Maldonado Ceballos, una cifra que no solo retrata la ineficacia, sino que también refleja el abandono sistemático de las víctimas.

La falta de resultados no es impedimento para el derroche, y basta recordar que en el 2023, Carmona Gándara anunció con cinismo total frente a los diputados en el recinto legislativo en una de sus forzadas comparecencias, la supuesta compra “urgente” de un helicóptero por 20 millones de pesos, que serviría -según él- para la búsqueda de personas desaparecidas. Un año después, el helicóptero nunca apareció y el dinero tampoco. ¿Falta de presupuesto? Falso. El diputado Alberto Sánchez Ortega desmintió ese argumento: el Congreso sí había autorizado una partida específica para esa adquisición en el presupuesto de 2024.

Entonces, ¿dónde está el dinero?

Lo que sí sabemos es que Uriel Carmona no tuvo empacho en desobedecer sistemáticamente su obligación constitucional de comparecer ante el Congreso durante cuatro semestres consecutivos. ¿Y qué pasó? Nada. La relación de comodidad con la Legislatura 55 le permitió operar sin controles, sin fiscalización y, sobre todo, sin consecuencias.

Finalmente, fue hasta febrero de 2025, y con nueva correlación de fuerzas políticas, que el Congreso aprobó su destitución con 16 votos a favor, respaldando la solicitud del Ejecutivo, pero el daño ya estaba hecho. Ahora, el nuevo fiscal, Edgar Maldonado Ceballos, quien heredó no solo una institución quebrada, sino una bomba de tiempo judicial: 90 mil expedientes, miles de víctimas sin respuesta y una ciudadanía que ha dejado de confiar en el Estado.

Al paso del tiempo se evidencia que no bastó con quitar a Uriel Carmona, por lo que es urgente abrir todos los archivos, investigar el destino de los recursos y sancionar penalmente a quienes permitieron este saqueo -dentro y fuera de la Fiscalía-. El helicóptero fantasma es apenas un símbolo del fraude, pero el verdadero crimen ha sido permitir que la justicia fuera convertida en negocio personal.

JUSTICIA SIMULADA.- Hay que insistir que en Morelos, la Fiscalía no ha sido un pilar de justicia, sino una fábrica de impunidad financiada con recursos públicos, los ejemplos antes señalado es prueba fehaciente de ello, dónde se revela con crudeza cómo la corrupción institucionalizada no solo sobrevive, sino que se fortalece cuando los encargados de vigilarla son también sus principales beneficiarios.

El caso de Uriel Carmona Gándara, exfiscal estatal destituido en febrero de 2025, es una muestra obscena del poder sin contrapesos, pero otro de los capítulos escandalosos fue revelado recientemente por José Blas Cuevas Díaz, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), sobre un presunto desvío de más de 256 millones de pesos solo en el ejercicio fiscal 2023. Según el auditor José Blas Cuevas Díaz, el dinero habría sido utilizado en conceptos como pagos inflados por honorarios, nóminas irregulares, facturas canceladas, y hasta viajes al extranjero —a Sudamérica y Europa— con dudosa justificación. Se habla incluso de simulación de servicios, con facturas que desaparecen del sistema como por arte de magia.

Y ahora, como en cualquier historia de corrupción bien ensayada, el exfiscal se encuentra ilocalizable, eludiendo la notificación formal de las observaciones hechas por la ESAF, escondido entre cinco domicilios distintos como si fuera un fugitivo de la ley. ¿Prófugo? Legalmente aún no, pero éticamente sí. ¿Dónde están los gritos indignados de quienes decían defender la legalidad? ¿Dónde quedó el discurso de la autonomía como garantía de eficacia?

De ahí que, aunque no lo diga, Edgar Maldonado Ceballos, enfrentó una institución colapsada, ya que como bien dice se dice popularmente, “se sacó la rifa del tigre sin comprar boleto”, aunque ya es hora de que deje de ser espectador de la tragedia y comience a actuar: la ciudadanía tiene derecho a saber qué se ha hecho en estos seis meses y, sobre todo, qué se hará con los crímenes institucionales del pasado.

Es momento de romper el cerco. La justicia en Morelos no puede seguir dependiendo del silencio de quienes encubren ni del miedo de quienes heredan el desastre, más aún, la José Blas de la ESAF debe hacer públicos los edictos que Uriel Carmona ha evitado recibir. Y si no hay respuesta, que se le busque judicialmente ya que 256 millones no pueden simplemente “perderse” o desaparecerse de la nada.

EN EL OLVIDO LOS CASOS DE: GABRIELA, MARCO Y ROBERTO.- El fiscal Edgar Maldonado Ceballos, tiene la obligación de limpiar el cochinero de su antecesor y dar a conocer la situación real de casos como los asesinatos en contra de políticos y periodistas que hasta la fecha están en el cajón de los recuerdos, y en total impunidad, pese  que Uriel Carmona aseguró cuando era fiscal, que estaba a punto de dar con los presuntos asesinos y todo esas declaraciones se las llevó el aíre porque nunca hubo resultados favorables en las investigaciones.

En Morelos, durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, el Estado dejó de ser garante de justicia para convertirse en un testigo silente de la barbarie, ya que se profundizó la descomposición institucional que ya venía de tiempo atrás, pero que alcanzó niveles grotescos. Como ejemplo, están las ejecuciones de la diputada local Gabriela Marín, la del presidente comisionado del IMIPE, Marco Alvear y la del periodista Roberto Figueroa, cuyos crímenes no solo estremecen por su brutalidad, sino por la desvergüenza con la que fueron cometidos: a plena luz del día, en espacios públicos, sin que nadie —ni el Estado ni sus aparatos de seguridad— respondiera.

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