Observador político - Morelos: La fábrica de partidos y la simulación democrática

En Morelos, el calendario político no se detiene ni en tiempos de aparente calma y por tanto, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) ha dado luz verde a siete organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos estatales. A primera vista, este proceso podría parecer una muestra de pluralidad democrática, pero si miramos con más profundidad, lo que se revela es una preocupante dinámica de simulación, oportunismo y reciclaje político.

BUSCAN CONVERTIRSE 7 EN PARTIDOS POLÍTICOS.- Las organizaciones en cuestión como son: Redes Sociales Progresistas, Bienestar Ciudadano, Social Demócrata de Morelos, Primavera Morelense, Liderazgo Morelos, Sociedad Progresista de Morelos y Partido Popular, buscan cumplir con los requisitos mínimos para obtener el registro formal. Requisitos que incluyen la realización de asambleas en los distritos y municipios del estado, así como la recolección de un número específico de afiliaciones. Nada de esto, sin embargo, garantiza que estas agrupaciones representen realmente una alternativa política seria o, mucho menos, transformadora.

Tomemos el ejemplo de Redes Sociales Progresistas (RSP): un remanente del proyecto político de Elba Esther Gordillo, que ya fracasó a nivel nacional en 2021 por falta de respaldo ciudadano; su resurgimiento en Morelos no es más que una operación de supervivencia política que se aferra a las estructuras clientelares locales. O por ejemplo, otro caso, el de Bienestar Ciudadano, que lidera las asambleas en cuanto a número, pero cuyo discurso, enfocado en la "participación ciudadana", parece más un eco vacío que una propuesta concreta de cambio.

La pregunta de fondo es: ¿qué representan estas organizaciones? ¿Responden realmente a causas populares, a demandas ciudadanas genuinas, o son más bien vehículos de reciclaje de élites políticas locales que buscan seguir accediendo al financiamiento público y las cuotas de poder?

Por tanto, la multiplicación de partidos no significa mayor democracia, si detrás no hay una transformación real del modelo político, por lo que estamos viendo en Morelos es una burocracia electoral que facilita la creación de partidos sin criterios de contenido ideológico, sin evaluación social y sin una lectura clara del hartazgo de la población ante una clase política que solo se disfraza de nueva.

RECURSOS OFENSIVOS A PARTIDOS.- Porque mientras estas agrupaciones organizan sus asambleas, el Impepac ya contempla otorgarles, a partir de julio del próximo año, prerrogativas económicas de hasta 350 mil pesos mensuales, extraídos del mismo fondo que financia a los partidos tradicionales. Es decir, se socializan los recursos públicos para sostener estructuras partidistas muchas veces sin legitimidad, mientras se privatizan los beneficios políticos.

Por si fuera poco, este panorama se desarrolla mientras se prepara una inédita elección judicial en 2027, para la cual el Impepac también ya solicitó presupuesto. Pero hasta ahora, no existe legislación secundaria ni claridad en el diseño institucional, y mucho menos una voluntad real del Congreso estatal para avanzar en una reforma profunda; por lo que se repite así el viejo patrón de improvisación y opacidad que caracteriza a las instituciones morelenses.

CHOFERES BAJO FUEGO.- Mientras los funcionarios viajan en Suburbans blindadas y hablan de “pacificación” desde cómodas oficinas con aire acondicionado, los choferes del transporte público -esos que sostienen la movilidad diaria de miles de trabajadores- siguen operando bajo amenazas, extorsiones y fuego.

Un personaje que no se ha cansado de denunciar es Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT), quien incluso, reveló lo que ya es un secreto a voces: el transporte público en México opera bajo el yugo de la delincuencia organizada. No sólo los concesionarios, también los choferes, esos obreros del volante que arrancan el día a las 4 de la mañana, enfrentan cada jornada con el riesgo latente de ser asaltados, extorsionados o incluso quemados vivos en sus propias unidades.

Y es ahí donde debe actuar el Estado, y cumplir con esa "transformación" que prometía acabar con la violencia estructural, con la corrupción y con la impunidad, al tiempo de bien utilizar a las fuerzas armadas para que se desplieguen en las zonas y focos rojos, dejando de lado el estar cuidando las refinerías, trenes turísticos o eventos deportivos, puesto que las colonias populares siguen siendo tierra de nadie.

Empero, un llamado a que el Ejército y la Guardia Nacional resguarden las rutas de transporte público no es una solución ideal, es una medida desesperada ante el vacío institucional y por ello es inaceptable que en plena crisis de violencia, el gobierno siga negando una estrategia de seguridad con enfoque social y comunitario.

En lugar de garantizar condiciones dignas para operadores y usuarios, el Estado parece apostar al desgaste: que los choferes se armen, se defiendan solos, que la violencia escale, que la responsabilidad se diluya y como siempre, los de abajo cargan con la peor parte.

El transporte público, lejos de ser un “servicio”, es una trinchera donde se libra a diario la lucha por la supervivencia. Y mientras tanto, los gobiernos —municipales, estatales y federal— siguen optando por discursos huecos y abrazos vacíos. La extorsión a los choferes no es un problema aislado: es una muestra más del pacto no escrito entre poder y crimen, entre olvido institucional y violencia sistémica.

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