Observador político - ¨Plan B en Morelos¨, las reformas electorales

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - ¨Plan B en Morelos¨, las reformas electorales

Cuando el PRD era gobierno se hizo el harakiri debido a que, a finales de abril del año 2017, los diputados de la entonces legislatura LIII impulsados por Rodrigo Gayosso Cepeda, reducir de 30 a 20 el número de legisladores y ahora, se han dado cuenta del error garrafal que cometieron y buscan a toda costa, regresar a las tres decenas de curules en el Congreso local.

EL KARMA LEGISLATIVO-. Hay que señalar que la aprobación de las reformas electorales por parte del Congreso de la Unión y de los Congresos locales, se encuentra ya que prohíbe su aval o promulgación en un periodo de 90 días antes del inicio de un proceso de elección.

Es decir, las leyes comiciales, federales y locales tienen que promulgarse y publicarse al menos, 90 días antes de que inicie el proceso en que vayan a aplicarse, las cuáles inician en septiembre de este año el inicio de las elecciones que tendrán verificativo en julio del año entrante, por lo tanto, no puede haber modificaciones legales fundamentales de acuerdo a lo que estipula la Ley.

Por lo tanto, los diputados de la Legislatura LV que intentan iniciar una reforma electoral no porque ellos estén ganosos y anhelen que se cristalice ese objetivo sino porque así se los han indicado sus dirigentes partidistas, sobre todo los de la coalición: “Vamos por Morelos” que integran el PAN, PRI y el PRD que en la entidad perdió el registro y cuya intención no es otra que ampliar de 20 a 30 diputados locales para que puedan tener posibilidades los líderes de los diferentes institutos políticos de alcanzar una curul.

Más aún, porque se sienten vulnerables de que, con las afirmaciones ficta de los grupos vulnerables como las comunidades indígenas, personas de la tercera edad, mujeres, comunidad lésbico gay, personas con capacidades diferentes, entre otros, se les han cerrado las puertas a los dirigentes partidistas y, por tanto, pretenden que les regresen esos espacios de representación que les quitó el PRD con Graco Ramírez y Gayosso en la Legislatura LIII en lo que hoy es un claro karma legislativo.

LOS INTERESADOS: EL PAN y PRI. - Fue en el 2017, un año antes de que concluyera el gobierno del tabaqueño Graco Ramírez, junto con su hijo Rodrigo Gayosso Cepeda, a la postre candidato gubernamental por el PRD y PSD, los que promovieron y ordenaron a los legisladores de la LIII que aprobaran la reforma electoral para reducir de 20 a 30 diputados locales. El argumento que tenían era que ellos ganarían, serían gobierno y querían negociar económicamente con la menor cantidad de representantes populares. Al final, les salió el tiro por la culata y hoy, junto con sus aliados panistas y priistas, quieren revertir ese daño político que hoy siguen padeciendo.

La reducción para los entonces legisladores encabezados por el perredista Enrique Javier Laffitte Bretón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, convirtió a Morelos en un referente nacional y afirmó que, la disminución no afectaba la proporcionalidad que exige la Constitución Federal. Hoy, los actuales, dicen lo contrario.

Sin embargo, en el 2020, en la legislatura pasada, se intentó ya regresar a las 30 curules en el Congreso de Morelos, y para ello plantearon analizar una nueva reforma que contemplaba la redistritación, a pesar de que bajo esta modalidad jamás lograron la reducción financiera ni de ahorros como se tenía prevista, sino que por el contrario aumentó de 400 a 480 millones de pesos el presupuesto del Legislativo.

De igual manera, la reforma electoral no es del desagrado de los demás partidos como Morena, que ya intentó incluso, rectificar el “garrafal error” que cometieron los perredistas, señalando una falta de representación de todos los ciudadanos.

En tanto que, Eliasib Polanco Saldivar, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, reconoció que tendrán que socializar la reforma electoral ya que tienen hasta mayo para aprobarla, aunque esperan trabajarla con los alcaldes -Constituyente permanente- o en su defecto, que solo se reforme la Ley secundaria -Plan B-, para que sea solo una reforma parcial. Este viernes se puede tener ya lista y la próxima semana presentarla al pleno.

APRUEBAN JUBILACIÓN “FAST TRACK”.- A El Toby, Óscar Cano Mondragón y aliados, solo les quedan cuatro meses para poder convencer a los alcaldes (Constituyente permanente) para que voten a favor de la reforma electoral Constitucional que pretenden llevar a cabo ahorita que son 15 y que tienen esa y otras acciones de llevar a cabo luego de casi un año y medio de parálisis legislativa.

Hay que recordar que el Toby, Óscar Cano Mondragón -considerado por militantes azules como traidor al PAN después de que se fue a campaña con el exsecretario de Hacienda del gobierno del estado, Alejandro Villareal Gasca, cuando buscó ser presidente municipal de Cuernavaca por el Partido Movimiento Ciudadano- asegura que no hay inconformidad para una reforma de este tipo por parte de los alcaldes, sobre todo dice, de quiénes reciben ministraciones pero por otro lado, decidieron contravenir ante la federación la determinación financiera aprobada por la mayoría del pleno legislativo.

Por cierto, el panista Óscar Cano Mondragón, es el mismo personaje que recientemente aprobó junto con varios de sus iguales, vía fast track la pensión del 75% en favor de su exjefe, Alejandro Villarreal, quien lo hizo Subsecretario de Ingresos; el problema es que le dieron luz verde si cumplió con todos los requisitos para ello, la crítica en este sentido es porque hay decenas de personas que durante años están a la espera de que salga su pensión o jubilación de solamente unos cuantos miles de pesos, y aquí se vio un tráfico de influencias para lograr ese objetivo y favorecer al exfuncionario panista que hoy goza de una abultada jubilación mientras que cientos de hombres y mujeres de la tercera edad, siguen haciendo antesala y padeciendo el viacrucis que es les aprueben su solicitud para obtener lo que por ley les corresponde.

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