Observador político - ¿Auditoría a la Legislatura 55 del Congreso?

En México, y particularmente en Morelos, el derroche y la corrupción en el manejo del dinero público han alcanzado niveles alarmantes; este problema se manifiesta de manera cruda y evidente en la reciente actuación de la última legislatura estatal. Mientras la población sufre las consecuencias de la inseguridad y la falta de justicia, algunos políticos se han dedicado a enriquecerse a costa del erario, dejando un rastro de desconfianza y corrupción que aún persiste.

El Escándalo del Congreso.- Un claro ejemplo de este saqueo institucional es el uso del presupuesto por parte de los legisladores de la pasada administración. Sobre todo, en el año de “Hidalgo”, en el que se autoaprobaron 580 millones de pesos, dejando un saldo de alrededor de 165 millones. Esto significa que en apenas ocho meses, desembolsaron más de 400 millones de pesos sin rendir cuentas sobre su destino. Esta falta de transparencia y responsabilidad es alarmante, especialmente cuando consideramos los rumores sobre la venta de magistraturas y otros actos corruptos que fueron denunciados sin que se tomara acción alguna.

La reciente decisión de la diputada Jazmín Solano, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, de realizar una auditoría a la gestión de Francisco Sánchez Zavala, no debería ser vista como una acción extraordinaria, sino como una obligación legal. El Congreso, en un sexenio que se ha enorgullecido de promover la austeridad, no puede ser ajeno a estos principios, la actual legislatura, mayoritariamente morenista, tiene la responsabilidad de adherirse a la política de austeridad promovida por Andrés Manuel López Obrador y, en breve, por Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, el compromiso con la austeridad parece ser selectivo y aunque se anuncia que el presupuesto para el próximo año no incrementará, se propone una reasignación de recursos hacia actividades culturales, talleres y capacitaciones. Esta reorientación del gasto podría ser una maniobra para ocultar la falta de claridad en el uso del dinero público; en lugar de hacer una revisión exhaustiva del manejo de los fondos anteriores, se sugiere un presupuesto estático con propuestas de actividades que podrían ser utilizadas para justificar gastos no aprobados.

Es fundamental que la auditoría que se avecina no sea una simple formalidad, sino una herramienta eficaz para esclarecer el destino del dinero público y responsabilizar a los involucrados. La falta de avances concretos en esta área, y la solicitud de una prórroga para la entrega de la propuesta presupuestal, reflejan una preocupante falta de urgencia y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

EXHORBITANTE LA LIQUIDACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS EN MORELOS.- La reciente revelación de Luis Jorge Gamboa Olea, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, acerca de la exorbitante cifra de mil 700 millones de pesos necesarios para la liquidación de más de 60 jueces y 22 magistrados, nos enfrenta a una cruda realidad. Esta cifra pone de manifiesto no solo el elevado costo de la reforma al Poder Judicial, sino también las profundas implicaciones financieras y operativas que conlleva.

La noticia de que cada juez y magistrado podría recibir alrededor de 20 millones de pesos (más los togados que los jueces- en liquidación es un reflejo más de cómo los recursos públicos pueden ser gestionados con una falta de transparencia y responsabilidad. Mientras las necesidades fundamentales de la ciudadanía, como la seguridad, la educación y la salud, enfrentan recortes y deficiencias, parece que se prioriza la protección y el enriquecimiento de una élite judicial.

La reforma, recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras su paso por las Cámaras de Diputados y Senadores, está diseñada para reestructurar el Poder Judicial, sin embargo, este proceso de reestructuración tiene un costo extremadamente alto, y la falta de recursos para su ejecución es preocupante. El presidente del TSJ señaló que no hay fondos disponibles ni para las pensiones ni para las liquidaciones, lo que implica que el gobierno deberá gestionar urgentemente recursos adicionales en el paquete económico del próximo año. Este retraso en la asignación de recursos podría tener un impacto negativo en la infraestructura judicial y en el crecimiento de los servicios.

¿PARALIZACIÓN EN EL TSJ? Luis Jorge Gamboa Olea también advirtió que la falta de recursos podría llevar a una paralización en el crecimiento de la infraestructura judicial, impidiendo la apertura de nuevos juzgados y la contratación de personal adicional. Este estancamiento no solo afecta a la eficiencia del sistema judicial, sino que también puede agravar el rezago en la atención de casos y la administración de justicia, ya que se mantiene una estructura obsoleta e ineficiente.

Además, el hecho de que el fondo auxiliar no pueda ser utilizado para las liquidaciones, dado que está etiquetado para otros fines, resalta una vez más la falta de flexibilidad en la gestión financiera del Poder Judicial; la incapacidad de recurrir a este fondo añade otra capa de complejidad a una situación ya de por sí crítica.

Es particularmente notable que, en lugar de plantear soluciones viables o explorar alternativas para mitigar el impacto económico de la reforma, las autoridades judiciales parecen optar por minimizar la crisis, sugiriendo que no habrá un impacto significativo en la justicia misma, sino más bien en las finanzas y en la falta de crecimiento en infraestructura. Esta postura, sin embargo, ignora las reales implicaciones de una reestructuración que podría dejar al sistema judicial aún más rezagado y menos capaz de enfrentar los desafíos contemporáneos.

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