Escala de Grises - Falla de Estado
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos
Paula Josette Arizona, una joven de 23 años, acudió al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 2 en Sonora para una visita conyugal con un preso al que, según las declaraciones, había conocido por Facebook. El reloj marcaba las seis de la tarde cuando la joven ingresó al Cereso sin mostrar identificación o documento alguno.
La única prueba de que se encontraba en el lugar era su nombre dentro del registro de visitas del 14 de enero de 2024. Después de un par de horas, Carlos Alexis Romero reportó a los guardias un supuesto desmayo. De acuerdo con información publicada por El País, no había personal de salud disponible para atender la emergencia.
Paula fue trasladada en una camioneta al Hospital General de Hermosillo por órdenes del subcomandante a cargo. Según los registros del hospital, el ingreso de la joven fue a las 10:42 p.m. A partir de ese momento, personal especializado intentó reanimarla.
A pesar de la reanimación cardiopulmonar, las dosis de adrenalina y naloxona que le administraron (en caso de que se tratara de una sobredosis), Paula no respondió y su muerte fue declarada siete minutos después de haber ingresado al hospital. El 15 de enero, la noticia llegó a su madre.
El Instituto Forense de Hermosillo se comunicó con Briceida Arizona para solicitarle que identificara el cuerpo de su hija. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, la causa de muerte fue un infarto fulminante. Sin embargo, la familia de Paula y los abogados que asesoran a Briceida exigen que su muerte sea investigada como un asesinato.
Y es que el cuerpo de la joven presenta lesiones que se han pasado por alto, igual que la forma en la que sucedieron los hechos. A pesar de lo sospechosa que resulta la muerte de Paula, las autoridades ni siquiera han abordado el caso con perspectiva de género. ¿Cuáles son las razones para no investigarlo como un feminicidio?
Las irregularidades en el caso son evidentes desde el primer momento y las preguntas, como siempre, abundan. ¿Por qué un hombre preso tenía acceso a un dispositivo móvil con aplicaciones como Facebook para poder contactar a Paula? ¿Por qué Paula pudo ingresar al Cereso sin presentar una identificación oficial?
¿Cualquier persona puede acceder a visitas conyugales, a pesar de que no tenga relación formal alguna con los presos? ¿Por qué ningún personal de salud estaba disponible para atender emergencias tan graves como un infarto? ¿Por qué Paula no fue trasladada en una ambulancia al hospital?
¿Por qué la madre de Paula no ha recibido los objetos personales que su hija llevaba ese 14 de enero? ¿Por qué no le han permitido ver el cuerpo? ¿Por qué una mujer pudo perder la vida bajo supuesta vigilancia del Estado? Y sobre todo, ¿por qué nadie se hace responsable de lo ocurrido?
Hasta el momento en que se redactó esta columna, siete personas habían sido imputadas y todas estaban libres bajo fianza. La negligencia del estado es innegable, no sólo por desamparar a la joven dentro de un Centro de Reinserción Social, sino también por no brindarle los servicios médicos que requería en su momento y, por supuesto, por dejar la impunidad presente en su expediente.
Nos queda claro que la violencia de género en México es un problema sistemático que ha estado presente desde hace décadas y que sigue incrementándose con el paso del tiempo, igual que la ausencia de justicia. Y, a pesar de ello, las estrategias y protocolos por parte de las autoridades continúan siendo deficientes. ¿Hasta cuándo?
El Estado está claramente rebasado por las consecuencias de su constante negación. Los once feminicidios que ocurren cada día deberían ser suficiente justificación para abordar el “infarto fulminante” de Paula con perspectiva de género? ¿El pésimo funcionamiento del sistema penitenciario puede pasarse por alto cuando las consecuencias son, literalmente, mortales?
Exigir justicia para Paula no se “reduce” únicamente a un caso de posible feminicidio, implica mucho más. Es exigir el funcionamiento correcto de los Centros de Reinserción Social, eliminar la corrupción del sistema, destinar recursos suficientes para capacitar al personal y a las autoridades responsables de abordar temas similares y, sobre todo, invertir esfuerzos para que una situación similar no se vuelva a repetir.
Nunca más:
@Arendy_Avalos en X y Threads
