Observador político - Inaceptable, el desmantelamiento la Comisión de Femicidios por el Congreso

En los últimos años, los municipios de Morelos se han visto sumidos en una espiral de violencia, marcada por un aterrador aumento en los índices de asesinatos y feminicidios. En medio de esta cruda realidad, la Legislatura LV tomó una decisión alarmante y regresiva al eliminar la Comisión de Feminicidios, un esfuerzo esperanzador para abordar específicamente esta problemática.

OSCURO RETROCESO.- La génesis de esta comisión se remonta al trágico caso de Ariadna Fernanda, la joven cuya muerte desató una serie de controversias entre la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México. Mientras la primera argumentaba una causa de broncoaspiración etílica, la segunda sostenía la tesis del feminicidio; este caso, tan solo es la punta del iceberg, fue un llamado de atención que llevó a la creación de una entidad especializada para abordar los feminicidios de manera más específica.

Otro suceso que motivó la creación de la Comisión fue el brutal asesinato de la exdiputada Gabriela Marín, víctima de un ataque armado en Cuernavaca; hasta el momento, no se ha logrado detener a ningún responsable, ya sea autor intelectual o material. Los señalamientos, incluso, apuntaban hacia algunos integrantes del Congreso del estado, luego de las declaraciones del fiscal Uriel Carmona, quien sugirió que la ejecución podría tener motivaciones políticas, dejaron entrever la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva.

La eliminación de la Comisión de Feminicidios por parte de la Legislatura LV es un acto que socava los esfuerzos para abordar la violencia de género en Morelos; en lugar de fortalecer las instituciones dedicadas a proteger a las mujeres, los legisladores han optado por desmantelar un instrumento esencial en la lucha contra la impunidad y la injusticia.

Esta decisión deja al descubierto la falta de compromiso por parte de los diputados hacia la seguridad y el bienestar de las mujeres en el estado; en un momento en que la sociedad demanda medidas más enérgicas contra la violencia de género, la Legislatura LV ha optado por dar un paso atrás, desvaneciendo la esperanza de justicia para las víctimas y sus familias. ¿Y los colectivos? ¿Los grupos de feministas? ¿Se les informó? ¿Tomaron en cuenta a algún grupo de la sociedad? Y la respuesta es negativa, les hicieron un vació y un feo porque sin ningún motivo, decidieron desaparecerla.

Por ello, es imperativo que la ciudadanía exija respuestas a sus representantes. ¿Cómo es posible que, en medio de una crisis de violencia de género, se elimine una entidad dedicada específicamente a abordar este problema? La respuesta a esta pregunta revelará mucho sobre las verdaderas prioridades de nuestros legisladores y su compromiso con la seguridad y la igualdad de género.

LA IMPUNIDAD Y EL CLAMOR CIUDADANO POR JUSTICIA.- En el tejido social de Morelos, la crudeza de la violencia se ha arraigado de manera inadmisible, desafiando los llamados de la sociedad que clama por paz, justicia y el castigo ejemplar a los criminales. Sin embargo, el estado se sumerge en una preocupante espiral delictiva, sin que las autoridades gubernamentales asuman la responsabilidad que la ciudadanía merece.

Resulta inaceptable que, a pesar de la magnitud de los crímenes, la respuesta de las autoridades sea tan escasa; más aún, cuando Morelos, hoy, se encuentra entre las entidades más inseguras de México, con un acceso a la justicia que se desploma hasta el último lugar a nivel nacional, acompañado de una impunidad que estrangula cualquier esperanza de rendición de cuentas.

Sobre esto, la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, con datos impactantes, revela que Morelos ostenta el primer lugar en feminicidios a nivel nacional, superando incluso a zonas que históricamente han sido conocidas por la crudeza de estos delitos, como Ciudad Juárez; este es solo un capítulo en el trágico libro de la violencia en la región, donde los homicidios dolosos, el robo de vehículos y motocicletas han catapultado a la entidad a una nada envidiable posición de liderazgo.

Es especialmente alarmante observar cómo la violencia se intensifica en pleno proceso electoral. La ciudadanía, atemorizada, exige respuestas, mientras los colectivos y grupos no gubernamentales se levantan ante la indiferencia gubernamental. Mientras que en Cuernavaca, el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, parece ignorar los crímenes que suceden bajo su supuesta jurisdicción, revelando una desgarradora falta de compromiso y responsabilidad ante la seguridad ciudadana.

En el tercer lugar nacional de homicidios dolosos, la tierra de Emiliano Zapata se enfrenta a una violencia desbordante; la región oriente y sur, pero al mismo tiempo la zona metropolitana, azotada con particular ferocidad, ve incluso a sus líderes amenazados de muerte. Aunque el alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, asegura mantenerse firme y comprometido con sus responsabilidades, las amenazas de la delincuencia pintan un sombrío panorama.

Paralelamente, la organización "México Evalúa" revela que el acceso a la justicia en Morelos es un desastre, tanto la Comisión Estatal de Seguridad Pública como la Fiscalía General del Estado han sido señaladas por sus deficiencias; la sobrecarga de trabajo en el Poder Judicial y otras instancias impide el cumplimiento eficaz de sus funciones, dejando a la ciudadanía en un estado de desamparo legal.

En medio de esta crisis, es imperativo que las autoridades asuman su papel, abandonen la indiferencia y respondan con acciones concretas; más cuando la población de Morelos merece vivir sin miedo, y la justicia debe ser una realidad, no una ilusión distante. La sociedad no solo exige, sino que necesita, un cambio inmediato y efectivo.

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