Repaso - En torno a la compra de mobiliario escolar

En mi comentario anterior, me referí a la presunta adquisición fraudulenta de mobiliario escolar por parte del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), asunto que alarmó al director general, Eliacín Salgado de la Paz, quien considero como falso de toda falsedad el señalamiento en su contra por parte de quienes me hicieron llegar la información en la que se le cuestionaba.

De acuerdo con la información oficial que recibí, aún sin documento alguno que me permita constatarlo, la compra es real y realizada con estricto apego a la normatividad en la materia.

En palabras de la contadora Laura Elena Romero Pérez, directora de Administración, el recurso estaba etiquetado dentro de presupuesto estatal del año pasado, bajo el rubro “Equipamiento escolar” y la fecha límite para ejercerlo era el 31 de diciembre. De no hacerlo, se me dice, el recurso se perdería y tendría que ser devuelto. Estoy hablando de 11 millones 350 mil pesos, con los cuales se beneficiará a cerca de 50 escuelas de prescolar, primaria y secundaria. En total se adquirieron 10 mil 300 piezas de mobiliario, que habrán de entregarse en tres exhibiciones semanales, a partir del próximo 6 de febrero.

Si así ocurre, se nulificaría la versión que comenté el martes pasado, en el sentido de que la compra era simulada y el destino de ese dinero era incierto.

Las suspicacias sobre el proceso de asignación también fue un elemento de análisis. Se me llegó a comentar que deliberadamente se "tiró" una licitación para darle paso a lo que se llama asignación directa.

¿Qué ocurrió en ese sentido, desde la versión oficial que me fue explicada? Inicialmente concursaron aproximadamente 10 empresas proveedoras, ninguna de las cuales satisfizo los criterios de calidad que se requerían, lo que determinó que el referido proceso de licitación a la que se había convocado, fue declarado desierto el 18 de diciembre del 2020, por parte del Comité para el Control de Adquisiciones, en tanto que sus integrantes observaron que “los concursantes no cumplían con los requerimientos técnicos y administrativos solicitados...".

En consecuencia, explicó la contadora Romero Pérez, se debieron buscar otros procedimientos legales para la adquisición del referido mobiliario, concluyendo en la decisión de realizarla mediante la compra directa.

Para ese efecto se recibieron varias propuestas, hasta que finalmente decidieron contratar los servicios de la empresa Comerxi Abastecedora, S.A. de C.V. Este último dato lo obtuve mediante una búsqueda en Internet, en donde sólo se especificaba que dicha empresa se constituyó en enero del 2017. No hubo más, ni siquiera el domicilio de la empresa, que de acuerdo con la contadora Laura Elena Romero, cumplió con todos los requisitos que se le exigieron.

Hubiera sido deseable poder consultar el documento mediante el cual se explica el fallo final para declarar desierto el proceso de licitación, pero no fue posible. Del mismo modo, no pude tener acceso al documento presuntamente emitido por la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos (DGPAC), que es la instancia que tiene entre sus funciones “vigilar que se promuevan criterios de honestidad, responsabilidad, imparcialidad y equidad”. El aval de la DGPAC es fundamental para brindar certidumbre sobre el apego de las instituciones a los criterios de ley que deben sustentar el desempeño oficial en la contratación de servicios.

Espero estar en posibilidades de tener acceso al documento respectivo, pues supongo que en él se especifican incluso las características de las empresas contratadas, como en este caso se debió hacer para la compra del mobiliario escolar.

En fin, con estos comentarios cumplo con exponer el argumento de la autoridad educativa, como lo hice con los puntos de vista de quienes interpretaron en este asunto un acto de desviación de recursos. Sea el amable lector quien contraste los argumentos para que emita su propia apreciación sobre el desempeño de las autoridades del IEBEM. Al final de cuentas lo importante es tener la certidumbre de que los recursos púbicos sean empleados con probidad y atingencia.

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