Observador político - Frankenstein, los Yáñez y el IMIPE

Una de las peores, si no es que la peor legislatura de Morelos fue la LIII, sí la que autorizó créditos millonarios al exgobernador perredista Graco Luis Ramírez Garrido Abreu -y quien endeudó a Morelos-; pero además, ampliaron de 14 a 20 años el periodo de magistrados del TSJ aunque al final se los revocó la SCJN, aunado al saqueo financiero que hicieron para ellos los diputados sin dejar de lado los beneficios familiares al aprovechar sus cargos para colocar a parientes en posiciones clave como lo hicieron en la ESAF y el IMIPE.

LA AMBICIÓN DESMEDIDA.- La obsesión ofensiva por el dinero así como por el poder político y los cargos dentro de la administración pública que tienen los diputados locales en Morelos, salvo sus honrosas excepciones, han contribuido al deterioro y freno en el desarrollo económico, político y social del estado pero sobre todo de aquellos que, imponen a personas que no tienen el perfil, la calidad moral ni ética para desempeñar un cargo público porque  lo único que les interesa es sangrar al erario sin ofrecer ni dar nada a cambio, tal como ocurre con la imposición que hicieron Julio y Roberto Yáñez Moreno de su señor padre cuando el primero, fue diputado de la Legislatura LIII y el segundo, esposo de Marguis del Rayo, legisladora que sigue siendo cuestionada por la forma tan abrupta en cómo llegó a ocupar la curul en esta LV y de la cual su consorte, había dejado el cargo al que llegó tras la muerte de su tío Juan José Yáñez Vázquez, sin tampoco importarle la doble moral por autodeclararse integrante de la comunidad lésbico gay.

Entre los acuerdos de los integrantes de la Legislatura LIII fue que a Julio Yáñez Moreno le tocaría designar a un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (EMIPE) para un periodo de siete años y, el segundo, el exdiputado Mario Chávez Ortega. El primero se decantó por su padre, Roberto Yáñez Vázquez quien reconoció que no pudo encontrar mejor propuesta por encima de los cientos de especialistas en el tema de la transparencia, y pese a qué, el ahora comisionado no tenía idea (y sigue igual) de lo que es la transparencia por ser médico de profesión. El segundo, el nieto del ex gobernador Lauro Ortega Martínez respaldó a Marco Antonio Alvear Sánchez, quien a la postre integró a la esposa de Mario Ortega, en la nómina del IMIPE. ¡Acuerdos son acuerdos!

Los Yáñez, quienes al parecer todavía siguen en la mira tras las diferentes líneas de investigación que lleva la Fiscalía General de Justicia, tras el asesinato de la diputada local del Partido Morelos Progresa, Gabriela Marín, no les importa que hayan creado un Frankenstein, porque al final son parte de lo mismo.

¿DESVIO DE RECURSOS?.-  A unos días de concluir su trienio los diputados de la Legislatura LIII generaron las condiciones para designar a los dos comisionados del IMIPE, espacios que crearon exprofeso para colocar a sus familiares en estos puestos públicos sin importarles en lo absoluto no tener el perfil ni la capacidad para desempeñar el cargo y pese a que, sus sucesores los de la LIV habían anulado los nombramientos de Roberto Yáñez Vázquez, padre del exdiputado del PSD, Julio Yáñez Moreno así como de Marco Antonio Alvear Sánchez, quien fue asesor del legislador Mario Chávez Ortega, una determinación judicial los regresó a sus cargos tras haber ganado el amparo de la restitución de su cargo obtenido de forma cuestionada el 26 de octubre del 2020 por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa en Cuernavaca.

Sin embargo, el médico hoy metido en la nómina del IMIPE en calidad de comisionado sin tener los mínimos elementos del cargo que ocupa, aprovecha la infraestructura, personal y dinero del órgano de transparencia para sus fines y proyectos personales, debido a que ese ha sido siempre su modus operandi, tal y como lo hizo en el pasado cuando fue regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la administración de Manuel Martínez Garrigós, donde utilizaba patrullas como servicio de taxi las 24 horas del día para su uso personal, además de los desayunos, comidas y cenas que desde la comuna le llevaban a las personas que laboraban en su casa, sin importarles que esos alimentos eran para los guardianes del orden, tan solo porque era el presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento capitalino en la administración 2009-2011.

Roberto Yáñez Vázquez, en noviembre del año pasado hizo un reconocimiento a los excombatientes del escuadrón 201 (donde asegura estuvo su padre), donde por cierto estuvo acompañado del presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, militares y representantes del del Congreso local entre ellos la difunta diputada Gabriela Marín, organizaciones deportivas, bandas de guerra y personal del instituto de transparencia a los que literalmente obligó a asistir, al igual que lo hizo con sus iguales que ocurrió con los comisionados del IMIPE, sin importarle en lo absoluto que nada tenía que ver el evento con la transparencia, la rendición de cuentas y mucho menos, la protección de datos personales.

Por lo tanto, todo hace indicar que el comisionado de marras utiliza al personal para sus fines personales desviándolos de sus actividades ajenas al instituto provocando una descarada desviación de recursos de una institución pública, con la complacencia y sometimiento no solo del presidente del IMIPE, Marco Antonio Alvear Sánchez sino de todos los integrantes quienes se han vuelto cómplices al hacer caso omiso al no denunciar estas irregularidades ante las instancias competentes, y solamente dedicándose a cobrar su salario superior a los 70 mil pesos mensuales.

Yáñez Vázquez es un personaje nefasto con ínfulas de poder, puesto que hace y deshace todo lo que le viene en gana sin importar que sus actuaciones estén al margen de la Ley e incluso, sean violatorios de la normatividad del IMIPE, principalmente porque se siente todo poderoso porque se  ampara con la protección que le brinda su hijo Roberto Yáñez a través de su esposa la parlamentaria Marguis del Rayo, quien forma parte del G15 y cuya protección es garantía de todo, incluso, de la posibilidad de frenar las investigaciones -al menos en esta legislatura- en torno al asesinato de la diputada Gabriela Marín.

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