La sociedad de los POETAS EBRIOS - Aeropuerto, narcos, elecciones

Es delicado abordar el tema del narco. El gobernador Blanco se refirió esta semana a los narcopolíticos quienes, dijo, andan ya buscando cargos públicos, bien atentos y anotados para las delicadas elecciones de este año (estatal y federal). No quiso dar nombres, lamentablemente. Algunos maliciosos aseguran que un BLANCO SEGURO de esta dedicatoria es alguien de apellidos Alonso Gutiérrez (ataque ni nuevo ni sorprendente). Pero sería UNA TREMENDA INCONGRUENCIA que el mandatario ubicara al edil de Yautepec entre esos malosos, cuando el pasado 10 de febrero, su gobierno ANUNCIÓ QUE TRABAJARÍA DE CERCA CON ESTE PERSONAJE, apenas nombrado titular del Idefomm, y saturó a los medios con fotos y video del encuentro entre Pablo Ojeda y el permanentemente perseguido desde Palacio de Gobierno.

En materia de narco, UN PUNTO CANDENTE en Morelos, en cuanto a la presencia y el funcionamiento de los señores de esa industria, es y ha sido siempre el AEROPUERTO MARIANO MATAMOROS, incorrectamente llamado de Cuernavaca (está en Temixco).

Ojalá que el problema único fuera el del nombre. El último escándalo del narcojet, supuestamente robado (a decir de la inverosímil versión oficial), en una instalación con vigilancia militar, es una simple pieza más para documentar nuestra maliciosa sospecha de que dicho puerto funge y ha fungido como un lugar estratégico para quienes, en Morelos, mueven el negocio ilegal más lucrativo. Lo que, quizá, usted no sabe, gentil lector, es que:

COMIENZAN A CAER CABEZAS

Gracias a una filtración proveniente de la federación, como parte de la investigación FRV01/2111/2020, se sabe que la cabeza principal aeroportuaria en septiembre pasado, cuando ahí se escenificó la histórica “pérdida”, fue removido ya de su cargo, a raíz justamente del escándalo del narcojet.

El flujo informativo es extraño, pues hay que recordar que el Matamoros de Cuernavaca, en Temixco, ES ADMINISTRADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, según recordó y aclaró la Agencia Federal de Aviación Civil, luego de ese penoso y lamentable hecho, cuando acá, la autoridad trató de deslindarse de responsabilidad ante lo sucedido.

Aquí nada se ha dicho, pero filtrada desde alguna alta fuente militar, hoy se sabe que Misael Álvarez Díaz, la principal cabeza en esa pista en Temixco cuando se llevaron el jet que acabó estrellado en Guatemala, FUE YA CESADO, mientras se llevan adelante las pesquisas, por parte de la Fiscalía General de la República. No se sabe a este punto, siquiera, si el gobierno del estado, supuesto administrador, sea coadyuvante en las indagatorias.

El sustituto del cesado y sospechoso se llama Armando Subirats Simón, exdirector de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien presuntamente es un alfil de toda la confianza en la 4T.

Subirats Simón será una pieza fundamental para intentar saber QUIÉNES más, entre el personal, TRABAJAN PARA LOS MALOS, según lo que poco a poco está comenzando a descubrir la FGR, que giró su atenta mirada hacia ese punto en Temixco, luego del increíble robo del jet Hacker 800 XB-PYZ, en el más reciente septiembre.

Por si alguien mantiene alguna duda sobre el sello en el giro de quienes "se robaron" esa aeronave, puede recordarse que aquélla voló a Venezuela, donde se abasteció de armas y droga y, tras ello, emprendió vuelo hacia nuestra vecina Guatemala, donde se estrelló (cuando, aparentemente, al piloto le fallaron las maniobras de aterrizaje en la incómoda pista clandestina donde fue encontrado el ilegal cargamento y los restos de los tripulantes). 

Algo PREOCUPANTE, y que sólo puede manejarse al momento como parte de la información filtrada, es que el jet aterrizó en el Mariano Matamoros poco más de un mes antes del "robo", el 10 de agosto traía:

POLÍTICOS DE MORELOS

Se señala que "al parecer", los viajeros entonces del narcojet ERAN 4 POLÍTICOS DE MORELOS, dos elementos de tripulación y una aeromoza (ojo, no son éstos los que se estrellaron). Ahí es donde coinciden, aunque sea de lejos, el señalamiento del gobernador Cuauhtémoc y la indagatoria de la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, para fundamentar la RELACIÓN ENTRE GENTE DE LA POLACA LOCAL Y EL NARCOTRÁFICO. Un gran pero es que, tanto el director despedido como otro personal que sigue "trabajando" en el aeropuerto, NO PUDIERON (O QUISIERON) PROPORCIONAR LOS NOMBRES DE QUIENES VIAJABAN EN EL JET, un mes después, convertido en cenizas. 

Extrañamente, la identidad de esos cuatro políticos tampoco los conoce International Corporate and Cargo Service ICCS, la firma que tenía a la aeronave a su resguardo. Hay que recordar que el presunto dueño de la nave siniestrada, supuesta víctima de robo, es alguien de nombre Rafael Ríos Camacho, quien no se ha presentado a plantear reclamo.

Lo único que la Fiscalía de Gertz Manero, con apoyo de autoridades en Venezuela y Cuba, logró saber es la identidad de los 3 tripulantes que "se llevaron" el I-IAWKER 800 del aeropuerto "de Cuernavaca", el 22 de septiembre del 2020: Juan Carlos Fernández, José Eduardo Vargas y Alberto Martínez. Sobre ellos, se asegura que, en esa fecha, se identificaron como mecánicos ante los elementos de la Guardia Nacional, sedicentes encargados del filtro de seguridad de la terminal aérea quienes, INGENUOS, LES CREYERON TODO, y permitieron el acceso así no más.

Otro nombre que ya se ventiló fue el de Marcos Ramírez, oficial de operaciones, de ICCS. Ese individuo, se dice, solicitó 2 mil 500 litros de turbosina a Aeropuertos y Servicios Auxiliares después de las 10:00 horas ese 22 de septiembre, cargo pagado con 2 tarjetas bancarias. Fue el tal Ramírez quien dio la autorización a los "ladrones aéreos" de encender los motores, y éstos condujeron la aeronave hasta la pista, la cual despegó “sin autorización”.

En fin. No nos sorprende que los señores del narco anden moviéndose por acá, ni que la autoridad que dice conoccer algunos nombres PREFIERA DEJAR PASAR TODO. Tampoco hay esperanza que LOS BUROCRATIZADOS INE E IMPEPAC mantengan alguna intención de fiscalizar e investigar a candidatos, pese a que legalmente están obligados.