Observador político - Las nostalgias del poder de Gamboa Olea en el TSJ

Mientras los tribunales de justicia en Morelos colapsan en eficiencia, confianza y legitimidad, hay un sector dentro del poder judicial que parece más preocupado por mantener privilegios que por impartir justicia. En el fondo de esta crisis institucional —que ha colocado al estado en el vergonzoso último lugar nacional en materia de impartición de justicia— se asoma el rostro de una figura que se resiste a perder poder: Luis Jorge Gamboa Olea.

EL OCASO DE LA JUSTICIA EN MORELOS.- Su destitución legal y legítima como presidente del Tribunal Superior de Justicia debería haber significado el fin de su ejercicio formal del cargo. Sin embargo, al mejor estilo de los caciques modernos, Gamboa Olea continúa operando como si nada hubiese cambiado. Usa las instalaciones, las camionetas blindadas, el personal y los recursos del poder judicial como si aún estuviera al mando. Una demostración clara de que para algunos, la silla del poder no es una responsabilidad institucional, sino una extensión de sus ambiciones personales.

Este comportamiento no es nuevo. Gamboa Olea intentó colocarse como titular de la Fiscalía Anticorrupción, fracasando en su intento, pero no por falta de ganas. También planeaba una especie de despedida fastuosa como presidente del Tribunal, una celebración más digna de un jefe de Estado que de un servidor público en un estado con crisis económica, instituciones debilitadas y una población que espera justicia, no espectáculos. Invitaciones a funcionarios de otros estados, regalos, decoraciones, todo con cargo al erario. ¿Dónde quedó la austeridad? ¿Dónde quedó el compromiso con un pueblo que apenas sobrevive entre carencias?

En una sesión plagada de tensiones, opacidad y arrogancia, se negó incluso a ceder su lugar al nuevo presidente, el magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa. Se negó a levantarse para permitir la transición, violando los protocolos básicos de respeto institucional. ¿Qué más podemos esperar de un poder judicial en el que se normaliza el desdén por la ley desde sus más altos cargos?

La elección del nuevo o la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia se ha convertido en una batalla campal entre bloques de poder, donde lo que menos importa es la justicia. Hay quienes aseguran que el principal obstáculo es una moneda de cambio: que el o la futura titular se comprometa a no revisar las cuentas de Gamboa Olea, a archivar las auditorías, a dejar intactos los rastros del posible saqueo. No se elige a quien mejor pueda dignificar el sistema judicial, sino a quien esté dispuesto a garantizar impunidad.

Este no es un conflicto de egos solamente. Es la evidencia de un sistema judicial secuestrado por las ambiciones políticas y económicas de unos cuantos. Es el retrato de una élite judicial que sigue operando como si los cargos públicos fueran propiedad privada. Y mientras tanto, los ciudadanos de Morelos siguen esperando justicia: para sus desaparecidos, para los que no tienen acceso a un juicio justo, para los que ven cómo se pierde su patrimonio sin que nadie los escuche.

La izquierda no puede —ni debe— guardar silencio frente a estos atropellos. Porque un poder judicial corrupto, cooptado y cínico es también una amenaza para cualquier proyecto de transformación real. La justicia no puede estar al servicio de los intereses personales, ni puede seguir siendo un botín para los nostálgicos del poder.

SE AFERRAN AL BLINDAJE DEL PJ.- Mientras el país se hunde en desigualdades que no ceden y el pueblo sigue exigiendo justicia real, no de escritorio, en Morelos asistimos a una tragicomedia protagonizada por quienes han convertido al Poder Judicial en una fortaleza de privilegios blindados.

Un ejemplo de lo antes dicho es el magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, quien a pesar de haber dejado el cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se aferra con uñas legales al uso de oficinas, camionetas blindadas y al personal oficial, con el argumento de que aún no hay a quién hacer entrega formal de estos bienes.

Aquí no se discute la legalidad del resguardo, aunque cabría preguntarse si esa "custodia" incluye seguir usando chofer y despacho climatizado mientras afuera la justicia se administra en juzgados colapsados y con personal precarizado.

Lo que está en juego es mucho más profundo: ¿quién rinde cuentas en un poder históricamente opaco, elitista y ajeno al escrutinio ciudadano?

Gamboa Olea invoca la Ley de Entrega-Recepción como si fuera un acto de responsabilidad institucional, pero omite lo esencial: la legitimidad política de continuar beneficiándose de los recursos públicos mientras se resiste a una reforma que busca precisamente democratizar y transparentar ese mismo poder.

Si el magistrado ya no ostenta el cargo, ¿por qué el empeño en seguir operando como si lo hiciera?

Más aún, su negativa a ceder el espacio simboliza un viejo régimen que se niega a morir, donde la casta judicial se ha blindado contra los cambios, mientras el pueblo carga con la lentitud, el clasismo y la corrupción que desde hace décadas pudren los cimientos del sistema.

No nos dejemos engañar con tecnicismos legales, aquí lo que vemos es la típica estrategia de quienes han hecho del aparato institucional su feudo personal y por ello, estiran los plazos, apelan a formalismos, y a deslegitimar todo intento de reforma como si la crítica fuera sinónimo de ignorancia.

El Poder Judicial necesita una transformación profunda que acabe con sus privilegios, lo sujete al control democrático y lo vuelva accesible para quienes hoy son desoídos; lo que sucede en Morelos es una alerta: las élites judiciales no entregarán sus espacios sin resistencia. Pero la justicia popular, la que se construye desde abajo, ya no puede esperar más.

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